El próximo 7 de diciembre será inaugurada en el Barrio Duarte de Herrera la segunda Casa Comunitaria de Justicia (CCJ) para cobijar y proteger los derechos de todos y todas los ciudadanos/as de Santo Domingo Oeste.

La Casa Comunitaria de Justicia se caracteriza por ser un centro de acción de justicia formal e informal, de educación y defensa de los derechos ciudadanos, creada por Participación Ciudadana y dirigida a fortalecer el Acceso Ciudadano a la Justicia.

Esta institución está diseñada para brindar servicios de información a los sectores más vulnerables y necesitados de las comunidades sobre sus derechos legales, tanto los individuales como colectivos.

La CCJ tendrá como objetivos propiciar la convivencia pacífica en las comunidades mejorando el acceso ciudadano a la justicia, elevando el conocimiento de la ciudadanía sobre sus derechos, garantías y protecciones legales, e implementando la mediación y otros mecanismos alternos de resolución de conflictos.

Además la institución llevará a la comunidad el trabajo coordinado de instituciones de diferentes naturalezas y disciplinas con el fin de prestar servicios integrales  que mejoren las condiciones de vida del ciudadano/a.

También propiciar espacios de articulación, coordinación y educación interactiva entre las comunidades y autoridades, integra equipos de ciudadanos en capacidad de ofrecer el servicio de mediación y resolución de conflictos.

La Casa Comunitaria de Justicia es un centro integral de información, orientación legal popular, referencia y prestación de servicios de mediación y resolución alternativas de conflictos en la ciudadanía y los sectores comunitarios.

Es un espacio de aproximación y coordinación entre el sistema judicial y las comunidades, destinado a facilitar el acceso ciudadano a la justicia de manera formal e informal.

Este centro promueve deberes y derechos ciudadanos, así como los considerados colectivos y difusos, capacita líderes sociales en el ejercicio de ciudadanía, buscando fortalecer la convivencia pacifica , la seguridad ciudadana , así como la prevención y reducción de la violencia para el fortalecimiento del Estado de Derecho en la República Dominicana.

Esta institución propicia la Sostenibilidad de las garantías constitucionales, como lo es el Derecho a la Defensa a través de la Tutela Judicial, de quienes se encuentran en imposibilidad económica para defenderse en las instancias judiciales.

Con sus servicios la Casa Comunitaria de Justicia garantiza mayor presencia institucional de las instancias judiciales y municipales en las comunidades.

La CCJ presta servicios de información sobre el Sistema de Justicia y su funcionamiento, orientación legal popular para el manejo de procedimientos y herramientas que facilite el acceso ciudadano a la justicia, asiste sicológicamente a las victimas, mediación y otros mecanismos alternativos de resolución de conflictos, entre otros.

La Casa Comunitaria de Justicia de Santo Domingo Oeste es el resultado de una acción coordinada conjuntamente con:

• Suprema Corte de Justicia

• Procuraduría General de la República

• Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia

• Procuraduría Fiscal de la Provincia de Santo Domingo

• Oficina Nacional de Defensa Pública

• Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL)

• Centro de Medicación Familiar

• Ayuntamiento Municipal Santo Domingo Oeste

• Unión de Vecinos Activos (UVA)

• Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos (USAID)

(Capítulo Nacional en la República Dominicana de Transparency International, en formación)

Un día como hoy, hace justamente un año, fue firmada la Declaración de Guatemala por una Región Libre de Corrupción. La misma fue firmada en la Ciudad de Guatemala el 16 de noviembre del 2006 por los Presidentes y Jefes de Gobierno de los países miembros del Sistema de Integración Centroamericana, a saber Guatemala, Honduras, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Belice, Panamá y la República Dominicana.

En el caso dominicano el Presidente Leonel Fernández no pudo asistir personalmente a la firma, pero envió en su lugar y otorgó un Poder para su representación al Embajador Adscrito a la Cancillería, Lic. Luis Manuel Piantini. República Dominicana es, en consecuencia, signatario de la Declaración y compromisario del fiel cumplimiento de sus postulados.

Mediante la firma de la indicada Declaración, los gobiernos de la Región se comprometieron a garantizar el libre acceso ciudadano a la información pública en forma veraz y oportuna,contar con mecanismos de rendición de cuentas por parte de las instituciones públicas, el manejo transparente de las compras y contrataciones públicas y los programas sociales, el control del financiamiento político y electoral, la implementación de normativas de conducta que regulen el comportamiento ético tanto en el sector público como privado, que incluyan medidas para prevenir y controlar potenciales conflictos de intereses, la persecución de la corrupción, y el impulso a las reformas orientadas a contar con servicios civiles probos, estables y eficientes.

Es lamentable, sin embargo, que no se percibe que la firma de la indicada Declaración haya inducido cambios positivos en el manejo de los asuntos públicos en la República Dominicana. Más bien, lo que resulta evidente es que, transcurrido un año de haber sido suscrita, para el Gobierno Dominicano su firma no pasó de un acto protocolar,  pues al interior del país y del Gobierno mismo el hecho prácticamente ha pasado inadvertido, en virtud de que el funcionamiento de la administración pública ha seguido su curso normal en los aspectos relacionados con la transparencia y el combate a la corrupción, independientemente del compromiso firmado.

