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Elección jueces Junta Central Electoral debe ser por consenso, sin repartición

A partir de la juramentación de los congresistas elegidos en los comicios del pasado 16 de mayo, el Senado de la República deberá elegir a quienes conformarán la Junta Central Electoral.

Esta es una de las grandes responsabilidades del nuevo Senado y su decisión influirá positiva o negativamente sobre la buena marcha de las elecciones presidenciales de 2004, ya que la JCE es el máximo tribunal electoral y la institución encargada de la organización del proceso.

En ese sentido, hay que evitar por todos los medios que este tema se convierta en una manzana de la discordia entre los diversos grupos políticos y sociales del País, como ha ocurrido en el pasado. Ha sido mucha la energía social que ha gastado la sociedad dominicana cuando los principales actores del sistema político no han logrado ponerse de acuerdo en la elección de una JCE.

Es innegable que compete al Senado la conformación de una JCE electoral, pero también es cierto que la prudencia política y la magnitud de la institución ameritan que la elección se haga consultando a quienes participarán en el certamen electoral. Porque la formación de una JCE de consenso  forma parte de las condiciones mínimas que deben crearse para que la competencia político electoral se realice en un ambiente propicio, sin grandes traumas y dificultades. Y para avanzar en la institucionalización del sistema de representación del país.

Los partidos no deben trasladar la competencia por el favor del voto de la ciudadanía a todos los ámbitos y escenarios. Existen espacios en los cuales no se puede competir, y que demandan un espíritu de colaboración; porque competir en dichos ámbitos convierte a todos los competidores en perdedores, uno de esos espacios en la JCE.

En el plano electoral hay tres actores importantes: la JCE, los partidos y los votantes. La función del juez es simplemente crear las condiciones para que los partidos políticos puedan tratar de ganar el favor de los votantes en igualdad de condiciones. Si uno o más de los jugadores impugnan a los jueces; o le hace la vida imposible, o hay evidencias claras para los otros jugadores de que los jueces están parcializado, las elecciones confrontarán serios problemas para llevarse a feliz término y las posibilidades de crisis política que afecte a toda la sociedad dominicana se acrecientan.

La JCE debe ser vista como un arbitro imparcial, que toma sus decisiones en función de las reglas del juego, por lo que todos los jugadores deberán confían en ella y respetar sus decisiones. Debe tomarse en cuenta que  un juez electoral debe cumplir con las condiciones exigidas a la JCE en su conjunto, es decir, imparcial, confiable y aceptado por todos los participantes en los procesos electorales.

Por estas razones, Participación Ciudadana entiende que la elección de los jueces de la Junta Central Electoral debe ser producto del consenso entre los principales actores del proceso, es decir de los partidos políticos y las organizaciones políticas y sociales.

Pero, no debemos ver el consenso como una repartición de los jueces entre dos o más partidos políticos. El consenso supone que los partidos y principales protagonistas del sistema político lleguen a acuerdos sobre cada uno de los jueces que conforma la JCE, que cada juez por sí mismo garantice la confianza de los participantes en los procesos electorales.

El consenso sin repartición, en la elección de la nueva Junta Central Electoral,  garantiza la confianza de la ciudadanía en los procesos electorales. Eso es lo más conveniente para nuestra democracia y el desarrollo de la institucionalidad.

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