Estamos obligados a promover la profesionalización de la administración pública y a que esta sea más eficiente y productiva

Uno de los ejes fundamentales para el crecimiento de la institucionalidad en los países son los servidores públicos, diversos estudios demuestran que un aumento en la profesionalización de éstos, incrementa la eficiencia del Estado, reduce la burocracia, disminuye los niveles de corrupción, entre otros factores, que aumentan la confianza de los ciudadanos en los órganos de administración.

Conociendo las características anteriores, el Estado dominicano, a través de la ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END), trazó como parte de sus objetivos  “Fortalecer el Servicio Civil y la Carrera Administrativa, respetando la equidad de género, para dotar a la Administración Pública de personal idóneo y seleccionado por concurso que actúe con apego a la ética, transparencia y rendición de cuentas, mediante mecanismos de ingreso, estabilidad, promoción y remuneración por resultados, méritos, idoneidad profesional y ética” (objetivo 1.1, numeral 1.5).  Este, vinculado con el Art. 29 de misma ley, otorga un plazo no mayor de 10 años para que todos los empleados y empleadas de la administración pública, se incorporen a la Carrera Administrativa.

A 8 años de la entrada en vigencia de dicha ley cabría preguntarnos, ¿cuáles han sido los resultados?  Desde un punto de vista cuantitativo, falta un largo trecho por recorrer para lograr el cumplimiento del mandato de incorporar el 100% de los empleados/as públicos/as a la carrera administrativa y especial, cuando se cumpla el plazo de 10 años previsto por la Ley 1-12, en el año 2022.

En términos generales y con los datos que contemplamos en el estudio que realizamos junto a OXFAM, Ciudad Alternativa y Fundación Solidaridad, “Evolución de la Carrera Administrativa y Especial en la República DominicanaCLIK AQUÍ, el número de funcionarios públicos de carrera, contados desde 1995 hasta el 2018 y de los funcionarios que reporta el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP), el porcentaje de empleados de carrera solo alcanza cerca del 10%, pero, si se incluyen a los de carreras especiales como los maestros, diplomáticos, Ministerio Público, este porcentaje aumenta a cerca de un 25%. Cabe señalar que estos datos solo evalúan los funcionarios de la administración registrados en el SISMAP, por lo que, en realidad, el porcentaje de empleados de las carreras administrativa y especial es mucho menor del 25%, tal como reflejamos en el estudio realizado, ya que falta agregar el resto de los empleados del gobierno central que no registra el SISMAP y los funcionarios pertenecientes a instituciones descentralizadas y autónomas del Estado dominicano. Veamos algunos datos:

El 91% de los que ingresaron a la carrera administrativa han entrado por evaluación interna (antes del 2015). Los que entraron por concurso desde el 2003 hasta ahora, solo alcanzan el 8.34% y desde la implementación de la Estrategia Nacional de Desarrollo, un 5.75%. Así que bajo la modalidad de concurso por oposición solo 71 personas han entrado a la carrera, desde 2016 a la fecha, lo que significa un 0.22%. Esto reafirma la opinión generalizada sobre las dificultades de los procesos de entrada a la administración pública por concurso: son muy difíciles, burocráticos y restrictivos, de acuerdo con un cuestionario aplicado durante el estudio que hemos citado.

En cuanto a las carreras especiales existe un desbalance de los ingresos, el 96.8% ha entrado a la Carrera Docente, 1.7% a la Carrera Tributaria, un 0.2% a la carrera diplomática y 1.3% al Ministerio Público. Estos datos evidencian que las principales metas del sistema de carrera dominicano es la profesionalización en materia docente, los demás son casi nulos, comparado con la alta nómina pública ascendente a 365,000 personas, sin contar los guardias y policías, ni las denominadas nominillas que tienen cabidas en diferentes áreas de los gobiernos. En resumen, el 74.7% de los empleados públicos no son de carrera, el 9.4% pertenecen a la carrera administrativa y un 15.8% pertenecen a la carrera especial, sobre todo los profesores.

Otros datos importantes para relacionarlos con la crisis sanitaria que nos afecta, tanto la creada por el COVID-19, como las deficiencias del sistema de salud y seguridad social anteriores al virus,  es que el 46% de los servidores públicos, gana sueldo mensual menor que el costo de la canasta básica, calculada por el Banco Central, que es de RD$31,000, y el 38% de ellos tiene más de 50 años, lo que los hace especialmente vulnerables al contagio del COVID-19. Esto unido con el exceso de empleados públicos, una parte importante de ellos trabaja en ambientes hacinados.

Uno de los problemas más preocupantes de la República Dominicana, ha sido que el alto crecimiento económico exhibido en las últimas décadas ha sido muy desigual, asimétrico e inequitativo en la distribución de la riqueza creada por este crecimiento. Después de la crisis sanitaria y la económica derivada de la primera, el país está obligado a enrumbarse por una ruta diferente en cuanto a la racionalización de los recursos humanos que sirven al Estado y sus instituciones. Estamos obligados a hacer una administración pública más eficiente y productiva, que responda a las demandas de la ciudadanía afectada por la crisis. Debemos de iniciar definitivamente la aplicación del ingreso a la carrera del servidor público basada en concursos de oposición asentados en las competencias y méritos personales de los oponentes.

No podemos responder a problemas nuevos con respuestas viejas, la patria nos convoca a reconstruirla en lo inmediato en los ejes sanitario, económico e institucional. Todos los servidores públicos deberán dedicarse a dotar al pueblo dominicano de los derechos fundamentales consagrados por nuestra Constitución, que propongo iniciar trabajando en los pilares básicos que construyan una sociedad más igualitaria, nos urge dotar a todos y todas de agua potable, salud, alimentación y vivienda digna, más allá de la educación que es transversal a todas las primeras.

Por último, llamo a las nuevas autoridades que gobernarán el país a partir de agosto próximo, a crear un equilibrio salarial en la administración pública, pues mientras tenemos servidores públicos ganando 8,000 mil pesos mensuales que no les alcanza ni para adquirir el quintil más modesto, y en franca violación a la Ley de Salarios y el decreto presidencial de febrero de 2019 referente al sueldo mínimo en la Administración Pública de RD$ 10.000. En contraste, tenemos 81 altos funcionarios ganando sueldos superiores a los 400 mil pesos, sin contar con los beneficios colaterales que les provee el cargo que detentan. Así no se ayuda a cumplir con el valor de la dignidad, base de todos los derechos que consagra nuestra Carta Magna.

Sonia Díaz Inoa,
Coordinadora General de Participación Ciudadana