Sobre la Reforma Constitucional

· Celebramos que los partidos mayoritarios hayan rechazado la reforma constitucional cocida al vapor por grupos de legisladores.

· Esperamos que el Presidente Hipólito Mejía asuma una posición definida al respecto y honre el compromiso perredeísta de amplia participación social y gobierno compartido.

Participación Ciudadana expresa su satisfacción por la decisión de los diputados de no repetir la celeridad del Senado de la República al aplazar para una próxima legislatura el conocimiento del proyecto de convocatoria a una reforma de la Constitución, y por su reconocimiento de que la misma debe conllevar una amplia consulta con toda la sociedad dominicana.

Insistimos en que mueve a justificadas suspicacias el afán de legisladores de ambas cámaras en promover una reforma constitucional sin guardar ni siquiera las consultas y búsqueda de consenso que hace tiempo es normal para cualquier proyecto de ley.

El firme rechazo expresado por dirigentes de los tres partidos mayoritarios a la forma en que se ha encaminado el proyecto de reforma constitucional debe traducirse en un aplazamiento por el tiempo necesario para que el propósito sea reorientado, mediante la consulta a los partidos políticos y a las organizaciones de la sociedad civil.

Como los diputados han anunciado que no conocerán el proyecto aprobado por el Senado en la legislatura extraordinaria en curso, el mismo habrá de perimir al pasarle dos legislaturas consecutivas. Esa circunstancia favorecerá la reorientación de la iniciativa, al dejar sin efecto la apresurada aprobación senatorial.

Merece ponderación que la Comisión Política del Partido Revolucionario Dominicano, en su sesión del martes 6 de febrero, decidiera no sólo instruir a sus diputados para que rechazaran el proyecto aprobado por los senadores, sino también que la reforma debe hacerse a través de una asamblea constituyente.

Al hacer pública la decisión, el presidente del PRD, Hatuey de Camps, recordó que la asamblea constituyente fue enarbolada firmemente por el desaparecido líder perredeísta José Francisco Peña Gómez y respaldada por el ahora Presidente de la República, Hipólito Mejía. Saludables son también las declaraciones de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Reformista Social Cristiano (PRSC) contrarias a la reforma constitucional precipitada.

Vale recordar que tal planteamiento se encuentra en varios de los programas de gobierno y en innumerables declaraciones de los principales líderes del PRD y del Partido de la Liberación Dominicana.

No ignoramos que el procedimiento de la asamblea constituyente no está previsto en la actual Constitución de la República, pero tenemos derecho a reclamar el cumplimiento de los programas y promesas empeñadas en las campañas electorales de las que surgieron los actuales legisladores y gobernantes.

Puede discutirse el mecanismo a seguir para la asamblea constituyente, que implicaría una reforma constitucional con el único objetivo de instituirla. En cualquier caso el sistema partidista tiene el compromiso y el deber de consultar al pleno de la sociedad para una reforma profunda, duradera y responsable, sobre todo ahora que no vivimos una crisis política.

La ponderación tiene que ser mayor si se trata de revocar cuestiones tan valoradas por la sociedad y tan vitales para la institucionalidad democrática y el fortalecimiento de los poderes judicial, legislativo y municipal, como han sido la inamovilidad de los jueces y la separación de las elecciones congresionales y municipales de las presidenciales.

Las circunstancias nos obligan a reiterar nuestro rechazo al propósito expresado por grupos de legisladores de autoprolongarse el período para el cual fueron electos, bajo el pretexto de volver a juntar en un mismo año las elecciones congresionales, municipales y presidenciales.

El Presidente Hipólito Mejía debe abandonar la posición de indiferencia en que se ha mantenido al respecto y asumir la responsabilidad que le concierne como dirigente de un partido históricamente comprometido con las reformas democráticas, con la participación y el gobierno compartido. Sobre esos planteamientos se reunieron los votos que lo invistieron como Presidente de la República.

La asamblea constituyente ha sido demandada en los últimos años por gran parte de las organizaciones de la sociedad civil, no para desconocer a los partidos políticos ni a los legisladores que elegimos, sino para ampliar el marco de nuestra democracia y para dotar al país de una Constitución que sea fruto del más amplio consenso político y social. No es para retornar al pasado de las minorías ilustradas, ni siquiera de distinguidos juristas, sino para avanzar al futuro de una democracia participativa, de todos y con todos.-