La Reelección ha sido antidemocrática

El reeleccionismo, el continuismo en el poder, ha sido en el país, como en la mayor parte de las naciones latinoamericanas, fuente de corrupción y avasallamiento del pluralismo político y de aniquilación de las prácticas democráticas.

Para mantenerse en el poder nuestros gobernantes han apelado a todas las prácticas que vulneran la libre competencia, abusando de los recursos del Estado, persiguiendo a los opositores y doblegándolos mediante la coacción o el soborno, sin descartar el encarcelamiento, el exilio y el asesinato.

Las peores dictaduras latinoamericanas, como la de Rafael Leonidas Trujillo Molina, se afianzaron en el poder mediante los métodos más sangrientos y antidemocráticos, pero guardaron las formalidades instituyendo la reelección y realizando periódicas mascaradas electorales.

La experiencia es diferente en las sociedades europeas y norteamericana, donde la democracia lleva muchas décadas firmemente asentada y las instituciones operan independientemente de quienes estén al frente del Estado. Allí la reelección consecutiva de ninguna forma pone en peligro la institucionalidad democrática.

En la República Dominicana la precariedad institucional y el infantilismo democrático pesan todavía como un legado histórico que debemos superar. El día en que el presidencialismo y el abuso del poder no estén por encima de la institucionalidad del Estado no será ningún peligro reabrir las puertas a la reelección consecutiva, que casi siempre ha comenzado por “sólo una” para luego consagrarla por períodos indefinidos.

Reeleccionistas han sido en nuestra historia Pedro Santana, Buenaventura Báez, Cesáreo Guillermo, Ulises Heureaux, Horacio Vásquez, Rafael L. Trujillo y Joaquín Balaguer, quienes han gobernado la nación en más de dos tercios de los 158 años de vida republicana, la mayor parte de ellos bajo el signo de la dictadura o la tiranía.

En cambio, los presidentes más democráticos, desde el padre Gregorio Billini y el arzobispo Fernando Arturo de Meriño, a Ulises Francisco Espaillat, Juan Bosch, Antonio Guzmán, Salvador Jorge Blanco y Leonel Fernández, fueron los que no se reeligieron. Casi todos militaron en el anticontinuismo como forma de superar la opresión política.

Antirreeleccionistas fueron los Trinitarios, que en 1844 consagraron la no reelección consecutiva en nuestra primera Constitución, aunque de inmediato un cerco militar a la Asamblea Constituyente, ordenado por quien ejercía el poder (el general Pedro Santana) obligó a hacer una excepción otorgándole al mismo dos períodos consecutivos.

Enemigos jurados de la reelección y el continuismo han sido los más preclaros pensadores y conductores políticos de nuestra historia, desde Juan Pablo Duarte y Gregorio Luperón, hasta Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez.

Por lo menos 35 reformas a la Constitución de la República se registran en nuestra historia, en una ocasión hasta tres en el mismo año, y casi todas tuvieron que ver con los empeños continuistas de nuestros gobernantes o con los anhelos de los luchadores  democráticos por eliminar esa fuente de tiranía y opresión tras liquidar una dictadura.

Dijeron que no, pero se reeligieron

          Resulta relevante que los mayores reeleccionistas de nuestra historia dijeron profesar el anticontinuismo antes de llegar al poder, o cambiaron de criterio poco después de afianzarse en el mismo.

Ulises Heureaux era un militante del credo democrático, pero a partir del segundo período y tras ser convencido de que siguiera en el poder, renegó de los principios y terminó convertido en tirano hasta su ajusticiamiento en 1899.

Horacio Vásquez se juramentó en 1924 bajo el compromiso de la no reelección incorporada a la Constitución por reforma del mismo año, atendiendo a un amplio acuerdo político nacional. Cuando sus fanáticos promovieron la prolongación y luego la reforma para restaurar la reelección llegó a proclamar que “no permaneceré en la Presidencia de la República más de los cuatro años consignados en la reforma y resignaré el Poder ante la Asamblea Nacional”.

