En torno a la situación post electoral

Participación Ciudadana, como en cada uno de los procesos electorales celebrados desde hace seis años, ha seguido muy de cerca las recientes elecciones congresuales y municipales, incluyendo las incidencias postelectorales.

En conferencia de prensa celebrada el pasado viernes 24 de mayo, evaluamos las dificultades del proceso electoral, haciendo énfasis en la poca capacidad acusada por una parte importante de los miembros que conformaron los colegios electorales, que permitió que muchas actas electorales estuviesen plagadas de errores, con el consecuente retraso en la entrega de los boletines electorales y las naturales suspicacias de una parte de  la ciudadanía.

Indicábamos, además, la necesidad de preservar a toda costa la confianza que legítimamente se han ganado las elecciones dominicanas y las autoridades electorales que han administrado los últimos cuatro comicios, de tal forma que han sido ejemplo de transparencia para la región. La confianza de la ciudadanía es el mayor activo con que cuentan las autoridades electorales, y los propios partidos políticos, para asegurar el éxito de futuras elecciones.

En tal sentido, reiteramos nuestra posición de que en los casos de denuncias que impliquen alteración intencional de actas de los colegios o de digitación, las investigaciones deben llevarse hasta las últimas consecuencias, sin importar que pueda afectar o no los resultados preliminares.

Es responsabilidad de las juntas electorales y de la Junta Central Electoral (JCE), atender de manera satisfactoria las impugnaciones que les han sido presentadas por los partidos o candidatos en los diferentes municipios y/o circunscripciones electorales. En aquellos lugares donde las denuncias hayan sido debidamente sustentadas, la investigación debe incluir el cotejo de todas las actas de los colegios contra los formularios de resultados de colegios electorales validados.

Otra de las dificultades presentadas en las pasadas elecciones, tiene que ver con los hechos de violencia que cobraron la vida de varias personas tanto en Montecristi como en Jarabacoa. Condenamos enérgicamente estos hechos, y reiteramos nuestra demanda de que el ministerio público investigue y someta a la acción de la justicia a los responsables de la misma. La violencia y el terror no pueden ser jamás la forma de resolver los conflictos que se presenten en el marco de un proceso electoral.

En otro orden, es conocida la decisión de varias juntas electorales que, con el apoyo de los delegados de los partidos,  procedieron a la anulación de algunas actas que resultaban difíciles de descifrar. La anulación de las actas con irregularidades debe ser el último recurso posible, luego de haber agotado todos los medios para salvar el esfuerzo de la ciudadanía de acudir a las urnas para expresar su voluntad. Debe recurrirse, de ser necesario y posible, a la verificación de los votos físicos del colegio de que se trate. La anulación de las actas sin agotar todos los esfuerzos para salvarla, abre el camino para que en el futuro se utilice como estrategia la creación de incidentes que permitan invalidar por esta vía el voto ciudadano.

En torno al caso  de Santiago

En el caso concreto de Santiago hemos estado presentes en la Junta Municipal Electoral desde el día de las elecciones. El Coordinador General y otros directivos de nuestra organización visitaron la misma el sábado 18 y el lunes 20 de mayo con el propósito de recabar cualquier elemento que nos permitiera formar un juicio sobre los acontecimientos allí denunciados.

Ese mismo día depositamos en la Junta Municipal Electoral una solicitud en la cual reclamábamos la investigación exhaustiva de las denuncias. También reclamamos que se cotejaran todas las actas de la provincia completa contra los datos efectivamente digitados, y que este proceso se cumpliera con la presencia de los delegados de los partidos políticos y de los observadores que participaron en la jornada electoral.

La Junta Central Electoral acaba de evacuar su decisión sobre el caso de la senaduría de esta provincia, y con respecto a la misma Participación Ciudadana expresa su posición de la siguiente manera:

1.Los responsables de las irregularidades ya detectadas o las que se puedan detectar, deben ser objeto de las sanciones correspondientes, sobre todo en caso de que se pueda probar intención fraudulenta de  cualquiera de las partes.

2.Reconocemos el esfuerzo realizado por la JCE en la revisión de las actas del municipio de Santiago, aunque entendemos que hubiera sido conveniente que las actas cotejadas correspondieran a toda la provincia (integrada por siete municipios)   y no únicamente la del municipio cabecera, ya que lo que está en juego es una candidatura provincial y no municipal.

3.Lamentamos que el cotejo de las actas realizado por el pleno de la Junta Central Electoral en Santo Domingo se haya efectuado sin la  presencia de los representantes de los partidos políticos, lo que consideramos indispensable. Esto no puede subsanarse con la sola presencia de un observador de la sociedad civil, la cual es importante pero no suficiente, pues la presencia de los delegados de los partidos es indispensable.

4.Las autoridades electorales deben seguir actuando con la transparencia que siempre les ha caracterizado, y aun en ausencia de toda contención, de manera puramente administrativa, podrían organizar el cotejo de todas las actas de la provincia de Santiago, con la presencia de los partidos e incluso de los medios de comunicación, despejando así cualquier bruma que se pretenda esparcir sobre la pulcritud del proceso electoral.

Asimismo, llamamos a los partidos políticos y sus candidatos a actuar con absoluta responsabilidad, y no utilizar su derecho a la impugnación o la denuncia excepto que posean, como en el caso de Santiago, por lo menos indicios que permitan apreciar la seriedad de la denuncia.

Es importante recordar el esfuerzo realizado por las autoridades electorales en la organización de las elecciones del pasado 16 de mayo, que permitió, como describieron los observadores nacionales e internacionales, el desarrollo de una jornada electoral  satisfactoria. Las dificultades identificadas luego de iniciado el escrutinio se encuentran focalizadas en  lugares muy concretos del conocimiento de las autoridades y la ciudadanía. Resulta indispensable su cabal esclarecimiento para el bien de los futuros procesos electorales y de la democracia dominicana.

Participación Ciudadana ha luchado desde hace ocho años, junto a muchas organizaciones y ciudadanos conscientes, para que en este país se celebren elecciones limpias y transparentes, de las que salgan autoridades legítimas en las que el pueblo se sienta representado. Reiteramos a la población, en especial a nuestra membresía y voluntariado en todo el país, nuestro compromiso con la causa de la institucionalidad y la verdad. Todos debemos contribuir a fortalecer el sistema electoral. No podemos permitirnos el lujo de retroceder.