De hecho, algunos de los escándalos más graves relacionados con violaciones a la ética pública han afectado el país después de la firma de dicha Declaración. Ejemplos de ello son el caso del apoyo presidencial a que la Oficina del Metro desobedezca una orden judicial que obliga a suministrar informaciones públicas al periodista Luis Eduardo Lora. Otro ejemplo es el uso reiterado de los recursos del Estado en la campaña por la reelección presidencial del Dr. Leonel Fernández.

Y quizás el más escandaloso de todos, la firma y el mantenimiento en secreto del contrato con la Sun Land, y la defensa pública que del mismo hiciera el Presidente, no obstante estar claro que el caso conlleva procedimientos impropios en el uso de crédito internacional del país y la contratación de obras públicas, violatorios de la Constitución, de diversas leyes adjetivas y de acuerdos internacionales del país. Con el agravante de que todavía ni siquiera se ha aclarado a la Nación dónde están los US$130 millones que ahora el país debe.

• Comunicado emitido por Transparency International

El Movimiento Cívico Participación Ciudadana (PC) desea expresar su preocupación por la situación que afecta a la Junta Central Electoral (JCE), tanto en su coherencia interna como por la falta de respaldo a sus legítimos esfuerzos por reglamentar la campaña electoral en cumplimiento de su mandato constitucional y legal.

El fortalecimiento del máximo organismo rector y contencioso del sistema electoral   es fundamental para la preservación y perfeccionamiento del régimen democrático nacional, aún en proceso de afianzamiento.

Tanto los partidos políticos como los diversos sectores sociales y empresariales están en la obligación moral de subordinarse al supremo interés nacional, aceptando las legítimas decisiones de la JCE.

Nos contamos entre las instituciones que han dado firme apoyo a los esfuerzos de la JCE por reglamentar las campañas electorales para mejorar el sistema político y democrático, en aras de la transparencia y racionalidad en el gasto, la igualdad de oportunidades para todos los actores y para mayor garantía del inalienable derecho ciudadano a la libre y consciente elección. Tales objetivos son más imperativos porque hace una década los partidos políticos reciben financiamiento del presupuesto nacional.

Es sorprendente que la JCE no haya recibido mayor apoyo de las instituciones en el esfuerzo de reglamentación, ya que durante muchos años se ha clamado en el país por una limitación de la extensión y el costo de las campañas electorales. Pareciera que faltan muchas energías todavía para que esta nación pueda ordenarse democráticamente y superar las rémoras que le impiden alcanzar mayores niveles de desarrollo.

La negativa de los partidos mayoritarios a acatar la Resolución 07-2007 que prohíbe la publicidad proselitista hasta que se inicie oficialmente el período de campaña electoral es un desafío a la autoridad de la JCE que deja en crisis el sistema electoral. Esa situación tiene que ser urgentemente superada para preservación de la institucionalidad democrática, en juego una vez más por el proceso electoral llamado a culminar dentro de seis meses.

Es insustancial el argumento de que la JCE se excede al establecer límites al proselitismo y que viola derechos constitucionales. El artículo 92 de la Constitución de la República establece claramente que "las elecciones serán dirigidas por una Junta Central Electoral y por juntas dependientes de ésta, las cuales tienen facultad para juzgar y reglamentar de acuerdo con la ley". Así mismo, los artículos 87 y 88 de la Ley Electoral 275-97, indican cuando comienza y termina el período electoral.

Resulta obvio que la JCE tiene facultad para disponer el retiro de cualquier propaganda que viole principios constitucionales o alguna ley, como el mensaje proselitista que empleó a un miembro activo de las Fuerzas Armadas. Lo que no debió fue permitir que pasara un mes para tomar la decisión.

También tiene facultad para limitar el inicio de la campaña electoral, aspecto básico del proyecto de reglamento sobre el que se viene discutiendo hace más de 4 meses, y sobre el cual fueron consultados los partidos políticos y la sociedad en general. Pero la JCE debió decidir sobre todo el reglamento y no improvisar la puesta en vigencia de uno solo de sus aspectos.

Queremos dejar constancia de que reconocemos la legitimidad del reclamo de los partidos de oposición en el sentido de que es inadmisible la prohibición de la propaganda electoral de los partidos si no va acompañada de igual medida para la que mantienen diversos organismos estatales que promueven al presidente-candidato, incluso con sus consignas electorales.

Insistimos en la legitimidad de la reglamentación de la campaña y el financiamiento de los partidos, materia en la que se ha avanzado mucho en diversos países, sin menoscabo de los derechos constitucionales.

Pero para superar la preocupante situación en que se encuentra el sistema electoral lo más urgente es que la JCE logre una mayor cohesión interna, que las legítimas diferencias entre sus miembros titulares sean dirimidas en su seno sin ser transportadas a la opinión pública y que se acepten las decisiones mayoritarias.