Participación Ciudadana expresa preocupación por la exclusión de Varios de los Imputados en el Caso PEME
El Movimiento Cívico, Participación Ciudadana expresa su desacuerdo con la decisión tomada por la Fiscalía del Distrito Nacional de excluir del expediente del Caso PEME a una parte de los implicados. Esta exclusión no tiene ninguna fundamentación legal y crea, por el contrario, un nuevo precedente nefasto y adverso en la lucha contra la corrupción y la impunidad en la República Dominicana.
El pasado 20 de febrero del 2007, la Segunda Sala Penal fue apoderada por la Fiscalia del Distrito Nacional, de una solicitud de exclusión del expediente de cuatro de los siete implicados, debido, según la Fiscalía, a que no existen indicios que comprometan su responsabilidad penal. Los beneficiados con la exclusión son: Diandino Peña, ex Secretario Administrativo de la Presidencia, ahora Gerente General del Metro Santo Domingo con rango de Secretario de Estado; Simón Lizardo Mezquita, ex Secretario Administrativo de la Presidencia, en la actualidad Contralor General de la República; Haivanjoe Ng Cortiña ex Contralor General, hoy Superintendente de Valores y Noe María Camacho.
En el mismo acto la Fiscalía presentó cargos contra Luís Inchausti, León Antonio López Mata y Grecia María Peguero y solicitó a la Cámara de Cuentas un nuevo experticio contable a los fondos del PEME.
El Misterio Público no tiene competencias naturales para excluir a ningún imputado en un caso que no esta en este momento en fase de investigación y sobre el cual existen varias decisiones jurisdiccionales, comenzando con la Providencia Calificativa que envía a juicio a los imputados, de fecha 6 de junio del 2001, decisión que fue ratificada por la Cámara de Calificación, el 8 de marzo del 2002, mediante la cual fue apoderada la Primera Sala Penal.
En este caso el procedimiento preparatorio, que tiene por objeto la determinación de los fundamentos para dictar apertura a juicio o no, mediante la recolección de los elementos de prueba que permitan basar la acusación del Ministerio Público o del querellante, concluyó de manera satisfactoria con el pronunciamiento de una Providencia Calificativa.
El Ministerio Público, en esta oportunidad sólo debe avocarse a redactar el Acta de Acusación, en virtud del nuevo Código Procesal Penal, teniendo como elementos para la sustentación de la misma, la propia providencia y las otras decisiones jurisdiccionales existentes en este caso, con las mismas pruebas que se presentaron y que fueron ponderadas en el Juzgado de la Instrucción, como son las aportadas por la Contraloría General de la República, la Junta Central Electoral, la Policía Nacional y los interrogatorios practicados en diferentes fases del proceso.
El Ministerio Público debe ser único e indivisible, en el tiempo, en el interés que pueda actuar en la jurisdicción competente y continuar haciéndolo durante todo el juicio sosteniendo la acusación, que es lo único que tiene que realizar la Fiscalía del Distrito Nacional.
La decisión no fundamentada del Ministerio Público es un golpe mortal a la lucha contra la impunidad, por el adecentamiento de la actividad política y contra la corrupción administrativa. De seguir el derrotero que lleva este expediente de corrupción, que involucra a funcionarios de la anterior y la actual gestión del Dr. Fernández, se fortalecería la idea de que el sometimiento de otros casos de corrupción en los que pueden estar involucradas pasadas autoridades gubernamentales, sea visto como arma de lucha política y no formando parte de un plan integral para enfrentar la corrupción administrativa.
Condenamos de antemano cualquier intento de desistimiento de la acción pública, por parte del Ministerio Público o que desde el Poder Judicial se declare extinguida la acción penal, como artificio jurídico para liberar de la responsabilidad penal a los imputados en este escandaloso caso que involucró un presunto desfalco al Estado Dominicano por RD$ 1,427 millones.
Esperamos que los jueces apoderados del caso, se resistan a dar un paso de esta naturaleza, pues el mismo establecería un precedente funesto y desmentiría los esfuerzos que se han venido realizando para borrar la imagen de impunidad en los delitos de corrupción que tanto descrédito han llevado al Sistema Judicial Dominicano.
