Declaración En Torno A La Sentencia Respecto Al Caso Baninter

Participación Ciudadana ha venido luchando por el cese de la impunidad y clamando por  sentencias judiciales que sancionen ejemplarmente los casos de corrupción pública y privada,  ante el hecho evidente de que el más grave de todos los males sociales que padecemos es precisamente la corrupción, que se ha venido generalizando en el país y que amenaza con arropar a todos los sectores sociales, incluido el sistema monetario y financiero del país.

Reconocemos que el ámbito judicial es uno de los pocos en que la institucionalidad dominicana ha mostrado leves avances, lo que permitió que en el caso BANINTER se llegara por primera vez a dictar sentencia por un crimen mayor de corrupción. Sin embargo, por ser el brote de corrupción más grande que conoce la historia de nuestra Nación, debió constituirse en el punto de partida de un esfuerzo conjunto de la sociedad y sus instancias, para mandar un claro mensaje de que la corrupción no será tolerada, por lo que cualquier banquero que meta la mano en los fondos que los depositantes le confíen, será sancionado sin tomar en cuenta las influencias políticas, económicas o sociales que pueda tener.

Lamentablemente ese no fue el caso, y en vez de enviarse ese mensaje lo que ha logrado la sentencia dictada es dejar una sensación de insatisfacción en amplias instancias de la sociedad, bajo el entendido de que la misma refleja intentos por acomodar las decisiones judiciales a las expectativas de poderosos grupos de presión económicos y políticos,  con el efecto adicional de que hiere sensiblemente la confianza que estaba generando el proceso de reforma judicial iniciado auspiciosamente hace ya once años.

La  sentencia  admite como probados todos los hechos imputados a Ramón Báez Figueroa  y Marcos Báez Cocco, así como válidas todas las pruebas aportadas por  los  acusadores  públicos  y  privados, comprobando que lo que el país vivió en el 2003 y lo que ocurrió en ese Banco desde años atrás, no fue una fábula, sino una cruda realidad que afectó a todo el país, como lo describe la  propia  sentencia  al señalar:  «hemos podido establecer la gravedad de este   hecho,  pues  las  consecuencias  socioeconómicas  derivadas  de  la afectación del bien jurídico protegido, en este caso el sistema monetario y financiero nacional, han alcanzado a todos los sectores de la sociedad».

Resulta  evidente que se excluyó el delito de abuso de confianza lo que podría servir de base para intentar  excluir  posteriormente el delito de lavado de activo, en el caso del Presidente y Vicepresidente del banco, cuando tal condición los hacía responsable  del buen uso de los fondos del Banco, que provienen de los depositantes.

Se  sienta  un   funesto precedente cuando la sentencia valida que una funcionaria bancaria  pueda  sobregirar  su  cuenta  por  28  millones de pesos bajo el alegato  de que los fondos tomados corresponden a bonificaciones, cuando todo pago en bonificación tenía que estar previamente documentado y, en todo  caso,  los  fondos tendrían que haber ingresado a la cuenta antes de su uso.  Esperamos que los que actualmente laboran en el sistema financiero no sigan este ejemplo, aún validado por una sentencia.

Otro aspecto cuestionable es haber desconocido la decisión de la Suprema Corte de Justicia, en el sentido de enviar a juicio de fondo al imputado Jesús María Troncoso,  en base a un tecnicismo legal que impidió  al Primer Tribunal Colegiado aceptar las pruebas en su contra que figuraban en el expediente, y al hacerlo ignoran y pretenden descalificar  a nuestro más alto tribunal de justicia.

Participación Ciudadana considera insólito que, al final, según se desprende  de la sentencia, parecería ser que el más grande fraude bancario conocido, en términos relativos, fue obra de apenas tres personas, eximiendo de culpas a otros que tenían responsabilidades fundamentales en la conducción cotidiana del banco, incluidas las acciones fraudulentas. Todo esto sin mencionar el mundo de corrupción y complicidades que lo hicieron posible, o que profundizaron su impacto negativo, cuyos costos estará pagando la sociedad dominicana por varias generaciones.

Esperamos  ahora  que el Ministerio Público actúe de acuerdo con lo que fue su convicción durante todo el juicio de fondo y apele aquellas partes de la sentencia  en que no fue complacido. Entendemos que el desafío y la responsabilidad de la corte de apelación, ante la frustración que deja el tribunal de primera instancia, debe ser, acoger la solicitud del ministerio público y validar la acusación de abuso de confianza y lavado de activo, los cuales, se hace obvio que fueron delitos cometidos. Es necesario además que se incorporen las personas que han sido absueltas.  La justicia tiene así la oportunidad, de lograr que en este caso no ocurra lo que ha ocurrido tanta veces, como en los  caso  del  Plan  RENOVE, de los Invernaderos,  del  uso  de  vehículos robados por la Policía Nacional, del PEME,  de  Salvador Jorge Blanco y de tantos otros casos de corrupción, que aunque  se obtuvieron sentencias  condenatorias  en  primer grado, luego terminaron exculpando a los imputados ya sea por sentencias absolutorias o por renuncia a la persecución. El crédito y la recuperación de la fe en nuestro sistema judicial, es lo que esta en juego.