Dialogo Ciudadano: La Policía que quiere la ciudadanía

Un conjunto de organizaciones de la sociedad civil, altamente preocupadas por los sucesos violentos que venían –y siguen- ocurriendo en el país y por sus causas, se sintieron motivadas y apremiadas, en noviembre de 2012, a la conformación de la Coalición por la Seguridad Ciudadana y la Reforma Policial.

La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), el Centro Juan XXIII, la Fundación Vanessa, la Mesa de Justicia de Foro Ciudadano, y Participación Ciudadana, unidos en una Coalición con el objeto de crear un espacio de coordinación de iniciativas y propuestas, plural y abierto a todos los sectores sociales, para contribuir a incrementar la efectividad de los trabajos que se realicen desde las instituciones públicas y propiciar la participación de la ciudadanía en el vital proceso de fortalecer la Policía Nacional y apoyarla en su transformación, como un actor clave en la transición hacia un Estado con una mayor y mejor calidad de Seguridad Ciudadana, organizaron un  “Dialogo Ciudadano: La Policía que queremos”.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo Roberto Álvarez, Coordinador General de Participación Ciudadana,  y el análisis del contexto de la reforma policial  fue realizada por Servio Tulio Castaños de la Fundación Institucionalidad y Justicia.  Además, el General de Brigada P. N., Nelson Rosario Guerrero disertó los retos y perspectivas de una nueva Policía ante la Reforma Policial pendiente.

Daniel Pou y Tahira Vargas presentaron sus posiciones sobre el impacto de la militarización y el uso de la actual Policía Nacional sobre el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y coincidieron que concentrar esfuerzos solo para reprimir y perseguir, y no prevenir con las mismas prácticas antidemocráticas que usa la Policía Nacional, es un esfuerzo está condenado al fracaso.

En dicha actividad fueron presentados los resultados del Primer Informe del Observatorio Ciudadano a la Policía Nacional a cargo de  Rosalía Sosa Pérez, Directora Ejecutiva de Participación Ciudadana.  Se levantaron las violaciones de derechos humanos a los ciudadanos  por parte de la Policía Nacional denunciados tanto en los medios de comunicación físicos y digitales como por los ciudadanos.  Durante los meses de enero a mayo del 2012  se registró un 36%  intercambio de disparos, 20% maltrato, 16% miembros de la Policía Nacional  que ofrecen servicios que no son propios de sus funciones, 9% represión de la población, 5% de denuncias ignoradas y 4% de amenazas.

Sobre la descripción de los Destacamentos observados, se admitió que si bien es cierto que las  Direcciones Generales de San Francisco de Macorís, La Romana y Santiago están en estado aceptable, no es menos ciertos que los  28 Destacamentos visitados se encuentran en una situación deplorable: paredes deterioradas, techo de zinc, baños con precariedades, mobiliario insuficiente y medios de transporte limitados  para ejercer la función.

Las organizaciones de la sociedad civil Muchachos y Muchachos con don Bosco, Confederación de Unidad Sindical, Articulación Campesina, Conferencia Religiosa, Foro Feminista, Fundación Justicia y Transparencia, CONEP, Red Juvenil, CODUE, COPADEBA, ASODIFIMO, Asociación de Empresarios de Herrera manifestaron la necesidad de contar con una Policía Nacional que genera confianza ya que es necesaria cambiar la percepción negativa sobre su trabajo y sobre su capacidad para combatir la delincuencia.  La ciudadanía por lo general acude a ella como único y recurso, agregaron.

Afirmaron, que la Policía Nacional responde a una débil cultura democrática y deben responder a los mandatos de la Constitución en un Estado social y democrático de derecho.  Sobre la necesidad de una Policía transparente, alegaron que existe una gran percepción de corrupción y que las prácticas represivas y violaciones de los derechos humanos deben ser desplazadas por una Policía Nacional ciudadanizada.

La reforma policial es solo un elemento dentro de la seguridad ciudadana,  se necesita ir más allá del aumento de penas y la construcción de cárceles. Se requiere un mayor acercamiento entre la policía y la comunidad, para lo cual es necesario mejorar los niveles de confianza, con miras a elevar las capacidades de prevención del delito y lograr una convivencia más armónica, demandaron las organizaciones de la sociedad civil.