Lo Que Esperamos Del Nuevo Congreso Nacional

El pasado 16 de agosto han asumido sus funciones 32 senadores y 178 diputados, que constituyen el nuevo Congreso Nacional de la República Dominicana para el período constitucional 2006-2010. El Congreso Nacional representa uno de los principales poderes del Estado que tiene la triple competencia de legislar, representar y fiscalizar a favor del interés público. Sin embargo, el país ha vivido recientes experiencias en las cuales los legisladores han actuado de espaldas a la sociedad, aprobando iniciativas que comprometen gravemente el patrimonio del Estado y descuidando gravemente sus responsabilidades de representar la ciudadanía y vigilar por la buena marcha de la gestión pública.

Ante un nuevo Congreso Nacional, en el que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD)  tiene mayoría en ambas cámaras, el movimiento cívico Participación Ciudadana  aspira a que los congresistas asuman sus atribuciones observando una conducta ética, transparente y receptiva, que les permita ser los verdaderos representantes de los electores que les han endosado su voto en las elecciones generales. En particular, les pedimos públicamente a los legisladores y legisladoras electos asumir los siguientes compromisos:

1-Una Política que fortalezca la gobernabilidad[1] . Es necesario que el Congreso Nacional actúe como representante de los intereses de la ciudadanía y no exclusivamente de los partidos políticos allí representados, de sectores empresariales y sus intereses personales. Los legisladores deben tomar sus decisiones sobre la base de una consulta permanente con la ciudadanía, sometiendo a un minucioso estudio las iniciativas presentadas,  respetando la voluntad de la mayoría, pero sin violentar los derechos de la minoría. Proponemos que el Congreso Nacional adopte una política que fortalezca la gobernabilidad democrática y propicie decisiones de alta legitimidad política y social.

2-Elección Institucional de la Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas y la Defensoría del Pueblo.El nuevo Congreso Nacional tiene la responsabilidad de designar los integrantes de diversas instituciones claves para la democracia dominicana. La elección de los miembros de la Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas y la Defensoría del Pueblo, debe hacerse sobre la base de una ponderación minuciosa de cada persona que vaya a ocupar uno de esos cargos y tomando en cuenta las posiciones de los diferentes partidos políticos y la ciudadanía organizada, propiciando la incorporación de personas íntegras y técnicamente calificadas para el desempeño de estas delicadas funciones.

3-Dar Continuidad a la Agenda Legislativa Pendiente. Una de las grandes responsabilidades de los nuevos legisladores es dar continuidad a la discusión de importantes iniciativas que habían sido presentadas por sus predecesores e incluso por el Poder Ejecutivo. Algunas de estas iniciativas están contenidas en la Agenda Legislativa Priorizada del Senado y otras ya han sido aprobadas por una u otra cámara. Dentro de esos proyectos pendientes podemos citar las propuestas de Código Civil Reformado, Ley Orgánica Municipal, Ley de Presupuesto, Ley General de Participación,  Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas y Ley Contra la Corrupción en la Administración Pública.

4-Ejercicio pleno de la Función de Fiscalización. El parlamento es un contrapeso sustancial de los demás poderes del Estado. Le corresponde la fiscalización de todos los poderes públicos incluyendo el Ejecutivo, el Judicial, los organismos descentralizados y autónomos y los municipios. Es hora de que el Congreso Nacional asuma plenamente su función de fiscalización, haciendo un estudio minucioso de la rendición de cuentas que cada año le remite el Ejecutivo y analizando los informes de auditoria proporcionados por la Cámara de Cuentas. Un efectivo cumplimiento de la función de fiscalización, implica además que los contratos nacionales y extranjeros así como los convenios y tratados provenientes del Poder Ejecutivo; Deben ser objetos de un cuidadoso estudio por parte de los legisladores, a fin de evitar la repetición de episodios desagradables, en los cuales el Congreso Nacional aprobó instrumentos onerosos para el Estado dominicano.

5-Una Política Moderada de Crédito Público. Esperamos que los legisladores adopten una política moderada respecto a los contratos de préstamos, emisión de bonos o aprobación de otros instrumentos que comprometan el crédito público. Es necesario que velen porque el Ejecutivo cumpla estrictamente la nueva Ley de Crédito Público y fomente una auténtica conducta austera en la administración de los fondos del erario. Una actitud irresponsable que conlleve a la aprobación de numerosos empréstitos sin la suficiente justificación, puede tener efectos nocivos para el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica y la definitiva superación de la crisis financiera que ha afectado al país en los últimos años.

6-Limitación de las pensiones privilegiadas.Uno de los elementos que más ha desprestigiado la actividad parlamentaria es la aprobación de leyes de pensiones a favor de cientos de personas, sin que se tomen en cuenta criterios apropiados, tales como, la labor desempeñada, la antigüedad en el servicio público y la edad. Este nuevo Congreso Nacional debe poner fin definitivo a las pensiones privilegiadas, reservándolas únicamente en casos excepcionales para aquellos ciudadanos y ciudadanas que haya prestado servicios eminentes a la nación y sobre la base de criterios previamente definidos y una evaluación minuciosa.

7-Detener la fragmentación del territorio nacional.  La República Dominicana no tolera que se siga dividiendo sin ningún reparo el territorio nacional, elevando de categoría a poblaciones que no reúnen los requisitos mínimos y creando nuevas provincias y municipios. El Congreso Nacional debe paralizar de inmediato la creación de nuevas demarcaciones territoriales hasta tanto no se apruebe la Ley Orgánica Municipal, que establece de manera estricta los requisitos que debe reunir un territorio para adquirir tal o cual categoría.

8-Respetar la Carrera Administrativa Legislativa. Las nuevas autoridades de la Cámara de Diputados y el Senado de la República están en la obligación de respetar la nueva Ley de Carrera Administrativa Parlamentaria, que consagra la inamovilidad para aquellos empleados de carrera del Congreso Nacional que han acumulado méritos y experiencia invaluables para el funcionamiento del organismo. Rechazamos cualquier tipo de “aplanadora” o despidos masivos que afecten al personal administrativo de carrera en el Congreso Nacional.

9-Mayor Transparencia. Finalmente, Participación Ciudadana espera que las nuevas autoridades del Congreso Nacional profundicen el proceso de reforma y modernización del organismo, y que muy especialmente tomen las medidas necesarias para que la labor del Congreso sea mejor difundida en la sociedad, para que la ciudadanía tenga libre acceso a las decenas de expedientes que se tramitan en ese organismo y las diferentes decisiones que adoptan las cámaras. Cada una de las Cámaras tiene pendiente la implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública, mediante la creación de las Oficinas de Acceso a la Información y la organización de páginas de Internet con información relevante sobre el funcionamiento de la institución y los datos particulares de cada uno de sus integrantes.

Desde Participación Ciudadana reiteramos nuestra voluntad de aunar esfuerzos con los legisladores y legisladoras en impulsar una agenda legislativa común, a beneficio del interés público; así como de fortalecer las competencias y calidades de las Cámaras para un mejor ejercicio de sus funciones de representación y fiscalización.