Cuestionan inacción de la DPCA en auditorías

Organizaciones de la sociedad civil expresaron ayer su preocupación por la denuncia de la presidenta de la Cámara de Cuentas, Licelot Marte, de que la Dirección de Prevención de la Corrupción Administrativa (DPCA) nada ha hecho en una serie de audiorías donde se han detectado actos de corrupción.

Mientras que el director de la DPCA, Hotoniel Bonilla, al ser entrevistado por los periodistas mientras asistía a una ofrenda floral de la Comisión de Ética, manifestó que “nosotros estamos haciendo la labor que nos corresponde”.

Al cuestionársele sobre el número de sometimiento a la Justica de personas ligadas a actos de corrupción se limitó a decir que “las estadísticas están ahí”.

Sin embargo, el vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, el director Ejecutivo de Participación Ciudadana (PC) y el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, cuestionaron el papel que está haciendo el director  de la DPCA, Hotoniel Bonilla.

Castaños Guzmán consideró que la Cámara de Cuentas, de acuerdo a lo establecido en la ley, está facultada para imponer sanciones a las personas que cometen actos de corrupción. “En materia de lucha contra la corrupción, en la República Dominicana se ha fracasado, eso es una realidad, ahora la Cámara de Cuentas, no solamente tiene la facultad de remitirle esos expedientes al Ministerio Público los casos que entienda haya vicios penales”, señaló.

Indicó que la Cámara de Cuentas puede resolutar aspectos que tienen que ver con sanciones administrativas y con sanciones civiles, y puede inclusive iniciar acciones de incautación y validar  sus resoluciones utilizando  procedimientos sumamente rápidos.

Cree indicios son suficientes para someter

Javier Cabreja, de Participación Ciudadana, consideró importante que una vez y por todas la Cámara de Cuentas comience a jugar su rol de control y de fiscalización de las instituciones públicas y del manejo de los recursos que hacen las instituciones, tras asegurar que en esas auditorías hay elementos suficientes para enjuiciar a los responsables.