PC denuncia falta de transparencia, campaña prematura, incremento de inseguridad y narcotráfico caracterizaron 2011

Participación Ciudadana presentó su balance del año en el que declaró como fallido el “año de la transparencia y la institucionalidad” declarado por el Poder Ejecutivo.

El Consejo Nacional de PC también denunció que en el 2011 se registró un incremento del narcotráfico, la violencia e inseguridad; asimismo se llevó a cabo una prematura y costosa campaña electoral, una elección de las altas cortes fustrada y la República Dominicana se quemó en las principales evaluaciones internacionales.

El Movimiento Cívico dijo en su evaluación que a pesar de los avances como parte del Proyecto de Iniciativas Participativas Anticorrupción (IPAC), la impunidad frente a las denuncias de corrupción y el continuo involucramiento del personal de los organismos de seguridad en el incrementado narcotráfico y la delincuencia elevaron la inseguridad y sembraron el desaliento en la sociedad.

La Organización Cívica indicó que en la primera mitad del año registró una serie de acontecimientos que pusieron en jaque la institucionalidad democrática, como el intento de imponer una repostulación presidencial en contradicción con la Constitución de la República y la aprobación de forma inconstitucional, sin dos terceras partes de los votos, de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura; e intento de hacer lo mismo con la del nuevo Tribunal Constitucional, lo que posteriormente fue rectificado tras una intensa presión de la opinión pública.

Agregó que también se violaron la Ley 176-07 sobre el DN y los Municipios, y la Ley Orgánica de la Liga Municipal Dominicana y su reglamento, al elegir por un solo año, en vez de cuatro, al secretario general de la Liga Municipal Dominicana, por simple conveniencia partidista.

Señalaron que tanto en el presupuesto del 2011, como en el del año próximo se persistió en desconocer la Ley General de Educación y la Constitución misma al no destinarse el mínimo del 4 por ciento del producto interno bruto para educación. También la ley municipal que dispone para los ayuntamientos el 10 por ciento de los ingresos nacionales, y otras que asignan partidas específicas al Poder Judicial y la Cámara de Cuentas.

El balance anual de PC dice que el Congreso Nacional fue un simple sello gomígrafo del Poder Ejecutivo para la aprobación de préstamos por más de 97 mil millones de pesos, y sancionando espectacularmente el presupuesto del 2012 con precipitación sin precedente para acallar reclamos nacionales de que se cumplieran las leyes.

El narcotráfico, la delincuencia y el crimen en todas sus expresiones, incluyendo el sicariato, amargaron la vida de los dominicanos y dominicanas a lo largo del año., según PC.

Las muertes violentas pasan de 2 mil 300, incluyendo al menos a 225 mujeres, más de un centenar en el propio ámbito familiar, configurando un desbordamiento de los feminicidios, a pesar de un mayor esfuerzo del ministerio público y de la sociedad en general por combatirlos.

El narcotráfico registró escándalos mayúsculos, incluyendo crímenes múltiples y ejecuciones de la mayor crueldad. Su dimensión puede apreciarse por la incineración de 15 toneladas de drogas durante el año.

El balance del año de Participación Ciudadana dice que fue relevante que a lo largo del año la República Dominicana resultó reprobada en la generalidad de las evaluaciones internacionales, especialmente en las más acreditadas como las del Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial (FEM), Transparencia Internacional, Amnistía Internacional, Programa de Promoción de la Reforma Educativa para América Latina (PREAL) y Latinobarómetro.

Indicaron que el país se quemó especialmente en los servicios básicos de educación, salud, policiales, en competitividad y en transparencia y corrupción.

En el índice de Competitividad Global la RD registró la peor caída de toda América Latina, al retroceder nueve escalones en relación al año anterior y quince en los dos últimos años. Pasó de la posición 101 a la 110 entre 142 países evaluados, quedando campeón mundial en despilfarro en el gasto gubernamental y en falta de confiabilidad en los servicios policiales, subcampeón en favoritismo de los funcionarios gubernamentales, y en la posición 140 en calidad de la educación primaria y desvío de fondos públicos. Como se puede apreciar la nación quedó en los tres últimos puestos en los tres indicadores de corrupción.

Mientras que Transparencia Internacional en su Índice de Percepción de la Corrupción degradó el país del puesto 101 al 129, entre 178 naciones evaluadas, para una estrepitosa caída de 28 escalones de un año a otro. Con una puntuación de 2.6 sobre 10, RD fue muy mal calificada, colocándose en el segmento de “percepción de una corrupción rampante”.

Participación Ciudadana denunció que en la elección de los jueces del Tribunal Constitucional, Superior Electoral y de la Suprema Corte de Justicia se utilizó el criterio de la repartición, evidenciando la existencia de un pacto entre el presidente del PLD y del CNM, Leonel Fernández, y el presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, quien de esa forma consiguió la elección de unos 5 vinculados.

El Movimiento Cívico consideró que esta práctica vicia el proceso democrático, ya que se pacta en secreto y en forma poco institucional, pues los órganos de ninguno de los dos partidos aprueban este tipo de acuerdos que escogen jueces de lealtades individuales y que van a defender intereses partidarios, generando posteriormente conflictos a lo interno del órgano.

