Su contrato con la SunLand Corporation

1.Participación Ciudadana ha recibido y analizado los documentos relacionados al contrato de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) y la empresa SunLand Corporation para la venta en el mercado internacional de pagarés por un monto de 130 millones de dólares. También hemos ponderado comunicados de esta y otras empresas, así como opiniones de abogados, entidades políticas y agentes de opinión pública.

2.Resulta sorprendente que el secretario de Estado Félix Bautista, firmante de la «Carta-Acuerdo» junto a la señora Heredia Lombert, gerente general de la Sun Land, y el gobierno mismo hayan guardado silencio pese a la gravedad de aspectos involucrados en lo que para muchos es un nuevo escándalo político administrativo.

3.Del análisis de la información disponible se puede concluir que el 12 de mayo del 2006 el presidente Leonel Fernández, mediante el oficio 106-06 otorgó un poder al ingeniero Félix Bautista, secretario de Estado y director de la OISOE, para que «a nombre y en representación del Gobierno Dominicano» firmara un contrato con la indicada empresa por 130 millones de dólares para el suministro de materiales, equipos, productos y servicios de construcción para una serie de obras públicas.

4.Aunque no se han podido conocer los términos del contrato, sí son de dominio publico los de una «carta-acuerdo» que comprometió al Estado dominicano con la venta en el mercado internacional de 19 pagarés por la indicada suma y que ese documento establece que el repago de los mismos sería incluido en los presupuestos de la OISOE del 2007 y 2008 y serían registrados, como la deuda que son, en el Departamento de Crédito Público de la Secretaría de Finanzas (ahora Hacienda), la cual autorizaría el pago en las fechas en que se fueran venciendo, entre enero del 2007 y julio del 2008. Especifica que la Sunland o «cualquier otro tenedor cedido de los pagarés los harían efectivo y que tendrían «la mayor prioridad frente a todas las obligaciones internacionales del Estado Dominicano».

5.Tanto la «carta-acuerdo» como le letra de los pagarés no dejan la menor duda de que se trata de un endeudamiento en dólares contraído en el exterior por el Estado dominicano y que como tal debería registrarse en la Secretaría de Finanzas, ahora de Hacienda, y siguiendo los canales normales y legales los 130 millones de dólares, o el monto en que fueron vendidos los pagarés, debieron entrar al Banco Central de la República.  Preocupa además lo costoso que puede resultar este método de financiar obras públicas.  Cada pagaré estipula una penalidad por mora de 2.16% mensual, es decir un 25.92% anual, por lo que si no se paga a tiempo se sumarán al costo del descuento estos intereses sumamente gravosos.

6.Resulta obvio que el gobierno ha violado la Constitución de la República y la Ley de Presupuesto al contraer una deuda en moneda extranjera sin someterla a la aprobación del Congreso Nacional.  De acuerdo con la letra de los pagarés, el Estado no otorgó un aval o garantía, sino que asumió directamente una deuda, no subordinada a la ejecución de contrato alguno, por lo que su pago es obligatorio aún cuanto no se ejecuten las obras a que hace referencia el poder presidencial.

7.El secreto en que se hizo la operación y los intentos de ocultamiento que han seguido a su denuncia son relevantes de una turbiedad que choca con los principios de la transparencia y la rendición de cuentas que deben pautar toda gestión gubernamental. Comenzando por el hecho de haber realizado el contrato sin concurso público con una empresa que no había tenido relación con el sector de la construcción y a la cual ya  el año pasado hubo que anularle un  contrato por 132 millones de dólares para equipar la Policía Nacional, tras comprobarse que contenía sobrevaluaciones de hasta un 500 por ciento en vehículos, computadoras y otros equipos.

8.El caso es más grave por cuanto casi 17 meses después la mayoría de las obras indicadas en el poder autorizado por el Presidente de la República no han sido ejecutadas. Y más aún porque en abril pasado, a 11 meses de la autorización la empresa Sunland sostuvo que las obras no se habían ejecutado, en carta dirigida al secretario de Hacienda y hecha pública por éste en uno de múltiples intentos por confundir a la opinión pública, a veces con explicaciones simplemente políticas que ofenden la inteligencia de la comunidad dominicana.

9.Si ese dinero contratado por el Estado ha permanecido casi un año y medio en manos de la indicada empresa, nos encontramos ante un hecho sin precedente que amerita una exhaustiva explicación del gobierno y ya no del secretario Félix Bautista, sino del propio Presidente Leonel Fernández, quien no puede seguir indiferente ante el escándalo.

10.El presidente de la República debe dar cuenta cuanto antes de todos los detalles del contrato e informar dónde está depositado el dinero contratado, de cuánto es el descuento o los intereses que se pagan por el mismo y, si no se ha hecho, disponer que sea depositado en el Banco Central. Si alguna parte de los 130 millones de dólares ha sido invertida, debe publicarse una relación pormenorizada.  El silencio sólo serviría para agravar el escándalo.-

11.Contrato de Construcción de Obras Prioritarias (The SunLand Corporation R.D.)