Participación Ciudadana respalda posición del procurador general reabriendo la investigación en el caso Félix Bautista

La forma apresurada y el  momento escogido por el director de la Dirección de Persecución  contra la Corrupción Administrativa (DPCA) Hotoniel Bonilla,  para dictar un auto de archivo definitivo de la investigación contra Félix Bautista, apenas días antes del cambio de gobierno, generó un profundo malestar en la ciudadanía, situación que acaba de ser corregida por la decisión del Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito al solicitar a la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia la revocación del archivo definitivo, a los fines de que el ministerio público pueda investigar las denuncias presentadas por presuntos actos de corrupción cuando éste se desempeñaba como Encargado de la Oficina Supervisora de Obras del Estado (OSOE).

Participación Ciudadana respalda la medida adoptada por el Procurador General de la República, pues contribuye a devolver la confianza que debe existir en todos los casos de denuncias de corrupción, sin importar a quién involucre, para que sean investigados en forma seria y profunda.

En cada ocasión en que se presenta una denuncia de corrupción, corresponde al ministerio público realizar las pesquisas pertinentes para localizar y recolectar las evidencias, que permitan sustentar la acusación y obtener la sanción correspondiente.

Frente a las múltiples denuncias contra el senador Bautista, presentadas ante el ministerio público,  y reveladas por medios de comunicación, resulta inconcebible la inercia del titular de la  acción penal pública.

Varios medios de comunicación escritos y televisivos, como por ejemplo La Lupa,   han intentado obtener información pública de los  concursos, contratos de obras y cubicaciones, y   se les ha negado  la misma en violación a la Ley de Libre Acceso a la Información Pública.
Es de esperar que las investigaciones sean conducidas por personas distintas a las que produjeron el archivo definitivo de las mismas, y que puedan obtener toda la información que se les ha negado a los medios,  para que la misma sea sometida a expertos independientes de los costos de construcción y las posibles sobrevaloraciones de las obras.

Participación Ciudadana reafirma la necesidad de contar con un ministerio público  que cumpla con su misión de perseguir los actos de corrupción, recaudar las pruebas, presentar la acusación y obtener una sanción, para que se destruya  el nefasto precedente de que aquellos que manejan de forma impropia los fondos públicos puedan gestionarse la impunidad de sus actos.

Confiable y que sustente acusaciones en base a pruebas objetivas, en correspondencia a una política y de comprobar los hechos denunciados,  someter  a los responsables de la información a expertos independientes los costos de construcción y las denuncias sobre posibles sobrevaloraciones de las obras.

Consejo Nacional