PC exige una modernización integral de las oficinas del Estado Civil

Ante los graves hechos y denuncias que en las últimas semanas han conmovido la opinión pública nacional en torno al funcionamiento de las Oficialías del Estado Civil, el Consejo Nacional del movimiento cívico Participación Ciudadana formula los siguientes planteamientos:

1.PARTICIPACIÓN CIUDADANAcensura los graves actos delictivos en los cuales se han visto involucrados diferentes Oficiales del Estado Civil, particularmente aquellos relativos a la simulación de matrimonios y otros actos solemnes, con el propósito de facilitar la obtención de pasaportes oficiales en beneficio de personas que no tenían la calidad necesaria para ello. Apoyamos la investigación iniciada al respecto por las autoridades judiciales y la Junta Central Electoral, demandamos que las mismas se profundicen con la adopción de las medidas administrativas que la situación requiere y la sanción judicial de los responsables.

2.Al constatar que el servicio que ofrecen a las Oficialías del Estado Civil a la ciudadanía sigue siendo deficiente y que estos organismos continúan trabajando sin suficiente regulación y supervisión, aplicando tarifas antojadizas y fijándose sus propios honorarios; llamamos la atención de la Junta Central Electoral para que cumpla con el mandato de la ley supervisando las actividades de estos organismos, estableciendo tarifas uniformes para todos los servicios que estos ofrecen y fijando salarios a los Oficiales del Estado Civil en correspondencia con las funciones que desempeñan y en cumplimiento de lo establecido por el Art.8 de la Ley 8-92, del 13 de abril del 1992.

3.Los ingresos de las Oficialías del Estado Civil, producto del pago de las tasas que realiza la ciudadanía al solicitar un servicio de estas entidades, son ingresos de carácter oficial y como tal, deben registrarse como parte de los ingresos propios de la Junta Central Electoral y considerarse para la estimación de su Presupuesto, conforme lo establecen las diferentes normas que han sido puestas en práctica en los últimos años por la Contraloría General de la República.

4.El pésimo servicio que, en sentido general, ofrecen las Oficialías del Estado Civil a la población, evidenciándose en que para obtener la certificación de una acta hay que esperar horas, días y a veces semanas; y que ha generado todo un servicio ilegal e inmoral de “buscones” y “tributarios”; debe llamar a reflexión a la Junta Central Electoral para que la modernización de las Oficialías del Estado Civil no se limite únicamente a la automatización del Registro Civil, sino que comporte una verdadera reingeniería institucional de estos organismos, estableciendo procedimientos que ofrezcan un servicio eficiente y rápido a los ciudadanos; al tiempo que se garantiza la preservación y seguridad de las actas del estado civil. Es necesario, en ese mismo sentido, que la Junta Central Electoral desempeñe las facultades de supervisión que le otorga la ley en esta materia, y que no espere el surgimiento de un conflicto para intervenir.

5.Por otra parte, entendemos que la Junta Central Electoral no debe oponerse a que los representantes del Ministerio Público en los departamentos judiciales correspondientes, supervisen el funcionamiento de las Oficialías del Estado Civil, en cumplimiento a lo establecido por la Ley 659 sobre Actos del Estado Civil. Esta supervisión de la Fiscalía, que debe hacerse en coordinación con el organismo electoral,  podría ayudar a prevenir la celebración de actos contrarios a la ley y mejorar la transparencia en el funcionamiento de las Oficialías.

6.El mejoramiento del desempeño de las Oficialías del Estado Civil debe también tomar en cuenta la necesidad de modificar la propia Ley 659 sobre Actos del Estado Civil. De manera particular, es necesario crear un procedimiento administrativo más ágil para las declaraciones tardías, que permita reducir la gran cantidad de personas cuya existencia no ha sido declarada.

7.Finalmente, Participación Ciudadana expresa su preocupación porque estos hechos se producen a menos de nueve (9) meses de la realización de elecciones congresuales y municipales, cuando se supone que la Junta Central Electoral tendría que tener sus principales energías concentradas en la organización de un proceso electoral complejo, que implica más de mil (1,000) puestos a escoger de manera simultanea. Es tiempo ya de que la Junta publique el Calendario Electoral y tome las medidas correspondientes para la organización del proceso, garantizando unos comicios justos, transparentes y confiables.