La Decisión de la Procuraduría General en el caso Bancrédito
La desacertada decisión de la Procuraduría General de la República, de desinteresarse de la acción penal referente al fraude bancario cometido por ejecutivos de Bancrédito condenados por la Cámara Penal de la Corte de Apelación, cuya situación procesal se encuentra en su fase final, aumenta el descrédito y la desconfianza de este estamento político judicial en donde se percibe su falta de entendimiento sobre la responsabilidad histórica de su misión: “ejercer, como institución responsable de la acción penal pública, la investigación de los hechos punibles, la representación y defensa del interés público y social, así como la vigilancia y cumplimiento de las normas del debido proceso legal; garantizado la protección de las víctimas y los testigos y el respeto de los derechos humanos”.
Esta penosa decisión cobra visos de tragicomedia, y pone de manifiesto la obligada independencia funcional del Ministerio Público del Poder Ejecutivo, ahora que se debate la propuesta de Reforma Constitucional sometida por el Presidente Leonel Fernández Reyna vía Senado de la República.
La reiterada actitud de la Procuraduría General de la República nueva vez se suma a los lamentables precedentes tanto del actual Gobierno del PLD, caso PEME y el de Ángel Lockward, acusado de malversación de fondos en el manejo del subsidio al gas licuado, como también en la gestión del PRD, cuando el Presidente Hipólito Mejía retiró la querella que pesaba sobre el ex Presidente Salvador Jorge Blanco, condenado por un Tribunal de Primera Instancia.
No obstante a las desafortunadas decisiones que debilitan el fortalecimiento deseado del sistema de justicia, obligan a Participación Ciudadana conservar la fe de que los casos de los fraudes bancarios no quedarán impune, y que la Suprema Corte de Justicia, apoderada en este caso de un recurso de casación, ejercerá honrosamente su misión actuando con absoluta independencia, transparencia y apego a la ley, sin ataduras políticas o complicidades que deslucirían su alta investidura.
Aprovechamos la ocasión para resaltar nuevamente la labor desarrollada por los representantes del Ministerio Público que han llevado los casos bancarios, trabajo que está siendo desconocido por la contradictoria e injustificada acción que ha tomado la Procuraduría General frente al caso Bancrédito.