Tras la ignominiosa prolongación del período hasta 1930, y cuando se aprestaba a consumar la reelección, Horacio Vásquez fue depuesto por un “movimiento cívico” que denunciaba el continuismo, apoyado por el jefe de la Guardia Nacional, Rafael Leonidas Trujillo, abriendo las puertas a la más prolongada tiranía de nuestra historia.

Al aceptar su nominación a la presidencia de la República, Trujillo hacía profesión democrática y anticontinuista y proclamaba: “no hay peligro en seguirme, porque en ningún momento la investidura con que pueda favorecerme el resultado de los comicios de mayo servirá para tiranizar la voluntad popular a la cual sirvo en estos momentos y a la que serviré lealmente en el porvenir”.

Ello no fue obstáculo para que tan pronto se juramentara como presidente procediera a eliminar toda disensión y se reeligiera él mismo en 1934, l942 y l947, y para que impusiera presidentes títeres en otras tres ocasiones, siempre con farsas electorales, hasta caer ajusticiado en 1961.

Joaquín Balaguer se juramentó en 1966, afirmando: “El mandatario

que en estos momentos está obligado a cumplir y hacer cumplir la Constitución de 1966, no aspira a ser reelegido, y la única gloria que apetece es la de ser uno de los pocos dominicanos que saben anteponer la conveniencia de la nación y su porvenir democrático a sus propias apetencias y a sus propias ambiciones”.

Esa y muchas otras proclamas similares no le impidieron reelegirse sucesivamente en comicios siempre cuestionados, algunos de ellos sin oposición, en l970 y 1974 y luego en 1990 y 1994, manteniendo subyugadas las instituciones democráticas y con la nación al borde del enfrentamiento

Absolutismo presidencial y abuso del poder

El presidencialismo que ha regido la nación desde su fundación  ha facilitado el abuso del poder y de los recursos del Estado en los empeños continuistas, prostituyendo la acción legislativa y de la justicia, comprando opositores de todos los niveles y pasando a la persecución, cuando no han podido ser doblegados.

Están demasiado frescos en la memoria colectiva los procesos electorales viciados por la ambición continuista hasta 1994, cuando para superar una crisis política de grandes proporciones hubo de ser pactada una reforma constitucional, que prohibió la reelección, separó las elecciones presidenciales de las congresionales y municipales, estableció la mayoría absoluta para la elección del presidente, e instituyó los colegios electorales “cerrados” y el Consejo Nacional de la Magistratura para elegir la Suprema Corte de Justicia.

Los procesos electorales con reelección se caracterizaron en nuestra historia por el derroche de los recursos estatales para ganar simpatías y comprar votos y partidarios, subordinando la inversión pública al interés continuista, politizando a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional e instrumentando la justicia como mecanismo de persecución de los disidentes.

Todavía no hay garantías de que decenas de miles de  activistas y de cuadros altos y medios no puedan ser pagados con fondos del presupuesto nacional para promover el continuismo, y de que grandes partidas del presupuesto nacional no sean desviadas a la acción partidaria. Hasta el magnífico negocio que siempre ha sido la Lotería Nacional fue quebrado, como muchas otras empresas del Estado, en las campañas reeleccionistas.

La prueba de que todavía no existen esas garantías es que en los esfuerzos por restablecer la reelección presidencial, por legisladores del mismo partido en el poder han denunciado la concesión de privilegios y contratas como forma de comprar conciencias, así como numerosos mecanismos de presión. A pesar de que el Presidente de la República ha insistido en rechazar el proyecto continuista.

Sentimiento nacional y compromiso programático

El rechazo de la reelección presidencial inmediata es un sentimiento nacional bien profundo, enraizado en nuestra experiencia histórica, que se ha ratificado en las encuestas sobre cultura política y en las de estados de opinión.

Pero es también un compromiso del partido en el poder, del cual proceden ahora los mayores esfuerzos por revivir el continuismo, aunque desde su fundación ha consagrado la no reelección en sus estatutos y en sus programas de gobierno. Es justo consignar que muchos de sus legisladores y dirigentes, desde el Presidente y la Vicepresidenta de la nación, se han opuesto al empeño por reabrir las puertas al reeleccionismo.

