Clientelismo, tráfico de influencias y falta de institucionalidad impiden avances de la Administración Pública
Participación Ciudadana presentó hoy el primer monitoreo de aplicación de la Ley de Función Pública (41-08), en el cual se reconocen los evidentes esfuerzos realizados por el Ministerio de Administración Pública, a pesar de que la mayoría de entidades gubernamentales no cumplen los mandatos de la Ley de Función Pública (41-08) relacionados con contratación de personal, ingreso a la Carrera Administrativa, política salarial, capacitación, organización y transparencia de nómina.
Así lo revela el informe del primer Monitoreo de Aplicación de la Ley de Función Pública y su Reglamento, presentado hoy por Participación Ciudadana, en el cual se determinó que en los cinco años de vigencia de la normativa han sido incorporadas a la Carrera Administrativa 24 mil 283 mil personas, lo que, sumado a las incorporaciones hechas antes de la promulgación de la ley, apenas representa el 10% de la nómina pública, ascendente a 582 mil 625 servidores públicos.
El documento indica que desde 1995 hasta 2012 el promedio anual de integración a la Carrera Administrativa ha sido de 3,240 personas, por lo que harían falta otros 52 años para integrar al resto de la empleomanía gubernamental al régimen institucional dispuesto en una ley que ordena terminar este proceso en el 2016.
En el informe Participación Ciudadana resalta que, de acuerdo a los datos sobre incorporación a la Carrera Administrativa de servidores públicos, el 44.4% de los incorporados pertenecen a Carreras Especiales y principalmente a la Carrera Docente que representa el 93.2% del total de incorporados en este tipo de Carrera. El restante 6.8% de los admitidos a carreras especiales se distribuye en un 2.9% para la Carrera del Ministerio Público con 749 incorporados; 3.4% para la Carrera Tributaria con 888 servidores integrados y 0.4% de la Carrera Diplomática y Consular, con 114 servidores admitidos.
Respecto a la realización de los concursos para contratar a servidores públicos, el monitoreo identifica un bajo cumplimiento de esta ordenanza de la ley, porque prevalece el clientelismo político como modalidad de ingreso al aparato estatal de trabajo.
En el capítulo de relaciones laborales el informe registra la mayor actividad y eficacia de las entidades gubernamentales respecto al cumplimiento de la Ley desde el 2008, debido a la utilización por parte de los servidores públicos de los derechos y prerrogativas que la normativa les garantiza.
En síntesis, los datos identificados en el Ministerio de Administración Pública refieren a los siguientes avances: conformación de 39 asociaciones de servidores públicos; normalización del Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Administración Pública; ejecución de 87,513 servicios de atención a reclamaciones de ciudadanos e instituciones; se hicieron 11,012 operaciones de cálculos de Bonos Vacacionales y por resultados de desempeño a servidores públicos activos; fueron emitidas 10,653 opiniones escritas acerca de consultas y asesoría sobre la Ley 41-08 y su Reglamento; hubo 143,500 consultas y asesorías telefónicas realizadas; se contaron 14,160 directivos, funcionarios y servidores públicos capacitados sobre temas de relaciones laborales a través de charlas y talleres; y se contabilizaron 16,170 casos conocidos en comisión de personal, de los cuales el 68% fueron conciliados.
El MAP solo no puede.
En la investigación se enfatiza que en el actual contexto de la Administración Pública dominicana, caracterizada por el clientelismo político, el tráfico de influencias y la falta de institucionalidad, los niveles de autoridad y poder de ejercicio de las atribuciones que les confieren al Ministerio de Administración Pública, la Constitución y la Ley 41-08, el proceso de implementación se encuentran significativamente limitado y restringido, independientemente de la buena voluntad y los esfuerzos de las actuales autoridades del MAP por hacer cumplir las disposiciones sobre la Función Pública.
“El inadecuado apoyo político, la merma en el ejercicio de su autoridad junto con las limitaciones presupuestarias en el órgano rector de la política de recursos humanos del Gobierno, impide un efectivo cumplimiento de la Ley 41-08 y prolonga la existencia de una administración pública irracional, ineficiente y de poco impacto en el bienestar de la gente”, destaca el documento a modo de conclusión.
La Ley 41-08 fue promulgada el 16 de enero del 2008, y en la actualidad es el principal marco legal de la Administración Pública de la República Dominicana. Tiene por objeto regular las relaciones de trabajo de las personas designadas por las autoridades competentes para desempeñar los cargos para la realización de las funciones públicas del Estado, los municipios y las entidades autónomas.
El Monitoreo sobre Aplicación de la Ley de Función Pública y su Reglamento se realizó bajo un marco metodológico de investigación cualitativa-cuantitativa, para lo que se utilizaron fundamentalmente las técnicas de entrevista y análisis documental. La consultoría de este trabajo estuvo a cargo de Nelson Suárez, y forma parte del proyecto “Participación de la Sociedad Civil en la reforma de la Gestión de la Administración Pública”.
El informe del Monitoreo de Aplicación de la Ley de Función Pública y su Reglamento fue presentado por Participación Ciudadana en un acto celebrado en el salón Este del Hotel Magna 365 (antiguo Meliá).
