2004: Un año de limitados avances

Al evaluar el año 2004 que finaliza, llegamos a la conclusión de que en ese periodo de doce meses, nuestro país logró, aunque de manera lenta, empezar a recuperarse de la profunda crisis en que fue sumergido con la quiebra fraudulenta de tres instituciones bancarias durante el año anterior; al mismo tiempo que se registraron limitados avances en lo político y lo institucional, como veremos a continuación.

1.- La marcha de la economía

El año 2004 siguió caracterizado por el impacto de la crisis bancaria que provocó un fuerte retroceso del crecimiento económico, alto nivel de inflación, agudización del desempleo, caída del salario real, menor provisión de servicios públicos y redistribución negativa del ingreso. Afortunadamente, el ambiente económico que se respira en los días finales del año es muy diferente al de sus inicios; mientras en los primeros meses la crisis macroeconómica se encontraba  en su apogeo, al finalizar el año la moneda se ha apreciado considerablemente, la inflación está bajo control y hay expectativas de que la crisis será superada gradualmente.

A la apreciación del peso dominicano ha contribuido la aplicación de una política de restricción monetaria y fiscal. La emisión monetaria ha bajado considerablemente, fruto de la colocación de grandes montos de certificados del Banco Central, lo cual ha traído como consecuencia un incremento de la deuda cuasifiscal en más de RD$50,000 millones, al pasar de RD$60,000 millones en el 2003 a RD$112,769 millones en noviembre del 2004. Esta nueva deuda que ha asumido el Estado, ha sido otro de los  efectos adversos derivados de la necesidad de recoger el valor total de los pesos que han sido emitidos para pagar el fraude bancario.

Basta señalar que solamente por las pérdidas que ocasiona la nueva deuda cuasifiscal, el Banco Central se descapitaliza cada día más. A noviembre su capital fue negativo en cerca de RD$90,000 millones y cada mes pierde alrededor de RD$3,000 millones más.

Por otro lado, la infraestructura del país se deteriora, los servicios públicos empeoran, incluyendo los hospitales, las escuelas, la seguridad pública y la justicia. Asimismo el nuevo sistema de seguridad social ha tenido que ser pospuesto en  varias oportunidades.

Dado los requerimientos del ajuste, el gobierno se ve muy limitado en su capacidad para hacerle frente a las expectativas ciudadanas. El balance es, persistencia de la pobreza en la mitad de la población dominicana.

De todas formas, el ambiente de crisis y el pesimismo de principios de año se ha ido diluyendo gradualmente. Según los datos del Banco Central, la economía ha venido mejorando en términos de actividades productivas, y el promedio de crecimiento hasta septiembre fue de 1.4%, con desempeño ligeramente positivo de la agricultura, las zonas francas, el turismo y las telecomunicaciones. En el último trimestre del año se estima un crecimiento de 2.8%, para terminar el año completo en un promedio de 1.8%.

Debemos señalar que la política fiscal ha ayudado a estabilizar la economía. Esto así, porque mientras el segundo acuerdo, firmado en febrero con el FMI, fue violado sistemáticamente por el anterior gobierno, al  incrementar el gasto publico en  el periodo previo al certamen electoral de mayo, en los meses recientes se ha aplicado una política fiscal  restrictiva, caracterizada por un aumento en los impuestos y una    disminución tanto de la inversión pública como de algunos subsidios generalizados. De igual modo se ha recurrido a recortes en la calidad y cobertura de servicios como la energía eléctrica y la salud.

El lado positivo de las políticas fiscal y monetaria adoptadas, es que han contribuido a frenar significativamente la inflación que, anualizada, se redujo a 35% en noviembre, tras haber superado el 65% en el mes de mayo pasado, estimándose que terminará el año entre un 30 y un 32%. Mientras las tasas de interés de los certificados emitidos por el Banco Central cayeron de un 60% al 30%. Aunque, debe decirse, que el creciente endeudamiento de esta institución puede convertirse en una fuente de inestabilidad en el futuro.

2.- En lo político e institucional

Gracias al progresivo mejoramiento del sistema electoral y a un gran esfuerzo participativo de la sociedad civil dominicana, así como al  apoyo de varios organismos internacionales y representantes diplomáticos acreditados en el país, las elecciones presidenciales de mayo concluyeron sin alteraciones ni impugnaciones, evidenciando un apreciable grado de madurez democrática, más significativo por la desconfianza que predominó frente a una Junta Central Electoral elegida originalmente sin el consenso de los actores políticos.

El avance de la institucionalidad democrática quedó plasmado en el hecho de que, por primera vez en la historia dominicana, un presidente que intenta la reelección se ve precisado a reconocer su derrota apenas 5 horas después de cerradas las urnas y sin que se realizara una sola impugnación a los resultados.

Aunque hubo abusos de poder y utilización de los recursos públicos en la campaña electoral, eso no fue suficiente para torcer la voluntad de una ciudadanía que ha aprendido a valorar el poder de su voto, lo cual estamos seguros contribuirá a una mayor limpieza en los procesos electorales futuros.

