PC presenta estudio de Indice de Transparencia 2010 en gestión pública

También indicó que los ministerios peor evaluados son Obras Públicas, Educación Superior, Interior y Policía, Fuerzas Armadas, Hacienda, Cultura y otros.

Participación Ciudadana en el marco del Programa Acción Ciudadana auspiciado por la USAID presentó la segunda entrega del Índice de Cumplimiento de Normas que promueve Transparencia en la Gestión Pública 2010, en el que fueron evaluados veinte ministerios y la Procuraduría General de la República.

El estudio reveló que doce de las 21 instituciones más importantes del gobierno central alcanzaron puntuación por encima de 60 puntos, lo que puede considerarse un avance en el proceso de transparencia.

Santiago Sosa, coordinar general de PC, dijo que el 57 por ciento de las instituciones analizadas obtuvieron más de 60 puntos, encabezadas por la Procuraduría General que obtuvo un Índice de 99, y los ministerios de Salud Pública y de Administración Pública, que alcanzaron 94 y 93 puntos, respectivamente. Por encima de los 80 puntos también quedaron los ministerios de Relaciones Exteriores (88.4) y Deportes, con 82.8.

Mientras que las peores evaluadas fueron los ministerios de la Presidencia, Educación Superior e Interior y Policía, las cuales alcanzaron índices de 1.9, 7.6 y 11.5 puntos, respectivamente. En ese orden siguen los ministerios de las Fuerzas Armadas, de Hacienda y Cultura, con índices de 27.1, 35.1 y 39.4 puntos.

Participación Ciudadana advirtió, sin embargo, que en las dos instituciones que obtuvieron mayor puntuación, se produjeron posteriormente acontecimientos lamentables. En el caso de la Procuraduría la renuncia de dos destacados profesionales, la arquitecta Maricela Vargas y el Ingeniero Roque Napoleón Muñoz, a la Comisión de Licitación, ambos por no estar de acuerdo con ciertos procedimientos aplicados.

En cuanto al Ministerio de Salud Pública se advierte que, luego de concluida la evaluación en febrero, se produjo una denuncia de irregularidades en la concesión de un seguro de vida para sus empleados, sin llenar los requisitos de licitación y en beneficio de familiares del titular de la cartera.

Situaciones de este tipo obligan a advertir que el Índice de Cumplimiento de Normas que promueven Transparencia en la Gestión Pública (ITEP-2010) no necesariamente pretende medir niveles de corrupción. Pero sí informar sobre el ambiente que impera en las instituciones que puede hacerlas más o menos propensas a la ocurrencia de actos corruptos.

El Coordinador General de Participación Ciudadana destacó que con excepción del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, todas las entidades evaluadas por segunda vez aumentaron la puntuación total obtenida, que en promedio pasó de 42.6 puntos en el 2007 a 74.4 ahora en el 2010.

“Esto revela un progreso en los esfuerzos por una mayor transparencia en la gestión pública, y es un buen indicador de lo valioso que puede resultar la aplicación de este tipo de instrumento”, señaló el coordinador general.

La caída del Ministerio de Obras Públicas es un revés lamentable, ya que del segundo lugar en el ITEP-2007 pasa a la posición 12 en el 2010, reduciendo su puntuación en 3.8 para quedar en 62.7 puntos.

Conviene advertir que, con la metodología empleada, una alta puntuación no exime de la posibilidad de corrupción, como una baja no implica necesariamente que la haya. No se trata de un instrumento de verificación o identificación de corrupción, que sería muy complejo sin una minuciosa auditoria.

ASPECTOS ANALIZADOS

La indagatoria ha sido básicamente sobre el cumplimiento de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, de la Ley sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y sobre la Ley de Función Pública.

Siguiendo la metodología del Índice de Transparencia Nacional (ITN) de Colombia, adaptada a la realidad institucional del país en la primera entrega del ITEP de la República Dominicana, en esta segunda versión del ITEP se mantienen tres factores fundamentales de transparencia como ejes de la construcción de indicadores y variables.

a. Visibilidad y Rendición de Cuentas: Publicitación, rendición de informes y capacidad de acceso de la ciudadanía a información institucional relevante, fidedigna y actualizada.
b. Institucionalidad y Eficiencia: Puesta en práctica de normas, procedimientos y controles reconocidos y precisos para limitar la discrecionalidad de funcionarios, empleados, políticos y particulares en el ejercicio de la función pública, así como desarrollo de medios claros para lograr la misión y objetivos institucionales de manera efectiva y equitativa.

c. Investigación y Sanción: Identificación, investigación y sanción oportuna y efectiva de hechos constitutivos de falta por parte de los servidores públicos, por parte de organismos de control interno y externo.

Los miembros del Programa Acción Ciudadana destacan que para la construcción del Índice, en ambas aplicaciones, se partió de indicadores sobre la presencia o ausencia de procesos informativos e institucionales, pero la metodología no incluía la fiscalización de la veracidad de dichos indicadores.

Por ejemplo, uno de ellos mide la cantidad de contratos otorgados por medio de licitación abierta o pública en los últimos doce meses, y de los elementos de prueba o comprobación suministrados por las instituciones, a través de la entrega de los contratos íntegros, las actas de adjudicaciones y los documentos evaluativos de las licitaciones. Pero se investigaba si había más contratos en la institución que no hubieran sido declarados o suministrados al equipo de evaluación.

Esta limitación metodológica impide la identificación de ocultamientos de procesos dudosos, como en el caso de las posibles contrataciones de bienes y servicios que se hubiesen otorgado de forma fraudulenta.

El primer índice (ITEP-2007) sólo abarcó a la Procuraduría General y 7 ministerios, que fueron los de Salud Pública, Educación, Relaciones Exteriores, Medio Ambiente, Trabajo, Agricultura y Obras Públicas.

Este estudio fue realizado durante tres meses por Participación Ciudadana en el marco del proyecto Acción Ciudadana por la Justicia y la Transparencia auspiciado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID).