Participación Ciudadana solicita al Ministerio Público explicación.

El acuerdo suscrito en marzo de 2011 por la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional con la entonces imputada Sobeida Félix Morel,  dado a conocer parcialmente por el matutino HOY, ha llenado de asombro y estupor a toda la sociedad. Aunque tales acuerdos son posibles en derecho, los resultados que el mismo ha producido han abierto serias interrogantes que deben ser despejadas por el Ministerio Público, pues afectan seriamente el Estado de derecho que proclama nuestra Constitución.

Las informaciones suministradas por la señora Félix Morel tenían por objeto permitir al Ministerio Público investigar a personas vinculadas a las operaciones de narcotráfico o lavado de activos realizados por José Figueroa Agosto, teniendo como contrapartida un tratamiento favorable de su caso, en términos condenatorios. Sin embargo, luego de veintiún meses de firmado el acuerdo, todos los indicios permiten inducir que una autoridad superior decidió no utilizar la información recibida y lo que es más grave aún, decidió colocarla fuera del alcance de las nuevas autoridades y del conocimiento de la ciudadanía.

Corresponderá al Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito,  y a la Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, confirmar o no las informaciones  que circulan en el sentido de que no conocían el referido acuerdo hasta su reciente divulgación por la prensa, y si lo conocían por qué razón no ordenaron las investigaciones de lugar.

De los datos parciales divulgados se desprende que la señora Félix Morel suministró suficiente información, además de detalles muy específicos, que eran relativamente fáciles de investigar y determinar su veracidad o falsedad: si el ex general De la Cruz Consuegra invirtió o no fondos propios en la adquisición de la yipeta Lexus que se indica como regalada por Figueroa Agosto; si el ex mayor general Domínguez Castillo puede justificar la compra con recursos propios y legítimos del apartamento en la torre Don Pedro, que se le atribuye haber comprado con recursos de Figueroa Agosto o si alguna persona lo vió con los costosos relojes supuestamente regalados por el narcotraficante boricua; verificar si el coronel Fernández Castillo  tenía las facilidades para conseguir carnets del DNI, si tenía su oficina en Plaza Naco y si el patrimonio que detenta está amparado en alguna actividad legítima; si el ex coronel Sánchez Pérez tiene un apartamento en el Ensanche Ozama y el origen de los fondos para su adquisición.

Con respecto al Ing. Miguel Vargas Maldonado las dudas son hoy mayores que las existentes cuando se divulgó la información, pues su carta de explicación parece escudarse en el  mismo argumento ofrecido por otros en el sentido de que el nombre de José Figueroa Agosto no había sido dado a conocer como ligado al narcotráfico, cuando lo grave del hecho que le imputa Sobeyda Felix Morel,  es la recepción en efectivo en tres ocasiones de cien mil dólares cada vez, sin cumplir con los requisitos legales y reglamentarios de informar a las autoridades por ser operaciones que sobrepasan los US$10,000.00. En la carta de explicación nada se dice con respecto a la recepción del efectivo que se le atribuye.

El hecho de que el Ing. Vargas Maldonado era, y es, el presidente del principal partido de la oposición, que en el momento de la denuncia de la señora Félix Morel se aprestaba para competir en las elecciones presidenciales,  genera dudas muy serias que solo pueden ser despejadas a través de una investigación independiente, sobre todo si se toma en cuenta que nunca fue llamado a interrogatorio, como sí ocurrió con los militares y policía denunciados. El Ing. Vargas Maldonado debería tomar la iniciativa de ponerse a disposición del Ministerio Público para fines de ser interrogado e investigado.

La responsabilidad mayor descansa en el Ministerio Público, que es la autoridad llamada a garantizar  que los hechos criminales sean investigados y perseguidos sin discriminación de ningún tipo, y por lo tanto debe ofrecer una explicación convincente a la ciudadanía, que ante el silencio, con justificada razón, saca sus propias conclusiones, dejando muy mal paradas a las autoridades y los entes involucrados.