RETROCESOS EN LA LUCHA ANTICORRUPCIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
Debemos comenzar por desearles los más grandes éxitos en todas sus iniciativas durante el año 2009, y grandes avances en nuestro propósito común de la lucha anticorrupción.
Pero el objetivo fundamental de estas notas es ponerlos al tanto y llamar su atención sobre serios retrocesos que se han experimentado recientemente en la República Dominicana, donde en el mes de diciembre hemos sufrido un encadenamiento de golpes sucesivos contra los esfuerzos de controlar, o al menos castigar la corrupción.
Dentro de esa cadena queremos destacar tres sucesos escandalosos, debido a que se originan en los propios agentes que están llamados a ser los protagonistas fundamentales de la lucha anticorrupción: la Suprema Corte de Justicia, la Cámara de Cuentas y el Presidente de la República.
El primero se refiere a un fallo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) relativo al llamado Caso Sun Land.
Hace algún tiempo, la sociedad dominicana se vio conmovida al haberse descubierto que un funcionario gubernamental de segunda categoría, pero investido de un Poder emitido por el Presidente, había firmado un contrato, hasta ese momento clandestino, mediante el cual se autorizaba a The Sun Land Corporation, una empresa muy poco conocida en el país excepto en negocios turbios, a emitir y negociar títulos valores del Estado Dominicano y colocarlos en el mercado internacional de capitales, por valor de 130 millones de dólares, para que la referida empresa a su vez subcontratara a otras empresas para construir unas 11 obras públicas.
Posteriormente se autorizó a The Sun Land a que sólo construyera cinco de las obras señaladas, todo ello sin presupuestos conocidos, sin concursos, y sin que ni siquiera fuera registrada la deuda en la contabilidad gubernamental. Después la mayoría de las obras no se ejecutaron, el dinero no apareció, pero el Gobierno se ha visto precisado a honrar los valores emitidos.
Como la Constitución manda que todo endeudamiento del Estado debe contar con la autorización del Congreso, un partido de oposición y una organización de la sociedad civil (que no es Participación Ciudadana) elevaron sendas instancias ante la SCJ, en su calidad de Tribunal de Garantías Constitucionales, para que declarara la inconstitucionalidad del Contrato.
La SCJ tomó 14 meses antes de decidir (tiempo suficiente para que el Presidente lograra su segunda reelección, pagara una parte de los valores emitidos, rescindiera el contrato de construcción y renegociara el pago de los valores restantes), para terminar fallando que, pese a no haberse cumplido el mandato de la Constitución, la instancia era inadmisible por falta de calidad de los demandantes, calidad que sólo atribuye a los presidentes de las dos cámaras legislativas, con lo cual sienta una jurisprudencia que le niega el derecho a los ciudadanos de reclamar la constitucionalidad de los actos públicos. Este es un caso penoso que parece tener la connotación de negociación política de los fallos judiciales o de postración de la justicia ante el Poder Ejecutivo.
El segundo caso es el de la Cámara de Cuentas.
Este organismo es designado cada cuatro años por el Senado de la República, pero de ternas que le somete el Presidente. Como en la tradición dominicana el Senado termina escogiendo a los que encabezan cada terna, siempre se impone la decisión del Poder Ejecutivo en la elección de quienes están supuestos a fiscalizar sus finanzas. En los últimos tiempos, esto ha sido aprovechado por el Presidente de la República para premiar seguidores, favorecer el clientelismo, o servirse del habitual trasfuguismo político, compensando a militantes de otros partidos a cambio de favores.
Así fueron escogidos los anteriores miembros de la Cámara de Cuentas, los cuales comenzaron en poco tiempo a servirse ellos mismos del presupuesto público. Fue tal el escándalo, que en breve plazo fueron llamados por el Congreso a un juicio político, que terminó con la renuncia de algunos y la destitución de otros.
Se imponía pues, la escogencia de una nueva Cámara de Cuentas. Pese a los reclamos de Participación Ciudadana y de otras organizaciones, para que se cambiaran los criterios de selección, el Presidente y el Senado transitaron la misma ruta. Y no bien habían iniciado sus funciones los nuevos integrantes cuando el país se vio estremecido por la noticia de que, con apenas poco más de dos meses de servicios, se habían autoasignado bonificaciones y regalías millonarias con motivo de las navidades. Fue tal el escándalo público y el reclamo de que renunciaran, que sus integrantes se vieron forzados a devolver el dinero cobrado. Nuevamente tenemos una Cámara de Cuentas sin credibilidad, lo que la inhabilita para ejercer las importantes y delicadas funciones a su cargo.
Y el tercer caso es el más escandaloso de todos, pues se refiere al indulto presidencial de unos reos condenados por corrupción, de los muy pocos casos de sanciones judiciales por corrupción que conoce la historia dominicana.
El indulto es un derecho que confiere la Constitución al Presidente para perdonar algunos presidiarios, con motivo de las navidades o de algunas fechas patrias. Ante la falta de criterios definidos para escoger a los beneficiarios, la tradición y la expectativa de la ciudadanía es que dicha gracia se otorgue en función de la naturaleza del delito cometido, la proporción cumplida de la pena, y el comportamiento del reo durante la reclusión. Incluso, hace algún tiempo se creó una Comisión Nacional de Indultos, para evaluar los casos propuestos.
La situación es que ahora, el Presidente aprovechó para liberar algunos dirigentes políticos y empresarios del transporte condenados hace muy poco tiempo por una gran estafa contra el Estado en la compra y distribución de autobuses, camiones y otros tipos de vehículos, como parte de un plan de mejoramiento del transporte público denominado Plan Renove.
El hecho se hace más grave porque el Presidente aprovechó para incluir en el perdón a una ejecutiva bancaria, de las principales responsables del enorme fraude bancario ocurrido en República Dominicana hace algunos años, que no había cumplido ni siquiera un día de cárcel. Se trata de la principal vicepresidenta del BANINTER, envuelta en un fraude de magnitud extraordinaria en función de la economía dominicana, pagado íntegramente por el fisco con emisión monetaria, con un costo fiscal cercano a los 80 mil millones de pesos (alrededor de 4,000 millones de dólares a la tasa de cambio del momento en que se descubre), y que tuvo un impacto terrible de empobrecimiento de la sociedad dominicana.
Pero los ejecutivos de BANINTER fueron personas muy populares, porque financiaban campañas políticas y distribuían dinero en abundancia entre funcionarios, legisladores, jueces y jerarcas políticos, militares, religiosos, etc., y hasta en organizaciones comunitarias, pero sobre todo, en medios de comunicación y creadores de opinión pública. Por eso fue tan ardua la lucha que debió asumir una parte de la sociedad dominicana para lograr que la justicia condenara a algunos de los responsables. Gran parte del poder político del país estaba en desacuerdo.
Que le impedía ir a la cárcel. De esa forma, fue internada en un hospital privado y no purgó ni un solo día de su condena, hasta que fue indultada por el Presidente. Como consecuencia de la decisión, cuatro de los seis miembros de la Comisión Nacional de Indultos, presentaron su renuncia.
Nuestro temor es mayor porque existe la expectativa de que el Presidente de la República, que tiene en su gabinete y como uno de sus principales asesores al jefe del bufete de abogados encargado de la defensa de los banqueros, aproveche una próxima ocasión para indultar a los demás condenados.
