Hay que fortalecer la JCE
El Movimiento Cívico Participación Ciudadana (PC) desea expresar su preocupación por la situación que afecta a la Junta Central Electoral (JCE), tanto en su coherencia interna como por la falta de respaldo a sus legítimos esfuerzos por reglamentar la campaña electoral en cumplimiento de su mandato constitucional y legal.
El fortalecimiento del máximo organismo rector y contencioso del sistema electoral es fundamental para la preservación y perfeccionamiento del régimen democrático nacional, aún en proceso de afianzamiento.
Tanto los partidos políticos como los diversos sectores sociales y empresariales están en la obligación moral de subordinarse al supremo interés nacional, aceptando las legítimas decisiones de la JCE.
Nos contamos entre las instituciones que han dado firme apoyo a los esfuerzos de la JCE por reglamentar las campañas electorales para mejorar el sistema político y democrático, en aras de la transparencia y racionalidad en el gasto, la igualdad de oportunidades para todos los actores y para mayor garantía del inalienable derecho ciudadano a la libre y consciente elección. Tales objetivos son más imperativos porque hace una década los partidos políticos reciben financiamiento del presupuesto nacional.
Es sorprendente que la JCE no haya recibido mayor apoyo de las instituciones en el esfuerzo de reglamentación, ya que durante muchos años se ha clamado en el país por una limitación de la extensión y el costo de las campañas electorales. Pareciera que faltan muchas energías todavía para que esta nación pueda ordenarse democráticamente y superar las rémoras que le impiden alcanzar mayores niveles de desarrollo.
La negativa de los partidos mayoritarios a acatar la Resolución 07-2007 que prohíbe la publicidad proselitista hasta que se inicie oficialmente el período de campaña electoral es un desafío a la autoridad de la JCE que deja en crisis el sistema electoral. Esa situación tiene que ser urgentemente superada para preservación de la institucionalidad democrática, en juego una vez más por el proceso electoral llamado a culminar dentro de seis meses.
Es insustancial el argumento de que la JCE se excede al establecer límites al proselitismo y que viola derechos constitucionales. El artículo 92 de la Constitución de la República establece claramente que "las elecciones serán dirigidas por una Junta Central Electoral y por juntas dependientes de ésta, las cuales tienen facultad para juzgar y reglamentar de acuerdo con la ley". Así mismo, los artículos 87 y 88 de la Ley Electoral 275-97, indican cuando comienza y termina el período electoral.
Resulta obvio que la JCE tiene facultad para disponer el retiro de cualquier propaganda que viole principios constitucionales o alguna ley, como el mensaje proselitista que empleó a un miembro activo de las Fuerzas Armadas. Lo que no debió fue permitir que pasara un mes para tomar la decisión.
También tiene facultad para limitar el inicio de la campaña electoral, aspecto básico del proyecto de reglamento sobre el que se viene discutiendo hace más de 4 meses, y sobre el cual fueron consultados los partidos políticos y la sociedad en general. Pero la JCE debió decidir sobre todo el reglamento y no improvisar la puesta en vigencia de uno solo de sus aspectos.
Queremos dejar constancia de que reconocemos la legitimidad del reclamo de los partidos de oposición en el sentido de que es inadmisible la prohibición de la propaganda electoral de los partidos si no va acompañada de igual medida para la que mantienen diversos organismos estatales que promueven al presidente-candidato, incluso con sus consignas electorales.
Insistimos en la legitimidad de la reglamentación de la campaña y el financiamiento de los partidos, materia en la que se ha avanzado mucho en diversos países, sin menoscabo de los derechos constitucionales.
Pero para superar la preocupante situación en que se encuentra el sistema electoral lo más urgente es que la JCE logre una mayor cohesión interna, que las legítimas diferencias entre sus miembros titulares sean dirimidas en su seno sin ser transportadas a la opinión pública y que se acepten las decisiones mayoritarias.