Algunos de los que ahora desde el poder pretenden la reelección fueron compromisarios de los postulados de la Constitución de 1963, que la prohibió absolutamente, y de las reformas de 1994, que la vetan en períodos consecutivos.

Contradicen abiertamente los criterios del líder de ese partido, probablemente el más explícito teórico del antireeleccionismo en nuestra historia, el doctor José Francisco Peña Gómez, quien hasta su muerte en 1998 sustentaba que “el compromiso contraído por el Partido Revolucionario y sus dirigentes con la no reelección es insoslayable. Esos acuerdos están vigentes, son parte de la historia y de la mística del PRD, son parte de su orgullo, de su gloria, de su luto y de su sangre, de sus muertos y de sus vivos”.

Desde su tesis doctoral, publicada en parte recientemente por sus partidarios, Peña Gómez argumentó a fondo contra la reelección y el continuismo, llegando a sustentar que “es la marca que han dejado impresa en el derecho constitucional el despotismo y la opresión. Por  eso ningún gobierno que lo ha hecho consignar en una constitución ha sido plenamente democrático.”

El líder perredeísta añadía que “el estudio de las reelecciones revela la existencia de leyes históricas inmutables que nadie ha podido hasta ahora desafiar exitosamente en nuestro país. En efecto, todos los presidentes que han concurrido a las elecciones desde el poder han ganado las mismas indefectiblemente y tras cada victoria de los reeleccionistas la opresión ha sido mayor”.

No caben comparaciones con Estados Unidos

Los reeleccionistas de nuevo cuño han querido sustentar su empeño en la experiencia de los Estados Unidos, donde se permite una reelección consecutiva, o en las democracias parlamentarias de Europa, donde el continuismo no tiene más límites que los que puedan establecer los electores.

Pero esas comparaciones no tienen fundamento real y lucen hasta burlescas, a la luz de nuestra experiencia histórica, incluso la reciente, y de la debilidad de nuestras instituciones democráticas.

Las  reformas constitucionales de 1994 apenas han dado sus primeros frutos en las tres últimas elecciones nacionales, incluyendo las presidenciales de 1996 y 2000. Por primera vez en la historia dominicana tenemos tres comicios consecutivos sin que se haya producido la impugnación de los resultados ni siquiera en una sola mesa de votaciones.

Es obvio que la nación ha avanzado en estos últimos seis años en la institucionalidad democrática, pero todavía no lo suficiente para garantizar que no se repetirá el abuso del poder en el esfuerzo reeleccionista. El presidencialismo sigue siendo excesivamente fuerte, al amparo del artículo 55 de la Constitución.

Faltan todavía muchas otras reformas para disminuir el presidencialismo, para que la Contraloría General de la República, la Cámara de Cuentas, y el ministerio público sean independientes del Poder Ejecutivo y cumplan eficientemente sus funciones, y para que la justicia cumpla a cabalidad y diligentemente su responsabilidad de sancionar todo género de malversación de los recursos públicos.

Tampoco hemos alcanzado la madurez institucional para que el Congreso Nacional, más allá de las lealtades a partidos y gobernantes, cumpla su misión de vigilancia y control de los desbordamientos del Poder Ejecutivo.

Cuando se concreten todas esas reformas no causará incertidumbre ni aprensiones el restablecimiento de la reelección presidencial en períodos continuos. Seguramente que entonces tampoco se dividirán enconadamente los partidos, los legisladores y las instituciones sociales en las discusiones del tema. Ni el mismo tendrá un rechazo tan generalizado de la opinión pública nacional.

Trabajemos todos intensamente por precipitar esos cambios y perfeccionar la convivencia democrática. Entonces Participación Ciudadana carecerá de argumento para solicitar que se mantenga siquiera por una o dos décadas la prohibición de la reelección presidencial inmediata.-

Comisión de Reformas Políticas de Participación Ciudadana