Carta abierta al Presidente Danilo Medina al cumplir la mitad de su mandato presidencial: seguridad ciudadana y reforma policial, hora de cumplir las promesas
Señor Presidente:
Me dirijo a usted en ocasión de la celebración de la mitad de su mandato como Presidente de la República Dominicana para compartir el análisis de Amnistía Internacional respecto a la política de su gobierno en materia de seguridad ciudadana y derechos humanos, y solicitar que las reformas en este ámbito se cumplan de manera rápida y efectiva.
Frente a la crisis de seguridad pública que enfrenta el país, usted expresó durante su campaña electoral un fuerte compromiso de intervención en este ámbito. Dado el sentimiento generalizado de inseguridad en el país, su elección despertó la expectativa de una gran parte de la población de que finalmente se brindarían soluciones concretas a este problema de interés nacional.
Sin embargo, nuestra organización quisiera expresarle nuestra preocupación en relación a la falta de avances significativos en materia de reforma de la Policía Nacional y de otras reformas en el ámbito de la seguridad pública. Amnistía Internacional considera que sin una fuerza policial eficaz y digna de confianza que respete los derechos humanos y esté sometida a supervisión efectiva, seguirán existiendo los obstáculos para prevenir y combatir la delincuencia.
Como sabe, en los últimos años Amnistía Internacional documentó preocupantes violaciones de derechos humanos por parte de la Policía Nacional, tal como homicidios ilegítimos, tortura u otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, desapariciones forzadas y arrestos arbitrarios. Muchos de estos casos se encuentran recogidos en nuestro informe “Cállate si no quieres que te matemos: violaciones de derechos humanos por la Policía en República Dominicana” , publicado en octubre de 2011. Como nuestro informe de 2011 concluía: “[…] en vez de contribuir a combatir la delincuencia, los métodos policiales de mano dura propician el aumento de la violencia y la criminalidad en República Dominicana”.
Desde entonces, nuestra organización ha estado abogando para una reforma integral de la Policía Nacional, siendo ésta una de las medidas cruciales para garantizar el respeto de los derechos humanos y brindar la protección necesaria frente a la violencia y la delincuencia.
A tal efecto, Amnistía Internacional acogió muy positivamente el hecho de que su programa de gobierno incluyera la necesidad de desarrollar programas para fortalecer el respeto a los Derechos Humanos y Ciudadanos, incluyendo por la Policía Nacional, y de diseñar e implementar una política de seguridad ciudadana. Igualmente, nuestra organización consideró muy alentador el compromiso de impulsar la reforma integral de la Policía Nacional que usted formuló en su discurso de toma de posesión y reiteró a nuestros delegados durante una reunión que sostuvo con ellos a finales de noviembre de 2012.
Este compromiso se concretizó efectivamente en mayo de 2013 cuando su gobierno introdujo al Congreso una propuesta de ley orgánica de la Policía Nacional, que presentaba avances significativos en comparación con un proyecto de ley anterior que había sido votado por el Senado en mayo de 2012. Entre los aspectos positivos del proyecto de ley que su gobierno presentó, Amnistía Internacional destacó el establecimiento de normas del uso de la fuerza y de las armas de fuego en línea con estándares internacionales y el fortalecimiento de mecanismos de control y de rendición de cuentas de la policía. Sin embargo, la organización enfatizó que algunos aspectos hubieran tenido que ser mejorados para asegurar que la Policía Nacional fuera una institución que respete los derechos humanos. Entre estos puntos, se destacó la necesidad de establecer la responsabilidad de los superiores jerárquicos y la responsabilidad civil de la policía como institución por las violaciones de derechos humanas cometidas por agentes de policía durante el desempeño de sus funciones.
A pesar de que usted presentó ese proyecto de ley en forma consensuada con varios grupos políticos y sectores interesados, y de que se nombrase una comisión bicameral para analizarlo, el proyecto todavía no ha sido aprobado por el Congreso.
