Participación Ciudadana apoya los trabajos de la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República

Reclaman protección para sus miembros y solicitan aprobar ley que fortalezca su rol

Santo Domingo, República Dominicana. Participación Ciudadana ha estado dando seguimiento a los trabajos que realiza la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, gracias a las demandas que contra cuatro de sus miembros han sido interpuestas ante el Tribunal Superior Administrativo, con la clara finalidad de frenar sus esfuerzos de investigación, sobre todo en el caso del Ministerio de Hacienda, que se encuentra en proceso de investigación por parte del Ministerio Público, y que desde ya se menciona como uno de los casos más grandes de corrupción en toda la historia de la República Dominicana, involucrando decenas de miles de millones de pesos.

La intención de detener los trabajos que realiza esta Unidad se revela claramente cuando se embargan las cuentas bancarias de sus investigadores y se le somete a todo tipo de presión judicial, pretendiendo rendirlos por la asfixia económica que provoca la inmovilización de sus ahorros y los gastos y honorarios que deberán emplear en su defensa, que esperamos estén siendo cubiertos por la Contraloría General de la República.

La Constitución de la República asigna a la Contraloría General de la República el rol de “rector del control interno”, debiendo ejercer “la fiscalización interna y la evaluación del debido recaudo, manejo, uso e inversión de los recursos públicos”.

Al pasar todos los egresos públicos por las manos de la Contraloría General de la República, resultaba indispensable la creación de una unidad antifraude, como la que ya finalmente existe, y ahora queda pendiente darle la importancia que tiene, aumentando su personal especializado, pues actualmente ronda la exigua nómina de 20 personas para el volumen de información que deben analizar en su objetivo de identificar los fraudes y apoderar al Ministerio Público de los hallazgos, para que éste pueda cumplir su rol de investigación  y persecución con mayor eficacia, sometiendo a los responsables de estafar al Estado y desfalcar los recursos públicos.

Resultaría letal para los esfuerzos anticorrupción que se utilice el mecanismo de atacar personalmente a los funcionarios públicos que con valentía han decidido no detenerse en su responsabilidad de proteger los recursos públicos y exponer a los corruptos, tanto del sector público como del privado. Estos funcionarios merecen el respaldo de la sociedad, a la que convocamos a esos fines.

Durante la gestión pasada, pero sobre todo en el período de transición, para colmo recortado por la pandemia, hubo personeros que, en contubernio con funcionarios públicos, se dedicaron a identificar a todo aquel que había sido objeto de alguna expropiación por parte del Estado y no había sido pagado, para prometerle obtener el pago, siempre y cuando se despojaran de porcentajes que iban desde el 10% al 60%, y en algunos casos estos fondos fueron retenidos en su totalidad por los que servían de intermediarios en este mega fraude. Más de diez mil millones de pesos se pagaron bajo esas condiciones sólo en los 41 días del período de transición y no se sabe aún desde cuándo operaba esta mafia y a cuánto asciende el monto total defraudado.

El Estado dominicano, lamentablemente mal pagador, creó las condiciones para que, en una alianza público-privada, pero de criminales, se perjudicara dos veces a los que, en muchos casos, pero no en todos, eran legítimos acreedores del Estado, que primero sufrieron el paso de largos años sin recibir lo que se les debía, y, para colmo, al final tuvieron que aceptar unos descuentos groseros pero no para beneficio del Estado sino de aquellos que urdieron este fraude.

Muchos de estos pagos salieron del Ministerio de Hacienda sin cumplir los procesos administrativos correspondientes, posiblemente por la prisa ante el cambio de gobierno, levantando alertas que fueron ignoradas hasta que esta Unidad Antifraude detectó las irregularidades y rindió un informe que ha sido atacado judicialmente por lo peligroso que es para los responsables de estos hechos delictivos, pues revelaba incluso pagos multimillonarios a personas que hoy siguen viviendo en absoluta pobreza, lo que demuestra que el dinero fue desviado a los bolsillos de los corruptos.

Hasta ahora la información que existe proviene principalmente de los operadores de este sistema fraudulento, que, en su intento por callar a los investigadores, han elevado instancias a los tribunales, que permitieron llegar a algunos de los informes rendidos. Pero este caso, como otros, está siendo investigado por el Ministerio Público.

Participación Ciudadana, al igual que la sociedad, espera con paciencia que las investigaciones concluyan y se presente acusación contra los responsables señalados por las pruebas, y solo entonces se podrá conocer la dimensión de lo ocurrido y dejaremos de ver sólo la punta del iceberg.

Mientras tanto, debemos seguir fortaleciendo los órganos de control, tanto externos como internos, así como al Ministerio Público, con recursos indispensables para que estos órganos puedan tener equipos especializados, con uso de tecnología de punta, que permitan volver a tener la esperanza de que la lucha contra la corrupción y la impunidad sea cada vez más eficaz, y podamos realmente avanzar en el Índice de Percepción de la Corrupción que divulga cada año Transparencia Internacional.

7 de febrero del 2023