El principio constitucional de legalidad en riesgo de ser vulnerado

Participación Ciudadana ha tomado conocimiento de que la Oficina de Ingenieros Supervisora de Obras  del Estado (OISOE), ha iniciado la construcción de un puente peatonal frente a la Universidad del Caribe, sin la debida autorización del Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN), poniendo en riesgo tanto el principio de legalidad como la institucionalidad, valores esenciales del Estado de derecho y por los cuales viene luchando nuestra organización y la sociedad dominicana desde hace tiempo.

Esta actuación es no solo contraria a la ley, sino además irrespetuosa de la autonomía del poder municipal. Por este motivo, el ADN se ha visto en la necesidad de interponer una querella contra la OISOE, representada por su director el Ing. Miguel Pimentel Kareh, de forma tal que los tribunales de la República puedan dilucidar de acuerdo a derecho sobre este atropello institucional y flagrante violación a las normas establecidas.

La realización de esta obra, diseñada para beneficiar a la Universidad del Caribe, una empresa privada, requiere la aprobación y autorización del gobierno local, entidad que goza de la facultad legal para otorgar los permisos correspondientes para toda obra de infraestructura que se desee construir en el ámbito del municipio o del Distrito Nacional.

Las acciones y reclamos del Ayuntamiento se amparan en los artículos 5 y 8 de la ley 6232, en el artículo 19 de la ley 176-07, así como en las leyes 202-04 sobre las áreas protegidas y  64-00 sobre medioambiente, en virtud de que la construcción se pretende realizar en el Litoral Sur, el cual constituye una área protegida.

De acuerdo a las informaciones obtenidas, el ADN ha promovido una solución alterna que consiste en la instalación de reductores de velocidad, semáforos y señalización especial, sin que esta propuesta haya logrado éxito alguno hasta el momento.

Las Juntas de Vecinos de las áreas circundantes a la Universidad del Caribe se han acercado en repetidas ocasiones al Ayuntamiento, solicitando su intervención para poner fin a la situación de caos e incertidumbre que ese centro de educación superior ha llevado a las zonas aledañas a sus instalaciones, con la ocupación total de las calles con los vehículos de profesores, estudiantes, empleados y visitantes.

Participación Ciudadana concuerda con el Ayuntamiento del Distrito Nacional en el sentido de que resulta inaceptable para la ciudad de Santo Domingo la construcción de una edificación que maltrataría un área emblemática como lo es el Malecón, que tanto ha costado sanear, específicamente el Litoral Sur.

Si se llegara a construir dicho puente peatonal, se crearían las condiciones para la ocupación de toda el área como estacionamiento, trayendo como consecuencia el regreso del comercio informal en el área, entre otras consecuencias negativas para toda la zona en cuestión.

Participación Ciudadana hace un llamado a las autoridades a ponderar las consecuencias que acarrearía para el Estado de derecho una actuación a todas luces arbitraria y en desobediencia de la ley de parte de un funcionario público y de una institución dependiente del Poder Ejecutivo.