PC denuncia ante OEA incumplimiento de leyes contra corrupción en RD
Denuncia carencia de un marco legal que regule la venta de bienes del Estado y el otorgamiento de las concesiones.
Washington D.C. Participación Ciudadana, Capitulo Dominicano de Transparencia Internacional, denunció que el Estado Dominicano no cuenta con una legislación que explícitamente niegue, impida o restrinja la obtención de beneficios tributarios mediante actos de corrupción, en tanto existen leyes que de manera indirecta impiden a funcionarios públicos y sociedades mercantiles u otro tipo de asociaciones la obtención de beneficios tributarios.
Esta posición fue externada este miércoles por Isidoro Santana, miembro del Consejo Nacional de PC, durante la decimoséptima Reunión del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento que se lleva a cabo en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington del 13 al 17 de septiembre del 2010.
En la misma el Movimiento Cívico presentó el III Informe Alternativo de Seguimiento a la Implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción.
Santana informó que ante esta problemática, es preciso señalar la necesidad de que el Estado Dominicano incorpore a su marco legislativo una ley que aborde esta temática.
Al mismo tiempo señalo que es recomendable que el Estado Dominicano principalmente mediante la Comisión Nacional de Ética y la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa fortalezcan el rol de prevención e investigación de privilegios de todo tipo por concepto de pagos que se efectúen en violación a las leyes.
El miembro del Consejo Nacional de PC señaló en Washington que la Dirección General de Impuestos Internos debiera trabajar en la prevención del soborno en materia tributaria.
El Tercer Informe Alternativo presentado por PC ante la OEA plantea que pesar de que la República Dominicana cuenta con un marco legal que regula las exoneraciones para el pago de impuestos y en este caso en lo referido a las importaciones de vehículos de motor por parte de legisladores, indicó que amparados en la ley 56 de 1996 sobre exoneración impositiva a los vehículos importados por los senadores y diputados, entre 1 de diciembre de 2002 y 23 de octubre de 2009, los legisladores y las legisladoras importaron 678 vehículos por un valor 60 millones 014 mil 990.8 dólares equivalente a RD$1,993,111,047.27, para un sacrificio tributario de RD$1,022,473,031.08.
“Centrando el análisis en el período 2008-2009, los (as) legisladores (as) compraron vehículos de lujo por 549 millones 123 mil 022.58 pesos y se exoneró el pago de todos los impuestos por 300 millones 12 mil 636.74 pesos; una cifras descomunal al compararlo con los niveles de pobreza de cada provincia”, expresó Santana.
El Sr. Santana concluyo en la presentación del Informe Alternativo señalando que en términos de resultados objetivos no se precisa una voluntad política por parte del gobierno para combatir la corrupción, en vista que las denuncias realizadas principalmente por periodistas especializados/as en investigación, hasta la fecha se exhiben pocos resultados por parte de las instancias responsables de perseguir y sancionar este delito.
Al tiempo de indicar en el Mecanismo de Seguimiento a la Convención Ínteramericana Contra la Corrupción que en la actualidad en el país, no existe un sistema debidamente instaurado que garantice la protección a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción.
El Informe también revela que tampoco hay un seguimiento a las declaraciones de patrimonio que los servidores públicos deben hacer al entrar y salir del cargo, en violación a la ley de función pública.
A pesar de la regulación sobre soborno transnacional y local, no se demuestra una labor de prevención de este tipo penal y menos de concientización de la ciudadanía del tema y del marco legal vigente sobre el mismo.
El Movimiento Cívico informó que carecemos de un marco legal que regule la venta de bienes del Estado y el otorgamiento de las concesiones, dejando en evidencia un alto margen de discrecionalidad de manera que queda evidenciado la carencia de norma que regule este tema a pesar de que el Congreso de la República está apoderado de un proyecto de ley sobre concesiones hace has de tres años.
En ese mismo orden en República Dominicana tenemos pendiente la aprobación de la ley sobre partidos políticos y financiamientos de las campañas electorales.
Reunión Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC)
En esta oportunidad, los expertos anticorrupción de los Estados Parte que integran el MESICIC analizan la implementación en Panamá, Chile, El Salvador, República Dominicana, Nicaragua y Las Bahamas de las disposiciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción relacionadas con la negación o impedimento de beneficios tributarios por pagos que se efectúen en violación de la legislación contra la corrupción, la prevención del soborno de funcionarios públicos nacionales y extranjeros, el soborno transnacional, el enriquecimiento ilícito y la extradición .
Expertos formularán recomendaciones a R.D.
El Comité de Expertos analiza, entre otros aspectos, el marco jurídico e institucional de la Republica Dominicana y les formulará recomendaciones concretas para mejorarlo en temas de tanta sensibilidad e importancia como los aludidos anteriormente.
Asimismo evaluará los avances en la implementación de las recomendaciones que formuló a dichos Estados en relación con las materias que fueron analizadas en el marco de las dos rondas anteriores.
Cabe resaltar que antes de iniciar con los trabajos de esta reunión, está previsto un encuentro informal entre los miembros del Comité de Expertos y los representantes de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil de algunos de los países que serán analizados en esta ocasión.
El MESICIC es un instrumento de carácter intergubernamental establecido en el marco de la OEA para apoyar a los Estados que son parte del mismo en la implementación de las disposiciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción, mediante un proceso de evaluaciones recíprocas y en condiciones de igualdad, en donde se formulan recomendaciones específicas con relación a las áreas en que existan vacíos o requieran mayores avances. Para más información visite el Portal Anticorrupción de las Américas.
Ver informe: 
INFORME PC CONVENCION INTERAMERICANA CONTRA CORRUPCION
