Designación rango de Secretario de Estado a Vincho Castillo

La designación con rango de Secretario de Estado del principal defensor de Ramón Báez Figueroa, implicado como el mayor responsable del más grande fraude bancario cometido en toda la historia de la vida nacional, pone en tela de juicio la política anticorrupción del presidente Leonel Fernández Reyna, consideró  hoy, el movimiento cívico Participación Ciudadana, a través de su Coordinador General el doctor Luis Scheker Ortiz.

El coordinador de PC, precisó que esta situación coloca en una situación bien difícil al Procurador General de la República, encargado de  la política criminal y anticorrupción del gobierno, quien en reiteradas ocasiones ha manifestado su  disposición de no dar tregua a  la corrupción, y se ha comprometido para que los fraudes bancarios no queden impunes.

El Dr. Sheker aclaró que con esta designación ya no se trata sólo de enfrentar jurídicamente al defensor de Baninter en los estrados, lo que ha venido haciendo con integridad y entereza el Ministerio Público, sino de enfrentar políticamente a un hombre que sabe usar los instrumentos del poder y que goza de la irrestricta admiración y confianza del  Presidente de la República.

En nota de prensa, Scheker Ortiz recordó que recientemente el Presidente de la Republica confesó que el  fundador del PLD, el extinto Profesor Juan Bosch, ex Presidente de la República,  junto con el activo dirigente de Fuerza Nacional Progresista, FNP, Dr. Mario Vinicio Castillo (VINCHO)  son sus dos admirados mentores políticos.

El dirigente del movimiento cívico no partidista,  entiende que no es ético ni institucional que este alto funcionario público, vista la toga, suba a estrado y postule en contra de los intereses del Estado al que oficialmente presta servicios, o mantenga una tribuna pública abierta, a favor de sus intereses particulares, haciendo uso de sus derechos ciudadanos, ahora que está investido de una función pública.

No obstante, Scheker Ortiz dijo que un abogado en ejercicio es libre de asumir la defensa de su cliente y creer hasta en su inocencia, pese a las pruebas que puedan presentarse en su contra. Sin embargo, no es compatible que una persona que se le ha confiado una alta representación en el Poder Ejecutivo, desempeñe esta función y al mismo tiempo este comprometido profesionalmente con un caso que atenta contra los intereses del Estado dominicano.

Precisó que el choque de intereses causa una profunda perturbación en la  política pública del Estado que parece no definirse, y se contradice ante una situación tan delicada como lo es la lucha contra la criminalidad y la corrupción.