PC monitorea Incentivos salariales en el sector Público

Participación Ciudadana realiza un “Observatorio Ciudadano de Seguimiento a la Administración Pública (OCSAP)”, con el propósito de dar seguimiento a la aplicación de la Ley de Función Pública No 41-08.

Javier Cabreja, director ejecutivo de PC, dijo que “para nuestra institución es de suma importancia un observatorio de esta naturaleza, pues entendemos que uno de los factores que implica riesgos altos de corrupción en la administración pública es la discrecionalidad en la designación de los servidores público; la cual obedece muchas veces  a consideraciones políticas, personales o clientelares.

Cabreja señaló que esta situación es una de las explicaciones de la ineficiencia, ineficacia y baja calidad en la prestación de los servicios públicos,  así como también del derroche de los recursos del Estado.

Por lo tanto, la aplicación real y efectiva de este marco legal, contribuiría sustancialmente a prevenir y combatir la corrupción administrativa y a elevar los niveles de calidad en la administración del Estado.

En ese sentido, desde el mes de enero del presente año, hemos solicitado información pública basado en la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, a ciento dos (102) instituciones del Estado, entre ellas todos los Ministerios y organismos centralizados y descentralizados del gobierno, incluyendo también a la Suprema Corte de Justicia, la Cámara de Cuentas, la Junta Central Electoral, el Senado de la Republica, la Cámara de Diputados.

Esta solicitud ha estado referida a los incentivos salariales de los altos funcionarios públicos, dentro de los que se destacan monto total de los mismos y detalle de las partidas que los componen, remuneración total del titular de la institución, servicios de telefonía móvil, vehículo oficial, combustible, chofer en el ejercicio de sus funciones.

De igual manera se ha solicitado la cobertura de los gastos en que incurran los funcionarios en caso de desplazamiento oficial, incluyendo: boletos aéreos, seguro de salud y de vida, seguridad personal, gastos de representación, entre otras informaciones. Todo este pedido se hace en el marco del levantamiento de información del observatorio ciudadano de seguimiento a la administración pública, cuyos resultados serán divulgados más adelante.

Aprovechamos la oportunidad para reiterar el llamado sobre la necesidad de la  aprobación sin demora del Proyecto de Ley sobre Regulación Salarial del Sector Público, que actualmente esta siendo conocido por el Congreso de la República. Estamos convencidos que el Estado necesita establecer políticas, normas y pautas para definir la retribución adecuada de todos los cargos del Sector Público Dominicano, incluyendo los de alto mando.

Regular la escala salarial es una imperiosa necesidad en nuestro país y esto contribuiría con la corrección de las distorsiones existentes, al reducir la brecha y proveer los mecanismos y procedimientos coherentes, apegados a los principios de transparencia y rendición de cuentas.

En las instituciones del Estado dominicano existen grandes distorsiones o inequidades con respecto a los salarios de los servidores públicos correspondientes a un mismo cargo; así como también en los beneficios extras que reciben para el ejercicio de sus funciones, los cuales no se hacen de público conocimiento, impidiendo así que la ciudadanía pueda saber si están justificados o no.