El deterioro de la imagen y la credibilidad de los partidos políticos que persistió este año es otro de los elementos preocupantes, en tanto esas entidades constituyen  el sustento fundamental de la democracia. Las expresiones más concretas fueron los fraccionamientos surgidos en dos de los tres partidos mayores y en algunos de los minoritarios, como consecuencia de la falta de democracia interna, de la cultura de la imposición y la incapacidad de concertación incluso dentro de las propias agrupaciones políticas.

En el ámbito legislativo resultó positiva la aprobación y promulgación de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública así como la sanción en la Cámara de Diputados del Proyecto de Ley para la Regularización y el Fomento de las Asociaciones sin Fines de lucro, fruto de un largo proceso de concertación  entre varios centenares de instituciones públicas y privadas.

Como nota negativa, debe señalarse, que esa misma Cámara de Diputados mantuvo congelada la ejecución de la Ley 19-01, que instituye el Defensor del Pueblo, legislación que al  comienzo del próximo año cumplirá  cuatro (4) años de promulgada.

Otros proyectos, como el de ley de Participación Social y el de Partidos Políticos siguen pendientes en las cámaras legislativas, mientras se aprobó sin suficiente ponderación ni consenso una Ley de Elecciones Primarias virtualmente inaplicable.

Afortunadamente, y gracias a un rechazo generalizado, el Congreso no aprobó el proyecto de Ley de Lemas que generó incertidumbres a comienzos del año, ya que  implicaría la posibilidad de postular múltiples candidatos presidenciales por cada partido político.

Importa señalar  que lograron superarse las tensiones surgidas en las relaciones entre el Poder Ejecutivo y las autoridades municipales, al quedar sin efecto algunas medidas que tendían a lesionar  la autonomía municipal.

3.- Justicia y Seguridad Ciudadana

A lo largo del año se acentuó la percepción negativa en torno al sistema judicial. La ciudadanía luce cada vez mas decepcionada sobre los resultados de las reformas judiciales de los últimos años, y en el 2004  creció la convicción de que la justicia sigue siendo lenta y clasista, alentando una impunidad que es, a su vez, caldo de cultivo para el desorden social, la delincuencia y el abuso en todas sus expresiones.

Un año más y la justicia dominicana siguió dejando pendiente numerosos expedientes de corrupción pública, sin que tampoco se diera un sólo paso de avance en dirección a sancionar la corrupción privada que hizo explosión en el fraude bancario  del año 2003, con un altísimo costo económico, social y moral para la sociedad dominicana.

La entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal es una promesa de mayor observación de los derechos individuales consagrados en la Constitución de la República y en numerosos tratados de los que la nación es suscriptora, así como de una justicia más expedita. Pero persisten temores de que no hayamos previsto todos los mecanismos auxiliares de la investigación judicial, lo que podría dificultar la    funcionalidad del nuevo sistema.

De todas maneras, el nuevo código se inscribe en la dirección correcta de garantizar la seguridad jurídica de la nación. Pero para ello es urgente una depuración, reorientación y modernización de la Policía Nacional, que ponga esa institución en capacidad de enfrentar la creciente delincuencia que afecta al país. Ha sido evidente que la promulgación de una nueva ley orgánica de la PN no ha sido suficiente para superar las rémoras que afectan a ese cuerpo del orden, y ha faltado la voluntad política para invertir los recursos financieros, tecnológicos y humanos imprescindibles para su transformación.

Como resultado de una Policía sin mecanismos suficientes de prevención de la delincuencia, de una parálisis judicial que promueve la impunidad, y de la persistencia de mecanismos de aniquilación de los delincuentes comunes por la vía rápida, este año las muertes de supuestos y reales delincuentes a manos de agentes del orden público alcanzaron cifras sin precedentes.

4.- Expectativas para el 2005

Las expectativas para el 2005 sugieren una economía que seguirá mejorando, aunque  muy lentamente. No se pueden esperar resultados espectaculares, sobre todo por el gran problema que significa la deuda del Banco Central, la cual obligará al gobierno a mantener una política fiscal y monetaria restrictiva, para evitar que resurjan presiones desestabilizadoras. Las proyecciones oficiales son de que el PBI crecerá un 2.5% y que la inflación se reducirá a un 13.5%. Pero para lograr esas metas necesitará del concurso de la comunidad internacional; por lo cual será imprescindible arribar al acuerdo con el FMI, cuya  formalización esta prevista para los primeros meses del 2005.

El próximo año deberá marcar un resurgimiento de las energías nacionales para reiniciar las reformas institucionales y sociales llamadas a fortalecer el proceso democrático. De tal manera que, junto con la recuperación económica, se logre reorientar la acción del Estado hacia un combate más efectivo de la inequidad y de la pobreza que abate a la mitad de la población.