La versión del proyecto de ley modificada por la Comisión bicameral, que Amnistía Internacional analizó en febrero de 2014, contenía algunos avances importantes, como el fortalecimiento del rol de control del Consejo Superior Policial y el reconocimiento de la responsabilidad civil de la Policía Nacional, como institución, y de los oficiales con funciones de dirección “por los daños y perjuicios ocasionados a personas físicas o jurídicas, por una actuación u omisión policial antijurídica” (artículo 150). Sin embargo, una falta de priorización de este proyecto en el Congreso y la emergencia de intereses contrarios han hecho que esta versión no fuera aprobada.
En noviembre de 2012, a conclusión de la reunión que sostuvieron con usted, nuestros delegados declararon que el gobierno dominicano tenía la “oportunidad histórica” de reformar profundamente la policía y terminar con las violaciones de derechos humanos cometidas por esta institución. Sin embargo, tenemos que constatar ahora que dos años han pasado desde su toma de posesión en el cargo sin que la anunciada y necesaria reforma integral de la Policía Nacional se haya concretizado, mientras que un número elevado de denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por la policía continua a ser recibido por nuestra organización y varias organizaciones dominicanas de derechos humanos.
Aunque el número de homicidios por parte de la policía en 2013 fue considerablemente más bajo que en años anteriores (169 homicidios según datos de la Procuraduría General de la República en 2013, comparado con 263 en 2012 y 289 en 2011), la tendencia para este año vuelve a ser en aumento. Según datos del Observatorio de Seguridad Ciudadana reportados en la prensa, 87 personas murieron a manos de la Policía Nacional entre enero y junio de 2014, comparados con 77 en el mismo período de 2013.
Entre estos casos se encuentran los de Walder Sánchez y Juan Carlos de la Cruz Adames, asesinados por la policía respectivamente el 30 y el 31 de mayo de 2014. La policía informó que ambos fallecieron en “intercambios de disparos” y que eran los presuntos responsables del asesinato de la segunda teniente de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET), Mercedes del Carmen Torres Báez, fallecida el 26 de mayo de 2014 en servicio. Los familiares de ambas víctimas declararon que habían hecho gestiones para entregar con vida a los imputados, pero éstos fueron asesinados antes de que esto fuera posible. Según testimonios recibidos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Wandy Sánchez fue asesinado por múltiples impactos de balas mientras se encontraba en una habitación en compañía de su novia, a pesar de que fuera desarmado y hubiera rogado que no lo mataran. Al parecer, al entrar en la casa donde se encontraba, la policía golpeó brutalmente a la dueña de la casa y la novia de Walder que estaba embarazada. Una investigación sobre este caso habría sido iniciada por la fiscalía de la Provincia de Santo Domingo.
Igualmente, Amnistía Internacional sigue recibiendo denuncias de torturas y malos tratos cometidas por la Policía Nacional. Por ejemplo, en abril de 2014,Luis Manuel Lember Martínez y Eduardo Luis Cruz declaran haber sido víctimas de torturas y malos tratos en la comisaría de policía de Los Rieles en Los Alcarrizos. Al parecer, fueron detenidos por agentes de policía el 12 abril de 2014 después de negarse a pagar un soborno. Según la información recibida, los dos fueron torturados durante dos horas bajo custodia policial y amenazados de muerte si lo denunciaban. Al parecer, los policías dispararon en la pierna a Luis Manuel Lember Martínez cuando se dirigían a la comisaría, y luego introdujeron un candado en la herida. Los dos hombres dijeron que les habían “golpeado brutalmente en las nalgas con un tablón, que les habían envuelto la cabeza con una bolsa negra y que les habían pegado en la cabeza, el brazo y el pecho.” Luis Manuel denunció asimismo que le habían dado descargas eléctricas en las piernas. Eduardo Luis Cruz dijo a Amnistía Internacional que le habían pegado con un tablón en los testículos y que habían colgado de ellos una botella de agua. Después de las denuncias de un familiar en los medios de comunicación, el 13 de abril los hombres fueron llevados a la comisaría de policía de Las Caobas y Luis Manuel Lember Martínez fue trasladado a un hospital. Al día siguiente los llevaron a la fiscalía de la Provincia de Santo Domingo, que ordenó su libertad inmediata por falta de pruebas, y abrió una investigación sobre las denuncias de torturas y malos tratos. Tres policías están actualmente detenidos con una medida de coerción de prisión preventiva.
