Manifiesto por un Tribunal Constitucional que garantice la consecución de un Estado Social Democrático y de Derechos
Desde la Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI-Altas Cortes), coalición de sociedad civil compuesta por el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), Participación Ciudadana (PC), Fundación Friedrich Elbert (FES), Foro Ciudadano, y el Decanato de Ciencias Sociales y Humanidades del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), hemos unido esfuerzos con el interés de velar por un proceso de selección de las personas que integrarán las Altas Cortes, que sea apegado a la transparencia, al fortalecimiento institucional y a la equidad, con el que se materialice la consecución de un Estado Social, Democrático y de Derechos. Por lo que aprovechamos la ocasión para demandar que en este proceso venidero impere la independencia e imparcialidad en la selección de 5 integrantes que renovarán la matrícula del Tribunal Constitucional; y que toda la ciudadanía preste atención a este proceso de conformación, ya que el mismo constituye una columna indispensable para garantizar el fortalecimiento de la democracia.
El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) se presta a evaluar en vistas públicas a 115 personas postulantes que fueron preseleccionadas y tiene la obligación de determinar con anticipación los criterios de idoneidad que servirán para evaluarlas.
Desde la Red, estamos sometiendo a la consideración del CNM una propuesta metodológica para la evaluación en la que se combine el desempeño profesional (la formación profesional, la experiencia y trayectoria personal, la experiencia académica y la perspectiva los aportes a las ciencias jurídicas, la independencia e imparcialidad y la conciencia ética) y la perspectiva jurídico-administrativa (visión jurídica y plan de acción). Esta herramienta será útil para establecer criterios de idoneidad que favorezcan a la selección de personas independientes, capacitadas, con vasta experiencia en materia constitucional; personas de coraje, con alto sentido de justicia, razonamiento jurídico, expresión escrita, que tenga consciencia del impacto e influencia de sus decisiones; pero, sobretodo, con la voluntad y el fiel compromiso de salvaguardar e impulsar los derechos humanos fundamentales y con la defensa del orden constitucional.
Resaltamos que estos criterios no son exclusivos de personas postulantes provenientes del Poder Judicial, o con experiencias previas en altas cortes. La sociedad dominicana cuenta con una comunidad jurídica compuesta por personas con perfiles que satisfacen aquellos criterios de idoneidad e independencia, con experiencia en la academia, ajenas a la política-partidaria, comprometidas con la justicia social, con los derechos humanos fundamentales y con una trayectoria de ejercicio ético de la profesión, por lo que hacemos énfasis en la necesidad de equilibrar el acceso a la carrera constitucional eligiendo personas con experiencias diversas en el quehacer jurídico, pues esto enriquece el rol de la justicia constitucional.
Rechazamos cualquier acción que trate de violentar el principio fundamental de igualdad, que se recurra a prácticas malsanas pero normalizadas que buscan seleccionar tras vestidores personas favorecidas de manera anticipada sobre la base de la repartición y no del mérito. Toda selección debe evitar que la política, el clientelismo e intereses particulares alcancen al órgano supremo de la interpretación y control de la constitucionalidad. De no ser así, la Constitución será solo un pedazo de papel.
El Presidente Luis Abinader, quien preside el Consejo Nacional de la Magistratura, junto a todas las personas que lo conforman, están en la obligación de abrir los espacios hacia mayor equidad. La ausencia de paridad en la conformación actual del Tribunal Constitucional es cuestionable, si se hace un análisis desde el propio texto constitucional. Es imposible que el órgano que garantice la consecución de un Estado Social, Democrático y de Derechos, que procure la igualdad y equidad, no sea ejemplo de ello. El Tribunal Constitucional, en su mayoría, está integrado por hombres (3 mujeres y 10 hombres). Por lo que demandamos que en esta nueva selección se equilibre con la selección de mujeres que cumplan con todos los criterios de idoneidad antes mencionados para, de esta manera, ir caminando hacia la igualdad real.
Entendemos que la publicidad y la transparencia de este proceso son herramientas fundamentales para asegurar la idoneidad, la independencia y la legitimidad de las personas que resulten seleccionadas. Por lo que demandamos también el cumplimiento de lo establecido en el artículo 13 párrafo II del Reglamento del Consejo Nacional de la Magistratura, donde establece que se habilitará un portal electrónico para publicar la información institucional y las actas de sesiones, así como los documentos e informes que se genere durante la convocatoria para fines de consultas de los interesados. Hasta la fecha, ese mandato del reglamento no se ha cumplido, por lo que desde esta Red de Observadores de las Altas Cortes, aspiramos a un ejercicio en el cual la información oportuna es clave para lograr superar aquellas prácticas que atentan contra la transparencia, las cuales deslegitiman el propio proceso de selección.
Reiteramos el llamado a la ciudadanía, a los medios de comunicación, a las entidades de la sociedad civil, a los partidos políticos y a todos, sin distinción, a prestar atención a la selección de quienes integrarán el Tribunal Constitucional, pues estas personas marcarán el futuro de la democracia y la garantía de derechos en la República Dominicana.
Leído el 9 de noviembre de 2023.
