6to Informe de Monitoreo de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública: Retrocesos y Dificultades

Es de grato placer para nosotros compartir en el día de hoy los resultados del 6to Informe del Observatorio Ciudadano a la Implementación de la Ley General de Libre Acceso a la Información, estudio realizado con la finalidad de determinar el grado de aplicación y cumplimiento de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública No. 200-04, en las instituciones destinatarias de fondos públicos.

A ocho (8) años de promulgada esta Ley y su Reglamento de Aplicación, desde nuestra organización hemos presentado seis (6) informes de monitoreo, con el objetivo  de promover y optimizar los niveles de implementación de la Ley, fortalecer las estructuras y procedimientos que garantizan el acceso a la información pública, impulsar una nueva cultura de transparencia en el Estado Dominicano,  apoyar la erradicación de la cultura del secreto, el  autoritarismo y la discrecionalidad y democratizar los poderes públicos.

A través de estos informes se da a conocer  el nivel de aplicación de esta normativa por un conjunto de instituciones públicas, enfocándose: primero, en  el desempeño particular de cada una y, segundo,  mostrando un panorama general del derecho a acceder a la información en República Dominicana.

El 6to Informe del Observatorio de Implementación de la Ley de Acceso la Información Pública, que hoy presentamos, es de carácter descriptivo. En su elaboración se utilizaron  técnicas cuantitativas y cualitativas, se levantó información sobre el contenido de los portales electrónicos de las entidades monitoreadas para constatar la existencia de la información relevante que garantice la transparencia y la rendición de cuentas. Adicionalmente se depositaron un promedio de seis solicitudes de información en cada una de las instituciones incluidas.

Para este informe de monitoreo, se han considerado cincuenta y dos (52) entidades públicas, las cuales fueron seleccionadas principalmente por la relevancia de sus funciones y por ser las que tienen mayor participación en el presupuesto de la nación.

Principales Hallazgos.

A ocho años de promulgada la Ley 200-04, el nivel de discrecionalidad en relación a las estadísticas institucionales es elevado. Sólo en el 54%, de los portales electrónicos de las entidades evaluadas se constató la publicación de las estadísticas institucionales.

Al comparar los resultados arrojados por las distintas evaluaciones realizadas por Participación Ciudadana, en los  años 2009, 2011 y 2012, se comprobó que en términos de publicación del presupuesto por parte de las entidades públicas en sus portales electrónicos, el avance ha sido lento y poco significativo. Para este año 2012 el nivel de  cumplimiento en la publicación del presupuesto  disminuyó. Se registró que el 56% de las entidades públicas evaluadas publicaron su presupuesto en sus portales electrónicos.  Sin embargo, sobre la ejecución del presupuesto, sólo en el 58% de las entidades públicas se verificó la presentación de la ejecución presupuestaria, por lo menos, al primer cuatrimestre del año 2012.

Del conjunto de solicitudes de información emitidas el 47% no fueron respondidas; calificando la no respuesta en lo que es denominado como “silencio administrativo”. De las solicitudes que fueron respondidas, el  4% lo hicieron fuera de los plazos establecidos y un 11% de las respuestas fueron remitidas incompletas, en transgresión a la Ley 200-04.

En el 62% de las instituciones evaluadas  se pudo verificar la publicación de un listado de proveedores en sus respectivos portales electrónicos. En cuanto a las convocatorias a concursos, en el 67% de los portales electrónicos de las entidades públicas  se constató la publicación de concursos realizados en el periodo. Los pliegos y los términos de referencias de los concursos son puestos a disposición de la ciudadanía,  en  un 65% del total de entidades evaluadas. En el 60%  de los casos pudo ser verificada la presentación de los resultados de las convocatorias en los portales electrónicos de las entidades evaluadas.

Ranking del Cumplimiento a la Aplicación de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública No 200-04.

A partir de las puntuaciones obtenidas por las entidades evaluadas se han clasificado las instituciones de acuerdo al grado de aplicación de la ley, en categoría “A” han obtenido una puntuación entre el rango “90 a 100”.

Las que se ubican en el parámetro “80 a 89.9” han sido clasificadas en categoría  “B”, indicando un nivel de aplicación satisfactorio; el intervalo que comprende las puntuaciones “70 a 79.9” está en la categoría “C”, indicando que medianamente se cumple con lo que exige la Ley General de Acceso a la Información Pública.

Las instituciones que están comprendidas en el rango  “60 a 69.9” pertenecen a la categoría de aplicación “D”;  en tanto que, las instituciones que obtuvieron puntuaciones en el rango de “50 a 59.9” puntos se encuentran en la categoría “E”, y  finalmente, las que  obtuvieron puntuación por debajo de “50” se encuentra en la categoría “F”. Estas últimas categorías significan un escaso o casi nulo cumplimiento de la Ley 200-04.