Desafortunadamente, tampoco las alegaciones de desapariciones forzadas han terminado. En particular, según las informaciones recibidas, Amnistía Internacional teme que Randy Vizcaíno González, desaparecido desde el 13 de diciembre de 2013, pueda haber sido víctima de desaparición forzada por la Policía Nacional. Según sus familiares, ese día aproximadamente a las 11 de la noche, regresaba a su domicilio en motocicleta por la Autopista de Las Américas de Santo Domingo, acompañado por un amigo y dos de sus hijos, de cinco y seis años, cuando un vehículo de patrulla de la policía le ordenó detenerse, cosa que no hizo. Al parecer, los agentes dispararon dos veces sin herir a nadie y pidieron apoyo a la comisaría más cercana. Cuando los policías lograron que la motocicleta parara, Randy Vizcaíno González escapó huyendo, mientras los agentes golpeaban a su amigo delante de sus hijos. Después, los dos niños y el amigo fueron trasladados a la comisaría de Los Frailes II de Santo Domingo Este, donde vieron que Randy Vizcaíno González ya había sido detenido y estaba bajo custodia. Según contaron, su estado era malo y presentaba señales visibles de golpes. Por orden del comisario jefe, el amigo de Randy Vizcaíno González fue a llevar a los niños a su casa acompañado por un agente, que lo trajo de nuevo a la comisaría. Al llegar, se dio cuenta de que Randy Vizcaíno González ya no estaba allí. Los policías le dijeron que se había escapado. La defensora del pueblo visitó la comisaría para investigar la desaparición y el 2 de marzo comunicó al jefe de la policía nacional sus dudas sobre la credibilidad de tal fuga. También informó de que la comisaría no había registrado la detención de Randy Vizcaíno González, aunque había testigos que lo habían visto allí, y pidió a la policía que investigara su paradero.
Por lo que se refiere a la investigación de las alegaciones de violaciones de derechos humanos por la policía, reconocemos que el Procurador General de la República ha tomado posiciones claras en contra de los abusos por parte de la Policía Nacional, especialmente actos de tortura y otros malos tratos, y adoptado medidas para fortalecer la investigación, como por ejemplo la creación de la unidad de derechos humanos en la Procuraduría. Esto resultó por ejemplo en la re-apertura de la investigación sobre los homicidios por la policía de Cecilio Díazy William Checo, quienes habían sido acusados de ser involucrados en un secuestro de un joven y fueron matados el 10 de octubre de 2009. Como consecuencias, la Procuraduría presentó acusación en contra de cinco policías y un miembro de la Marina de Guerra en enero de 2013 y consecuentemente el tribunal de primera instancia ordenó la abertura del juicio de fondo.
Sin embargo, Amnistía Internacional no ha recibido ninguna respuesta de la Procuraduría de la República a sus múltiples solicitudes entre 2013 y 2014 de informaciones sobre la investigación de varias alegaciones de homicidios ilegítimos, torturas y malos tratos, y desapariciones forzadas. Entre los casos sobre los cuales se ha solicitado información, se encuentra la desaparición deJuan Almonte Herrera, quien fue visto por última vez el 28 de septiembre de 2009 bajo custodia policial. Se trata de un caso que ha provocado la movilización de activistas de Amnistía Internacional en distintos países desde varios años, quienes piden que se lleve a cabo una investigación completa e independiente sobre su desaparición. A pesar de que el Procurador y sus colaboradores se comprometieron varias veces con representantes de Amnistía Internacional y con familiares de Juan Almonte Herrera de investigar el caso, al aproximarse del quinto aniversario de su desaparición no se dispone de ninguna información que deje esperar que la investigación haya avanzado de manera significativa.
Igualmente, Amnistía Internacional quisiera destacar la falta de transparencia sobre el contenido y los resultados del Plan Nacional de Seguridad. Aunque este plan fue presentado de manera oficial el 20 de marzo de 2013 con una ceremonia que usted presidió, el documento ilustrativo del plan nunca ha sido publicado y el Ministerio de la Presidencia no ha contestado a nuestras repetidas solicitudes de obtener una copia de dicho plan. Igualmente, subrayamos que este plan ha sido elaborado sin la participación de las organizaciones dominicanas de derechos humanos que, por causa de esta falta de colaboración, acudieron a una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en marzo de 2013.
