El Senado actúa con gran irresponsabilidad al aprobar el proyecto de presupuesto sin tiempo material para leer su contenido
PARTICIPACIÓN CIUDADANA lamenta la actitud que asumieron la mayoría de los senadores al aprobar el Proyecto de Presupuesto y Ley de Gastos Públicos en un solo día, en dos lecturas consecutivas, sin haber tenido tiempo material para leer su contenido completo y renunciando al mandato conferido en las elecciones y en la Constitución para ejercer la función legislativa de manera independiente al Poder Ejecutivo.
En cualquier sociedad medianamente civilizada, el proyecto al cual más tiempo dedican los parlamentos, al que más análisis se le somete, es el presupuesto fiscal, en razón de que se trata del instrumento de política económica más importante del año. Pero fundamentalmente porque la democracia se sustenta en la independencia y contrapesos entre los poderes públicos, y el presupuesto de gastos es el medio a través del cual adquiere real sentido el control del Legislativo sobre los actos del Ejecutivo.
Es cierto que durante la época de la dictadura, y en la autocracia que conoció el país en decenios anteriores, el Congreso jugaba un papel poco más que decorativo en el entramado institucional, y el proyecto de Presupuesto solía ser sometido en los días finales de cada año y los congresistas lo aprobaban rápidamente, con la convicción de que eso era lo más que podían hacer, porque de todas formas el Presidente gastaría antojadizamente los recursos públicos.
Pero después se cambiaron las leyes y hasta la propia Constitución, al tiempo que se ha avanzado en las instituciones democráticas. Entre otras cosas, se obligó a someter el proyecto con suficiente antelación para permitir que el Congreso pudiera jugar un papel más digno. La forma en que aprobaron el proyecto en el Senado constituye una vergüenza, lo que impidió que ni siquiera fueran capaces de percibir claros errores formales, como números incorrectos y cálculos mal hechos.
No cabe duda alguna que esta actitud de la mayoría de los senadores tuvo el propósito de impedir las presiones sociales para mejorar el presupuesto asignado a Educación, que una vez más viola el mínimo legal del 4% del PIB o 16% del presupuesto general.
Pero en el proyecto aprobado no solo se sigue vulnerando la ley sobre educación, sino las de los municipios, la del Poder Judicial, y varias otras que establecen montos a algunas responsabilidades públicas. Y mucha gente se estará preguntando qué sentido tiene mantener en vigencia leyes que protegen la asignación fiscal a determinadas funciones si es para todos los años estarlas violando. La propia Cámara de Cuentas y los organismos responsables de la investigación, la prevención y el castigo a la corrupción perciben una permanente asfixia financiera.
Con su conducta los senadores no dejaron espacio alguno para que pudiera discutirse y mejorarse el presupuesto asignado al Poder Judicial y al mismo Ministerio Público, que permanece virtualmente congelado por cuarto año consecutivo, lo que agrega un elemento más al deterioro del servicio público de administración de justicia, lo que ha llevado al presidente de la Suprema Corte a señalar la existencia de un serio riesgo de quiebra del Poder Judicial.
La principal responsabilidad de los legisladores debe ser para con sus representados, que en esta ocasión han sido olvidados para atender instrucciones exclusivamente partidarias. El Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado va ahora a la Cámara de Diputados y PARTICIPACIÓN CIUDADANA espera mayor responsabilidad pública de los diputados, de la que fue exhibida por la mayoría de los senadores.
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