PC condena existencia de nóminas “CB”

PLD debe reembolsar a la Tesorería Nacional los recursos del erario entregados a sus militantes.

Participación Ciudadana condena los graves hechos comprobados por la periodista Nuria Piera en su reportaje televisivo del 8 de marzo del año en curso.  En ese reporte queda evidenciado como distintas instituciones estatales efectúan pagos mensuales a miembros desempleados de los Comités de Base del PLD. Las nóminas que pudieron ser comprobadas suman más de RD$ 60 millones mensuales.

Los beneficiarios de estos cheques que pudieron ser entrevistados admitieron que no realizan ningún trabajo que justifique el pago.  Señalaron que para recibir esos pagos lo único que se requiere es una carta del Comité Intermedio del PLD que le corresponda.  Es por ello que resulta inaceptable la explicación de que estas nóminas están justificadas por la realización de trabajos eventuales.  Más bien, estos pagos parecen estar dirigidos a asegurar que los miembros de los comités de base se integren a la campaña reeleccionista.  Esto es un uso claro e ilícito de los recursos del Estado en beneficio de un partido político.  Participación Ciudadana fue testigo directo de lo emitido en el reportaje periodístico.

Tal y como señaló en su Primer Informe de Observación Electoral, Participación Ciudadana entiende que esta prácticaviola el artículo 55 de la Ley Electoral y, por tanto, la JCE tiene la competencia administrativa para ordenar que se detenga la emisión de esos cheques a los simpatizantes del PLD.   El artículo 47 de la Ley Electoral establece cuáles son los medios lícitos de financiamiento de los partidos políticos:  “será ilícita la intervención directa o indirecta del Estado, de cualquiera de sus departamentos, dependencias u organismos autónomos o descentralizadas o de empresas que caigan dentro de la aplicación de la Ley de Inversión Extranjera, de los ayuntamientos o de entidades dependientes de éstos, de gobiernos extranjeros en el sostenimiento de los partidos o el financiamiento de sus campañas”.

Participación Ciudadana entiende que la JCE debe tomar las medidas necesarias para evitar que esos pagos influyan en la contienda electoral.  Como estos pagos han sido hechos por el Estado y el beneficiario ha sido el PLD, la JCE debe constatar el monto de estas nóminas y descontarlo de la partida de financiamiento público que debe ser entregada a ese partido.  Si la nómina supera el monto que corresponde al PLD por financiamiento público, entonces la JCE debe ordenar a ese partido que restituya a la Tesorería Nacional la diferencia.  Mientras tanto, debe retener la partida que debía entregársele al PLD en el mes de marzo.

La autorización expresa para que la JCE tome estas medidas y la descripción de los efectos que estas pueden tener está contenida en el párrafo final del artículo 47: “La Junta Central Electoral tendrá facultad para anular cualquier operación de la cual tenga conocimiento e incautar provisionalmente o tomar cualquier medida cautelar con el auxilio de la fuerza pública respecto a cualquier bien, o para hacer cesar de inmediato cualquier uso indebido de los recursos y medios del Estado”.  Esta es una autorización expresa para que la JCE actúe de oficio, y sin necesidad de un reglamento previo.  La prohibición del uso de los recursos del Estado está claramente establecida, no es necesario ningún acto normativo posterior para que la JCE actúe.

Participación Ciudadana, también insta a la Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa a que abra una investigación sobre la posible violación a las normas penales establecidas en los artículos 170 y siguientes de la Ley Electoral.  Deben aclararse las responsabilidades penales en este caso.

Como sucede al final de cada ciclo electoral, los electores dominicanos se encuentran convocados a la elección del Presidente de la República en las elecciones del 16 de mayo próximo.  Dada la naturaleza presidencialista del sistema político dominicano, esta es la cita democrática más importante a la que concurren los ciudadanos.  La manera en la que la misma se desarrolle sirve, por tanto, como criterio de evaluación sobre la salud de la democracia dominicana.

Desde su fundación Participación Ciudadana se ha opuesto a las distorsiones que se presentan en el libre debate de las ideas políticas.  El clientelismo y el abuso de los recursos públicos en la campaña electoral de los partidos son ahora, y han sido siempre, mecanismos para influir de manera ilícita e ilegítima en la voluntad popular.