Los protocolos de actuación en la prevención y persecución del delito limitan la discrecionalidad policial y garantizan la responsabilidad e igualdad en el cumplimiento de la Ley. En el ejercicio de estas labores la Policía Nacional debe respetar la vida, la libertad y la integridad personal sin infligir trato cruel, inhumano o degradante a los ciudadanos. Para ello, los Estados han de contar con sistemas independientes e imparciales de control interno y externo para prevenir, denunciar y sancionar los abusos de autoridad cometidos por los miembros de la institución policial.