PC califica como Anti Ética acciones Roberto Rosario.

Participación Ciudadana ha alertado al Senado de la República sobre la escogencia nuevamente de Roberto Rosario como juez de la Junta Central Electoral (JCE), ya que personalmente él ha cobrado cheques por los servicios que su oficina jurídica presta a la Lotería Nacional, lo que calificó como anti ético y un conflicto de intereses.

Dijo que hay cheques cobrados en los años 2004, 2005 y 2006 y 2008, y que se tiene la documentación y las pruebas necesarias para avalar la afirmación hecha.

En llamada hecha a El Gobierno de la Tarde, Javier Cabreja, director ejecutivo de PC, dijo que “Tenemos información de que por lo menos parte de los cheques que fueron pagados a la oficina del magistrado por parte de la Lotería Nacional fueron cobrados directamente por Roberto Rosario, hay cheques que les fueron etregados directamente a él por concepto de consultoría y asesoría jurídica”.

A su juicio, “Si hay un miembro de la Junta Central Electoral que mantiene sus oficinas abiertas, aunque esta persona no haga el trabajo de manera directa, es un conflicto de intereses el hecho de que su oficina haga ese trabajo a una institucion del Estado, porque en definitiva el miembro de la Junta Central Electoral recibe beneficios por el trabajo que desarrolla su oficina”.

Dijo que el Consejo Nacional de Participación Ciudadana está discutiendo sobre si el magistrado Roberto Rosario debe ser nuevamente escogido como juez de la JCE, a fin de fijar una posición definitiva ante el país.

Cabreja manifestó que PC ha hecho hincapié de que el Senado de la República debe escoger personas de una probada solvencia ética y moral incuestonable, y que personas que hayan sido cuestionadas por conflicto de intereses 

Cabreja dijo que a Participación Ciudadana le ha sorprendido que dicho magistrado tuviera una práctica privada y contractual con instituciones del Estado, ya que la propia Constitución y la Ley Ley Electoral establece que solo puede desempeñar actividades académicas u honoríficas.

Precisó que esa práctica «Es un contrasentido, un conflicto de intereses y una violación ética el hecho de que la oficina del presidente de la Cámara Administrativa de la JCE estuviera dando servicios a una institución del Estado y sobretodo a la Lotería Nacional, porque no se trata solo de servicio al sector privado, sino a una institución estatal».

“Esto genera mucha desconfianza, poca credibilidad en un organismo electoral cuyo presidente brinda servicio a una institución del Estado y que al mismo tiempo debe ser árbitro del proceso electoral y que se supone que debe tener una absoluta imparcialidad respecto a las distintas fuerzas políticas”, apuntó.

En otro orden, Cabreja sostuvo que PC no tiene candidatos a la Junta Central Electoral porque son  observadores de los procesos electorales y mal harían con ser juez y parte.

Observó, sin embargo, que previo a la escogencia de los jueces de la Junta Central Electoral debió haberse hecho una reforma a la propia Ley Electoral, adecuarla a la Constitución, porque la propia Ley Electoral debió establecer las condiciones requeridas para ser miembro de la junta.