Un llamado a las fuerzas democráticas del país: Ante una avalancha de abusos de poder

Las organizaciones firmantes expresan su profunda preocupación y rechazo ante lo que parece ser una avalancha de abusos de poder que se están cometiendo en el país, impulsada por sectores gubernamentales y del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). En la medida en que se acerca el proceso electoral, el país ha visto multiplicarse expresiones de poder que son propias de los regímenes dictatoriales y que están causando un profundo daño a la democracia dominicana.

1. La Ley de Partidos ha sido, no sólo ignorada, sino violada en numerosos artículos, sobre todo los relacionados con el control de las campañas a destiempo, el uso de recursos del Estado, la transparencia y el control del financiamiento. El país está agobiado por la lucha interna del partido en el poder y varios candidatos de ese partido han desafiado al organismo electoral, a la Ley 33-18 y a un país que requiere institucionalidad, respeto y moderación.

2. La Ley del Consejo Nacional de la Magistratura fue violada abiertamente en todo lo que se refiere a las condiciones para la sustitución de jueces de la Suprema Corte y el nombramiento de nuevos. No se produjo la evaluación, no se dio a conocer sobre qué base se sustituyeron o ratificaron los jueces evaluados y una vez más se designaron directivos del partido en el poder para esa delicada función. El tratamiento del que fue objeto la magistrada Miriam Germán, no sólo pasa a los anales de la vergüenza nacional, sino que sienta un precedente funesto y envía un mensaje a todo el sistema judicial y, en especial a las Altas Cortes, sobre lo que le puede pasar a quien se atreva a actuar de manera independiente y responsable.

3. El más reciente abuso son las presiones que ha recibido el Tribunal Superior Electoral por una decisión sobre el Partido Revolucionario Dominicano. Es inaceptable que el Presidente de este tribunal fuera llamado a los despachos del Procurador General y del Ministro de Defensa, que se le retirara la escolta, que recibiera presiones de varios funcionarios del gobierno y que fuera amenazado con un juicio político en represalia por una decisión que está plenamente dentro de sus funciones y cuya discusión corresponde al ámbito de los organismos que contempla la Constitución.

4. Los desafíos de sectores del PLD a la Junta Central Electoral, al negarse a cumplir con la Ley de Partidos y, más recientemente, presionar para que no se ejecute la separación de la elección de senadores y diputados, conjuntamente con las amenazas a tres miembros del TSE, presagian un proceso electoral caracterizado por fuertes tensiones e intentos de debilitar a esos organismos y torcer su necesaria imparcialidad.

5. Las presiones y persecuciones a las que están sometidos los medios de comunicación y los periodistas para que se sometan a los dictados que se les envían desde el Palacio Nacional, han llegado a niveles que el país había superado al final de la década de los 70. No se trata solamente de asfixiar económicamente a todo el que se atreva a disentir, sino también de corromper y destruir uno de los pilares fundamentales de la democracia, que es la libertad de expresión.

6. La creación de campañas de difamación y extorsión a través de las redes, la intervención telefónica y el espionaje contra personas seleccionadas por sectores del poder, por diferentes razones, es otra situación frente a la que no podemos guardar silencio. El caso de la magistrada Miriam Germán es un ejemplo, pero no el único de lo que se está haciendo desde el poder para perseguir, chantajear y coaccionar a favor de los intereses del grupo en el poder.

7. La campaña reeleccionista que han puesto en marcha los funcionarios gubernamentales y sectores del PLD, ignorando la prohibición constitucional y el amplio rechazo a una nueva modificación de la carta magna con el único objetivo de perpetuar un grupo en el poder, se presenta en esta ocasión con características más agresivas que nunca, apoyada en el control de una gran diversidad de instituciones y en enormes recursos económicos producto del largo ejercicio del poder.

8. Además, expresamos nuestra preocupación por los altos niveles de inseguridad y ver cómo nos convertimos en una ciudad insegura, violenta, con ejecución extrajudiciales sin consecuencia, todo esto agudizado por la situación de los desalojos forzosos que se registran en todo el país.

Reiteramos una vez más nuestro compromiso inquebrantable con el impulso de las reformas legales e institucionales, procurando que los sectores de la vida social, política, económica y cultural del país, sumemos esfuerzos para detener las intenciones y prácticas que ponen en peligro el débil sistema democrático

Organizaciones firmantes: