Participación Ciudadana reclama acciones Ante informe LICITACIÓN PUBLICA realizado por la OPTIC.

Hace más de un mes que la Comisión Nacional de Ética entregó un informe publico sobre el caso de la LICITACIÓN realizada por la Oficina Presidencial de Tecnología de la Información y Comunicaciones (OPTIC) y hasta la fecha no se ha dado a conocer ninguna reacción oficial sobre las medidas tomadas con respecto a dicho informe.

En este informe la Comisión estableció que en dicha licitación se produjo un conflicto de intereses y un manejo ético inadecuado. Es claro que la Licitación realizada por la OPTIC violó el Plan Nacional de Ética, Prevención y Sanción de la Corrupción, formulado por la propia Comisión Nacional de Ética y avalado por el Poder Ejecutivo. De manera particular, con esta licitación se entra en contradicción con el pilar de acción 4, de Compras y Contrataciones, que establece que el Estado ha de velar porque el dinero aportado por los ciudadanos se canalice de la forma más eficiente y racional posible, indicando además que el ejercicio del poder de compra y contratación del Estado debe ser limpio como el Cristal, garantizándose las mejores condiciones económicas y de calidad.

Participación Ciudadana entienden que la inacción gubernamental con respecto a los resultados del informe de la Comisión Nacional de Ética resulta preocupante, ya que puede ser interpretado como que en el proceso de lucha contra la corrupción hay personas intocables que no se sujetan a los procesos de institucionalidad. Nuestra entidad que este es un pésimo precedente que arroja un manto de dudas sobre las posibilidades de que la Comisión Nacional de Ética pueda efectivamente cumplir con su papel. Es necesario que desde el ejecutivo se envíen señales de que se están dando pasos para superar la impunidad que ha prevalecido en la administración Pública.

Esperamos que este caso sea tratado con la objetividad y transparencia, y sobre todo que se tomen los correctivos de lugar, para que sirva de ejemplo a todos los funcionarios y servidores públicos. No habrá lucha contra la corrupción si persiste la percepción de que existen funcionarios colocados más allá de la institucionalidad y las leyes.