Acusaciones contra Félix Bautista obligan juicio de fondo objetivo, imparcial y transparente, rodeado de garantías procesales, oportunidad de que la Justicia dominicana fortalezca su credibilidad
Los gravísimos hechos y circunstancias presentados por el Procurador General de la República en la acusación contra el senador Félix Bautista ante la Suprema Corte de Justicia, obligan a un juicio de fondo para que sean conocidos de forma pública, oral y contradictoria y establecer la veracidad de los hechos imputados.
Las cifras mencionadas en la acusación y requerimiento de apertura a juicio convierten el presente caso en uno de los más relevantes jamás conocidos en la historia judicial de la República Dominicana, solo comparable a los casos de los fraudes bancarios del año 2003, con el agravante que el presente caso ha sido perpetrado a la sombra del erario público.
La Suprema Corte de Justicia está en la obligación de esclarecer este caso con una decisión independiente e imparcial, sobre los hechos denunciados por la más alta autoridad del Ministerio Público, sobre todo cuando se trata de que una sola persona haya sido favorecida con contratos de obras públicas y otras facilidades cuyos montos son ascendentes a más de catorce mil millones de pesos y diez y seis millones de dólares, mientras otra persona depositara en bancos, en un solo año, la suma de dos mil quinientos ochenta y siete millones de pesos y setenta y cuatro millones de dólares, y una tercera realizaba adquisiciones por valor de cuarenta millones de dólares, sin contar la adquisición de un lujoso jet privado, operaciones todas vinculadas, de acuerdo con la acusación, al senador Félix Bautista.
Se trata de un expediente que contiene certificaciones emitidas por la Dirección General de Impuestos Internos, que demuestran que las personas que realizaron todas las operaciones denunciadas no reportaban la mayoría de ellas a las autoridades fiscales, por lo que no pagaban los impuestos correspondientes. Otras pruebas depositadas son certificaciones de otras entidades públicas como la Superintendencia de Bancos, la Dirección General de Migración, el Instituto Dominicano de Aviación Civil, Oficialías del Estado Civil, Registro Mercantil, así como estudios periciales y pruebas testimoniales
Para Participación Ciudadana, el proceso que se abre ante la Suprema Corte de Justicia debe estar rodeado de todas las garantías, no solo a favor de los imputados sino por igual para el Ministerio Público que, en cumplimiento de su deber, ha decidido romper con la impunidad que ha favorecido el crecimiento de la corrupción en el país, y ha presentado acusación contra un senador de la República, ex Sub Director y ex Director de la Oficina Coordinadora y Fiscalizadora de Obras del Estado, ex Director de la Oficina Supervisora de Ingenieros de Obras del Estado (OISOE) con rango de Secretario de Estado y Secretario de Organización del partido oficial, por más de diez años.
Alertamos a la ciudadanía sobre una campaña iniciada contra el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, que sin lugar a dudas busca separarlo del cargo, lo que de ocurrir, sería un nefasto atentado contra la independencia funcional del Ministerio Público, e impediría que en lo adelante otros miembros de ese órgano del sistema de justicia, investiguen a personas influyentes y de poder político.
Participación Ciudadana siempre ha abogado por un sistema de justicia en el que el Procurador General de la República no forme parte del Gabinete del Presidente de la República, a fin de que pueda actuar con total independencia, aunque el modelo escogido ha sido el que excluye al Procurador General de la Carrera del Ministerio Público, quedando su nombramiento y cancelación a merced de un decreto del Poder Ejecutivo. Resulta sorprendente que se pida la destitución de Domínguez Brito bajo el débil argumento de que ha realizado actividades partidarias, cuando tradicionalmente en esa posición se ha designado a prominentes miembros de partidos políticos. Asumimos que Domínguez Brito se separará del cargo voluntariamente, en caso de que decida aspirar a una posición electiva en las próximas elecciones.
Esperamos que la Suprema Corte de Justicia actúe con total independencia, comenzando por el recién designado Juez de la Instrucción, el cual tiene antecedentes de haber sido funcionario público del mismo partido del principal imputado. Advertimos que la justicia dominicana se juega su credibilidad y legitimidad en este caso.
Finalmente, hacemos un llamado a la ciudadanía a que se mantenga vigilante y nos comprometemos a diseñar un proyecto de veeduría que dé seguimiento al proceso penal, produciendo informes periódicos que puedan ser colocados en nuestra página web para la divulgación y conocimiento de los interesados en la lucha contra la corrupción y la impunidad.
Consejo Nacional
Octubre 29, 2014
