Participación Ciudadana realizó Panel “Impacto Económico, Social y la Situación Jurídica de los Casos Bancarios”

Con el tema “Impacto Económico, Social y la situación Jurídica  de los Casos Bancarios”, Participación Ciudadana realizó un interesante panel en la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA).

En la actividad participaron como expositores el Dr. Tomás Hernández Mets, Abogado del Consejo de Defensa de la Autoridad Monetaria y Financiera y el Lic. Alfonso Abreu, renombrado economista y miembro del Consejo de nuestra entidad, quienes manifestaron sus valoraciones sobre las repercusiones jurídicas, económicas y sociales de estos hechos.

También hicieron uso de la palabra el Coordinador General de Participación Ciudadana, Porfirio Rodríguez,  quien dio el discurso de apertura y el doctor Juan Germosen, director de la Escuela de Derecho de UTESA; quien dio las palabras de bienvenida.

El objetivo de este panel  es que los participantes profundicen sus conocimientos sobre la Situación Jurídica de los Fraudes Bancarios y las Consecuencias Económicas y Sociales por las cuales atraviesa el país.

Participación Ciudadana desde su nacimiento asumió el compromiso de despertar la conciencia de la gente sobre sus derechos políticos y sociales, al tiempo de movilizarla por la profundización de las reformas democráticas y por el combate a la corrupción en todos los ámbitos.

Este movimiento cívico ha tenido un discurso coherente frente al fenómeno de la corrupción, por el debilitamiento que produce en el funcionamiento de un sistema democrático, impidiendo el fortalecimiento de nuestras Instituciones y por ende el establecimiento de un Estado de Derecho.

La quiebra fraudulenta del BANINTER, del MERCANTIL y del BANCREDITO seguirán afectando por muchos años la economía y a la población dominicana, por lo que desde Participación Ciudadana, nos sentimos en la obligación de no dejar que se borre de la memoria colectiva, de tal manera que no se olviden los hechos ni los protagonistas de esos enormes fraudes bancarios, porque la misma fue consecuencia de graves violaciones a la ley, que deben ser juzgadas y sancionadas por los tribunales de la República.

Mantenemos la esperanza de que en esta ocasión no prevalecerá la impunidad y que nuestro sistema judicial sancionará debidamente a los responsables, sin dejarse intimidar por el poder mediático, poder político, económico de los imputados.