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Ministro de Administración Pública promueve pacto contra la cultura clientelar

Santo Domingo.-  Al dictar la conferencia “Avances y Desafíos en la Administración Pública”. el ministro Darío Castillo Lugo, se pronunció a favor de un Pacto entre las direcciones de los partidos políticos con representación en el Congreso Nacional, por la Institucionalidad y la Profesionalización que erradiqué el principio del clientelismo, el botín político y de la corrupción, que proclama “Hice campaña y no me resuelven” y que acaba de segar la vida a un gran dominicano y excelente funcionario público.  

La disertación del ministro tuvo lugar durante el Seminario sobre avances en la Administración Pública en los últimos 10 años, realizado en el marco del cierre del Proyecto Administración Pública Inclusiva, el cual forma parte del Programa de Apoyo a la Reforma de la Administración Pública (PARAP II), que cuenta con el financiamiento de la Unión Europea, y que viene ejecutando Participación Ciudadana, Ciudad Alternativa y Fundación Solidaridad, hace más de 3 años.  

El seminario tuvo por objetivo conocer desde diferentes enfoques, los avances y desafíos que se han generado a partir de las reformas normativas que se han realizado en los últimos años en la administración pública, y como estas han mejorado la calidad y efectividad de los servicios públicos como garantía de derechos.  

En ese sentido, el ministro de Administración Pública destacó como avances concretos la aprobación, mediante el decreto 149-21, del Plan General de Reforma y Modernización de la Administración Pública y la promulgación, en agosto del año pasado de la Ley 167-21 sobre Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites.  

De su lado, Joseph Abreu, Coordinador General de Participación Ciudadana, al introducir el seminario, externó que la política clientelar es el principal obstáculo que impide que se consolide el objetivo principal de la función pública: que quienes la conforman sean profesionales de la carrera administrativa. 

Desde la Unión Europea, Katja Afheldt, Embajadora de la Unión Europea en República Dominicana, indicó que la sociedad civil ejerce un rol clave en la vigilancia de los procesos de fortalecimiento de la administración pública, siendo éste fundamental para cumplir con las expectativas de la ciudadanía de que sus derechos fundamentales sean protegidos y garantizados.  

“Me complace constatar que la Unión Europea ha sido un aliado clave para el país a lo largo de 3 décadas de trabajo conjunto con el sector público y la sociedad civil, en favor de la reforma y modernización de la administración pública en República Dominicana”, concluyó la Embajadora Afheldt .   

Una década de experiencias 

El seminario contó con dos paneles. El primero sobre Avances en la reforma de la administración pública en los últimos 10 años y el segundo sobre Mejora en la calidad de los servicios públicos versus Mejora en la calidad de vida de los ciudadanos/as.  

En el primero, Miosotis Rivas Peña, directora general de la Oficina Nacional de Estadística, indició que en la administración pública hay muchos avances en materia institucional, y de camino al censo; sin embargo, no existen hasta el momento estadísticas oficiales que reflejen la satisfacción de los usuarios con la administración pública. 

Por su parte, Gregorio de Jesús Montero Montero, Viceministro de Reforma y Modernización del Estado, del MAP, destacó la importancia de la calidad en el dato para poder tomar decisiones certeras y diseñar políticas públicas. Mostró como un avance el SIGEF, por lo que implica en materia de información y transparencia. Como desafío el tema del enfoque transformacional y el cambio de cultura estructural en el Estado. 

Mientras que Leidy Blanco, excoordinadora de Participación Ciudadana, identificó como un mal de la administración pública, la duplicidad de funciones que se da debido al amiguismo y a la concepción clientelar del Estado. También mostró como desafío el tema de que no hay sinergia, explicando que el problema es que las instituciones tienen equipos diferentes, en algunos casos muy técnicos, y en otros muy de servicio, generando que no puedan comprenderse. 

En el segundo panel, Julio Corral, consultor, habló de la importancia de establecer la naturaleza de las instituciones, para así poder evaluar los servicios que prestan. Se refirió también a la necesidad de identificar qué medir y cómo medirlo, pues no todas las personas requieren el mismo tipo de servicio. 

De su lado, Guadalupe Valdez, exdiputada, se refirió a que los avances tecnológicos no tienen sentido si no están al servicio de la ciudadanía y recalcó el tema de la equidad, no solo en el acceso a la información, sino también en el derecho a recibir atención, y cómo el Estado debe garantizar estos derechos a todas las poblaciones, incluyendo las vulnerabilidades. 

Finalmente, Juan Castillo, director ejecutivo de la Fundación Solidaridad, destacó la importancia que tiene el conocimiento y actualización de los marcos jurídicos referentes a la administración pública para la puesta en marcha de cualquier estrategia que procure el desarrollo social sostenible. 

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