PC denuncia en Washington que en RD no hay voluntad política para impedir corrupción

El tema fue expuesto al concluir la Decimoséptima Reunión del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento a la Convención Interamericana Contra la Corrupción en Washington.

Washington D.C. Participación Ciudadana denunció que en la República Dominicana no se aprecia una voluntad política por parte del Gobierno para combatir la corrupción y que «hasta la fecha se exhiben pocos resultados por parte de las instancias responsables de perseguir y sancionar este delito».

Esta posición fue expuesta por Isidoro Santana, miembro del Consejo Nacional de PC, durante la conclusión este viernes de la Decimoséptima Reunión del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento a la Convención Interamericana Contra la Corrupción, que se llevó a cabo en la sede de la OEA en Washington, del 13 al 17 de septiembre.

Santana recalcó ante expertos anticorrupción internacionales que unos de los principales problemas es que República Dominicana carece de un marco legal que regule la venta de bienes del Estado y el otorgamiento de las concesiones, dejando en evidencia un alto margen de discrecionalidad, por lo que es más vulnerable a la corrupción.

Esto a pesar de que el Congreso de la República está apoderado de un proyecto de ley sobre concesiones hace más de tres años.

Durante la culminación del evento, Santana reiteró la necesidad de fortalecer la prevención e investigación de privilegios de todo tipo, por concepto de pagos que se efectúen en violación a las leyes, así como de la creación de legislaciones que rijan esta materia.

El Miembro del Consejo Nacional de PC,  denunció que otra debilidad del sistema dominicano es que el Estado no cuenta con una legislación que explícitamente niegue, impida o restrinja la obtención de beneficios tributarios mediante actos de corrupción, en tanto existen leyes que de manera indirecta impiden a funcionarios públicos y sociedades mercantiles u otro tipo de asociaciones la obtención de beneficios tributarios.

Señaló que el país también carece de mecanismos que garanticen la protección a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien actos dolosos.

El Informe presentado por PC a expertos internacionales además revela que tampoco hay un seguimiento a lasdeclaraciones de bienes que los servidores públicos deben hacer al entrar y salir del cargo, en violación a la ley de función pública.

Presentación Irregularidades

El Tercer Informe Alternativo presentado por PC ante la OEA plantea que pesar de que la República Dominicana cuenta con un marco legal que regula las exoneraciones para el pago de impuestos y en este caso en lo referido a las importaciones de vehículos de motor por parte de legisladores, indicó que amparados en la ley 56 de 1996 sobre exoneración impositiva a los vehículos importados por los senadores y diputados, entre 1 de diciembre de 2002 y 23 de octubre de 2009, los legisladores y las legisladoras importaron 678 vehículos por un valor 60 millones 014 mil 990.8 dólares equivalente a RD$1,993,111,047.27, para un sacrificio tributario de RD$1,022,473,031.08.

“Centrando el análisis en el período 2008-2009, los (as) legisladores (as) compraron vehículos de lujo por 549 millones 123 mil 022.58 pesos y se exoneró el pago de todos los impuestos por 300 millones 12 mil 636.74 pesos; una   cifras descomunal al compararlo con los niveles de pobreza de cada provincia”, expresó Santana.

Analizaran Problemática

En esta oportunidad, los expertos anticorrupción de los Estados Parte que integran el MESICIC analizan la implementación en Panamá, Chile, El Salvador, República Dominicana, Nicaragua y Las Bahamas de las disposiciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción relacionadas con la negación o impedimento de beneficios tributarios por pagos que se efectúen en violación de la legislación contra la corrupción, la prevención del soborno de funcionarios públicos nacionales y extranjeros, el soborno transnacional, el enriquecimiento ilícito y la extradición.

Propuestas para R.D.

El Comité de Expertos analiza, entre otros aspectos, el marco jurídico e institucional de la Republica Dominicana y formulará recomendaciones concretas para mejorarlo en temas de tanta sensibilidad e importancia como los aludidos anteriormente.

Asimismo evaluará los avances en la implementación de las recomendaciones que formuló a dichos Estados en relación con las materias que fueron analizadas en el marco de las dos rondas anteriores.

El MESICIC es un instrumento de carácter intergubernamental establecido en el marco de la OEA para apoyar a los Estados que son parte del mismo en la implementación de las disposiciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción, mediante un proceso de evaluaciones recíprocas y en condiciones de igualdad, en donde se formulan recomendaciones específicas con relación a las áreas en que existan vacíos o requieran mayores avances.

Para más información visite el Portal Anticorrupción de las Américas.