Urgen Acciones para racionalizar el Gasto Público y enfrentar la Impunidad

El primer aspecto contemplado en el documento “Por un Compromiso Ético Para el Ejercicio del Poder” publicado el pasado 12 de agosto, por nuestra organización Participación Ciudadana, en ocasión de la toma de posesión del Presidente Leonel Fernández Reyna, se refiere a la necesidad de aplicar una política racional en el gasto público.

En ese sentido, escuchamos con satisfacción que en su discurso de toma de posesión el Presidente Fernández Reyna manifestó su disposición a reducir los gastos del Estado al menos en un 20%, suprimir los cargos públicos excesivos y no permitir gastos dispendiosos en automóviles, llamadas telefónicas, viáticos y otros de similar naturaleza.

Sin embargo, hemos visto con preocupación como a un mes de iniciada la presente gestión se ha continuado con la vieja práctica de realizar nombramientos en posiciones no incluidas en el organigrama del gobierno, como son los casos de múltiples Secretarios de Estado sin Carteras, Subsecretarios y Vicecónsules sin funciones específicas, al mismo tiempo que se mantienen otras funciones que, a todas luces, compiten entre sí. El caso más dramático es el relativo a las políticas sociales, donde diferentes instancias, algunas de ellas creadas por decreto, están organizando áreas de acción social que sólo han servido en el pasado como caldo de cultivo para prácticas corruptas y para desviar recursos a manos de particulares.

Debe señalarse además, que mientras se mantienen y crean nuevos puestos inorgánicos, muchos servidores públicos amparados por la ley 14-91, de Servicio Civil y Carrera Administrativa, han sido expulsados de sus puestos, al igual que en gobiernos anteriores, sin tomar en cuenta la inversión que ha hecho el Estado en su preparación técnica y la experiencia acumulada.

En cuanto al manejo de los fondos públicos, insistimos en la necesidad de que el Presidente de la República instruya a sus funcionarios para que las compras gubernamentales y las asignaciones de obras cumplan con los mecanismos de licitaciones y concursos transparentes, para evitar la corrupción y el tráfico de influencia que trae aparejado el otorgamiento de contratos grado a grado.

Asimismo, estamos todavía a la espera de la disposición anunciada por el Presidente Fernández Reyna para fijar salarios a los funcionarios consulares, suprimiendo la práctica clientelista de usar los nombramientos de cónsules para favorecer amigos y relacionados con ingresos extraordinarios pertenecientes al erario público.

Por otro lado, vencido el plazo para que los funcionarios nombrados en la presente gestión como los salientes den cumplimiento a la ley 82-79 que obliga a la Declaración Jurada  de Bienes, Participación Ciudadana se une a la exigencia que ha venido haciendo el Ministerio Público de que los servidores del Estado acaten esta disposición legal.

Corrupción e Impunidad

Resultó alentador escuchar al Presidente Fernández Reyna expresar que la corrupción es moral y legalmente inaceptable, que su gobierno se ocupará de prevenir, detectar, perseguir y castigar todo acto doloso, así como que pedirá rendición de cuentas y no será abanderado del borrón y cuenta nueva. De igual modo fue grato su pronunciamiento en el sentido de que debe erradicarse de nuestra sociedad el tráfico de influencias, el clientelismo y el enriquecimiento ilícito.

No obstante, hemos observado con asombro el nombramiento en posiciones importantes de la Administración Pública de personas con expedientes de corrupción pendientes en la justicia dominicana, lo que envía una señal negativa a la ciudadanía y a la propia justicia, pues puede interpretarse que desde el Poder Ejecutivo se pretende cobijar y proteger ex funcionarios con el fin de que la Justicia los absuelva, cuestión más grave aún en aquellos casos donde los nombramientos otorgados tienen que ver directamente con la fiscalización del uso de los recursos públicos.

A lo anterior se agregan los escándalos de corrupción recientemente descubiertos y que han estremecido a la ciudadanía, entre otras razones porque proceden de dos instancias públicas responsables de la persecución de los delitos y la seguridad ciudadana. Nos referimos, por una parte, a los tráficos de indultos, que involucra a pasadas autoridades del Ministerio Público. Y, por otro lado, el uso por la propia policía de vehículos robados y recuperados. Estos hechos deben ser investigados a profundidad y sancionados ejemplarmente de acuerdo a lo establecido por las leyes. La sociedad dominicana no puede seguir haciendo de la impunidad su estandarte.

Participación Ciudadana entiende que este último caso está poniendo a prueba la aplicación de la Ley 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública, al negarse la Policía Nacional a entregar la lista con los nombres de los beneficiarios del uso de los vehículos, cuestión inadmisible, que todos los ciudadanos debemos enfrentar.

Este movimiento cívico no partidista reitera las sugerencias realizadas al Presidente de la República en el documento público remitido en víspera de su toma de posesión y se pone a su disposición para colaborar en todas aquellas iniciativas que permitan enfrentar la impunidad y hacer más eficiente el gasto público.