PC y FINJUS vigilarán proceso de escogencia miembros JCE

Jurista cree que el senado debe abrir un proceso público

Participación Ciudadana (PC) y la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) dijeron que no presentarán al Senado   propuestas de candidatos para la selección de los nuevos miembros de la Junta Central Electoral (JCE), pero anunciaron que permanecerán  vigilantes para que los escogidos sean  personas idóneas, que garanticen la transparencia, independencia  política y   de criterios.

Santiago Sosa, coordinador de PC, y  Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente de Finjus, en declaraciones por separado  abogaron porque  los senadores sean receptivos a la participación de todos los sectores y que serán celosos guardianes del proceso de selección de los jueces que hará el Senado.

Sosa manifestó que  Participación Ciudadana promoverá criterios que estén acorde con lo que entiende debe ser no solamente la conformación de la JCE sino  la del Tribunal Constitucuonal y del Tribunal Superior Electoral. Dijo que se aspira a  que  los seleccionados sean personas cuyos perfiles  garanticen “la idoneidad, la transparencia,  la independencia de criterios y la independencia política”.

Señaló  que esperan que, para la conformación de los nuevos miembros de la JCE,  el Senado elija  a quienes garanticen al país un organismo que realmente represente los intereses de la sociedad y que no obedezca a determinados intereses.

Castaños Guzmán declaró que en la  selección de los  miembros de la JCE lo que buscarán es que todo se haga sobre la base del consenso y que en el mismo  participen todos los miembros de la sociedad, pero que no promoverán candidatos.

En tono similar se pronunció el jurista Cristóbal Rodríguez, quien considera  que el Senado debe abrir un proceso público para que las distintas entidades puedan formular sus propuestas y que las mismas sean objeto de un escrutinio y una evaluación.

Declaró  que es necesario que los resultados de ese proceso sean los que determinen la  escogencia de los miembros del  tribunal electoral a fin de que  sean profesionales idóneos y sin militancia política, como plantea la ley.