En la designación de los miembros de los tres tribunales quedó evidenciado que el CNM no utilizó como parámetro en todos los casos las hojas de vida y las entrevistas realizadas.

Este año la dimisión forzada del Administrador General de Informática de la Junta Central Electoral desencadena una crisis en esta área tan sensible del proceso electoral que aún no se ha podido resolver.

El balance anual indicó que por razones hasta ahora desconocidas el presidente de la JCE desautoriza a la autoridad máxima del área, otorgándole sus facultades a un subalterno, sobre quien los partidos mayoritarios habían manifestado desconfianza, al punto de haber solicitado su destitución.

Señaló que en vez de resolver la crisis sustituyendo al funcionario cuestionado o poniéndole un superior que inspirara la confianza de los partidos, el presidente del organismo insiste en una fórmula en la que el cuestionado permanece en el cargo.

Asimismo resaltaron que el 2011 concluye sin que el Congreso Nacional aprobara el proyecto de Ley de Partidos  sometido a su consideración a mediados del año por la Junta Central Electoral. Tampoco se ha aprobado el proyecto de Ley Orgánica del Régimen Electoral, elaborado por una misión de la Organización de Estados Americanos, aunque este último llegó al Congreso en diciembre. Pero es fundamental para adecuar el régimen electoral al nuevo marco  establecido por la Constitución de la República lo que debió ocurrir a más tardar en enero pasado.

Los partidos mayoritarios se han embarcado en una prematura campaña electoral con un desbordamiento de gastos. Después de pasar un período de turbulencias los peledeístas concluyen el año ratificando su unidad, mientras los perredeístas aún arrastran resentimientos por el resultado de la elección primaria.

El año 2011 la economía se mantuvo sin variaciones con una tasa de cambio estable y un crecimiento del producto.

Por otro lado,  en el 2011 las exportaciones experimentaron un  incremento considerable, atribuible tanto al reinicio de las operaciones de la Falconbridge como a la reactivación de algunas empresas de zonas francas y la creciente importancia del mercado haitiano.

No obstante, todavía las ventas al exterior no alcanzan ni la mitad de las compras y, como efecto de ello, el país registra un déficit comercial que ronda los nueve mil millones de dólares, y se estima que el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos terminará en un nivel cercano al 10% del PIB.

Ante esta situación, el país se ha convertido en  altamente dependiente de la entrada de capitales foráneos,  a través de endeudamiento público y privado, capitales especulativos e inversiones directas en minería y actividad inmobiliaria.

Nueva vez los ingresos tributarios se quedan bastante por debajo de lo que había sido presupuestado, a pesar de que el Gobierno hizo aprobar,  a mediados de año, una nueva reforma impositiva.

Con datos hasta octubre, las recaudaciones han aumentado en un 8%, y es casi seguro que terminarán el año con menos de 10%, muy inferior a lo que se había presupuestado, que era un incremento de 15%.

Si se tiene en cuenta que ya el déficit presupuestario del 2011 ha estado muy por encima de lo establecido en el acuerdo con el FMI, la sobreestimación de ingresos, que se advierte en el presupuesto publico aprobado para el año 2012, avisa de un déficit mucho mayor en los próximos doce meses, lo que hace poco probable que se cumpla y se retome el acuerdo Stand-By con el Fondo, el cual ha estado bajo suspenso la mayor parte del año que termina.

Como se conoce, una de las dificultades más grandes para ajustar la economía a los requerimientos del FMI se deriva de la incapacidad de las autoridades para resolver el permanente y costoso déficit del sector eléctrico.

Cabe apuntar que a pesar de la lucha de amplios sectores populares por un mayor presupuesto para el área educativa, el año termina con apenas un 2.5% del producto para tal función, y en el presupuesto para el año 2012 se consignó menos de un 3%.

Finalmente, es preciso destacar que además de la baja atención pública de los sectores sociales, la población se ve afectada por los altos niveles de desempleo, salarios reales decrecientes y más de la mitad de la población ocupada  se gana la vida en precarias condiciones en el sector informal.

Participación Ciudadana ha percibido una mayor efectividad en la persecución del tráfico de drogas, pero también que el país ha sido un puente cada vez más propicio para el envío de drogas hacia Estados Unidos y Europa.

Agregaron que como hecho positivo quedó la conclusión en condenas del proceso seguido a un grupo de personas vinculadas al lavado de dinero proveniente de la red de narcotráfico que encabezó el portorriqueño Figueroa Agosto.

La participación de importantes estamentos del Estado, junto con 14 organizaciones de la sociedad civil y una docena de organismos internacionales fue uno de los hechos más positivos del año, con adelantos en algunas previsiones para reducir la corrupción, incluyendo la elaboración de un proyecto de reforma a la Ley de Libre Acceso a la Información que está en manos del Poder Ejecutivo.

En este año también hubo una reactivación de la sociedad civil que se vio evidenciada en acciones que tuvieron incidencia en la vida nacional.