La única versión que nuestra organización ha podido leer fue obtenida en mayo de 2013 por una organización dominicana de la sociedad civil que lo solicitó en el marco de la ley de libre acceso a la información pública. Ese documento parecía extremamente limitado, ya que no especificaba ni la visión, ni la razón de base, ni el objetivo general del plan. Se trataba de una lista de intervenciones en varios ámbitos, como la reforma de la policía, la reforma del código penal y del código de procedimiento penal, el fortalecimiento de los mecanismos e instituciones de gestión del tráfico, el combate a la violencia de género. Por cada uno de estos sectores de intervención se habían listado actividades sin haber identificado los objetivos a alcanzar y los indicadores de cumplimiento, ni calculado el presupuesto.
Aunque reconocemos que algunos elementos del plan anunciados en la ceremonia de lanzamiento hayan sido implementados, como por ejemplo el establecimiento del Sistema Nacional de Atención a Emergencia y Seguridad 911 y la puesta en marcha del Observatorio de Seguridad Ciudadana, la falta de transparencia sobre el contenido del plan y sus indicadores de cumplimiento dificulta el trabajo de vigilancia de la sociedad civil y por último se traduce en una falta de rendición de cuentas por parte de las autoridades encargadas de implementar el plan.
Para concluir, queremos expresar nuestra satisfacción por el hecho que la República Dominicana haya aceptado la mayoría de las recomendaciones formuladas por varios Estados en el recién Examen Periódico Universal (EPU) de la República Dominicana en materia de erradicación de las violaciones de derechos humanos por la policía y de reforma de esa institución.
Por consiguiente, le instamos a hacer cumplir sin más tardar las siguientes recomendaciones, muchas de las cuales reflejan las que fueron acogidas a conclusión del EPU:
Transmitir un claro mensaje público a todos los agentes de policía, a saber, que los homicidios ilegítimos y los malos tratos de presuntos delincuentes son inaceptables y están estrictamente prohibidos en toda circunstancia; que se investigarán las denuncias de abusos, y que todos los autores serán llevados ante la justicia;
Garantizar que se investigan de forma independiente, pronta, exhaustiva e imparcial todos los casos de presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por la policía nacional y la plena reparación a todas las víctimas de esas violaciones;
Concebir e implementar una reforma efectiva y exhaustiva de la Policía Nacional basada en los derechos humanos para que esta se convierta en una institución que rinda cuentas ante la ley, el Estado y la opinión pública y que responda plenamente a las necesidades de la comunidad;
Asegurarse que la ley orgánica de policía respete los estándares internacionales en materia de derechos humanos, en particular los relativos al uso de la fuerza y de las armas de fuego, y haga referencia expresa a la responsabilidad civil del Estado y de la policía como institución por las violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de la Policía Nacional durante el desempeño de sus funciones oficiales o cuando ejerzan su autoridad como agentes encargados de hacer cumplir la ley;
Asegurarse que el Código Penal reformado incluya la tipificación del crimen de ejecución extra-judicial y de desaparición forzada. Este último debería ser tipificado según la definición contenida en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas;
Ratificar la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, la Convención y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, y el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes;
Publicar el documento ilustrativo del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y toda información relativa a la implementación del Plan; y asegurarse que este plan incluya claramente objetivos mensurables, productos, actividades e indicadores, incluidos los parámetros de referencia y las metas de dichos indicadores, un presupuesto, un calendario de actuación, los riesgos y las soluciones propuestas para superarlos;
Asegurarse que las organizaciones dominicanas de derechos humanos sean puestas en condición de participar de manera significativa a la formulación, la implementación y la vigilancia del Plan, y que las autoridades encargadas de la implementación del Plan rindan cuentas de sus actuaciones en este ámbito.
Agradeciéndole de antemano su atención, quedo a la espera de su respuesta a los asuntos planteados en esta carta y a las recomendaciones de Amnistía Internacional, y le comunico que haremos pública esta correspondencia en un espíritu de trasparencia y apertura de diálogo.
Cordialmente,
Erika Guevara Rosas
Directora para las Américas
Amnistia Internacional
http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR27/013/2014/es
