Coalición Por La Transparencia Y La Institucionalidad

Señor

Lic. Francisco Dominguez Brito

Procurador General de la República

Su Despacho

Santo Domingo, D.N.

Honorable señor Procurador General:

La Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad, integrada por las organizaciones que aparecen enlistadas en el documento anexo, tomó recientemente la decisión de darle un seguimiento permanente a los casos judiciales que involucran a Baninter, Bancrédito y Mercantil, para lo cual será creada una Unidad Ejecutora, conformada por un equipo que trabajará a tiempo completo, apoyado por tres comisiones de voluntarios en las áreas jurídica, económica-social y  de comunicaciones.

El objetivo de la Coalición es contribuir a que estos casos se manejen de la manera más transparente posible, para asegurar que los responsables sean debidamente sancionados, preservando de esta manera la salud del sistema financiero y de la propia sociedad.

Todos los casos de violación a la ley penal deben ser objeto del mismo tratamiento y de la misma atención por parte de las autoridades y de la  ciudadanía, pero resulta innegable que los casos a los que nos referimos se han convertido en casos emblemáticos en la lucha contra la corrupción y la impunidad, por lo que la suerte de los mismos incidirá directamente sobre los esfuerzos que se realizan por erradicar la corrupción y la impunidad de nuestro ambiente y sobre la esperanza de la Nación de que se produzca un cambio de actitud sobre estos temas. No será posible reclamar en la sociedad una conducta apegada a la ley cuando por otro lado aquellos que se han desviado de la misma, perjudicando a la sociedad por cifras que sobrepasan los cien mil millones de pesos, logran escapar a las sanciones que les corresponden. Esta Coalición no pretende decidir sobre la culpabilidad de ninguna persona, pues esta labor corresponde exclusivamente a los tribunales, pero si ejercer el derecho que posee cualquier ciudadano de acceder a la información sobre los casos y expresar su opinión sobre la forma en que los expedientes son manejados.

Los casos a los que nos referimos indudablemente que comportan un nivel extremo de complejidad en distintas vertientes. Son casos que incluyen un grupo numeroso de imputados, en una materia especializada como la bancaria, a través de procesos muy sofisticados, que incluyen operaciones electrónicas, con una cantidad extraordinaria de documentos y piezas. Por lo menos uno de estos casos se encuentra listo ya para ir a juicio de fondo y lo será bajo las reglas del nuevo Código Procesal Penal, que resulta muy exigente en todos los detalles de presentación de pruebas, debates y decisión sobre los casos. Por esa razón, vemos como muy atinada la decisión que quedó descrita en la carta intención con el Fondo Monetario Internacional, de que las autoridades competentes designen un fiscal especial para cada uno de los tres casos, aprovechando que el nuevo Código Procesal Penal lo permite de manera expresa.

La figura del fiscal especial entraña la designación de una persona altamente calificada, que no pertenezca a la carrera del ministerio público, independiente de sectores políticos y económicos, que se dedique a tiempo completo al caso que se le encomiende, que pueda contar con un equipo de asistentes y con la infraestructura necesaria para manejar con adecuados niveles de eficiencia y seguridad toda la información del caso. Esa persona deberá abandonar las ocupaciones que tenía al momento de su designación, y cesará en sus funciones al final del caso, lo que justifica una remuneración adecuada  por dedicarse a un solo caso, dejando de lado su práctica habitual.

De igual manera, los fiscales especiales designados aún cuando sean efectivamente supervisados por la Procuraduría General de la República, deberán contar con la independencia que se reconoce en el Estatuto del Ministerio Público a los fiscales ordinarios.

Una labor adicional que solicitamos figure entre las tareas de los fiscales especiales es la investigación a fondo de la responsabilidad de las autoridades públicas que tenían como deber evitar la quiebra de los bancos afectados, así como la forma en que condujeron la labor de rescate de los depositantes, con la finalidad de que si es detectada cualquier violación a la ley, se inicien los procesos correspondientes.

Estamos seguros que el señor Procurador General de la República ha estado realizando las gestiones pertinentes para estas designaciones, pero dada la realidad de que uno de los casos iniciará proceso de fondo en las próximas semanas y otro de los casos deberá completar su proceso de instrucción también en las próximas semanas, resulta urgente que se seleccionen a estos fiscales especiales mencionados en la carta de intención con el FMI, para evitar que los mismos se puedan encontrar en franca desventaja al enfrentar juicios de fondo sin tener tiempo suficiente para prepararse, sobre todo teniendo en cuenta que el nuevo Código Procesal Penal deja poco margen para extender los procesos una vez se inicia el conocimiento del fondo.

Agradeciendo los esfuerzos que realiza desde la Procuraduría General de la República, quedan de usted,

Muy atentamente,

Por la Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad

1.      Acción Comunitaria para el Progreso (ACOPRO)

2.      Asociación Americana de Juristas

3.      Asociación de Abogados Empresariales (ADAE)

4.      Asociación de Jóvenes Amantes de la Paz (ASOJAPAZ)

5.      Asociación Dominicana de Empresas de Inversiones Extranjeras

6.      Asociación Dominicana de Mujeres Empresarias

7.      Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE)

8.      Cámara Americana de Comercio

9.      Cámara de Comercio Trinidad y Tobago

10.  Cámara de Comercio y Producción de Santiago

11.  Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo

12.  Casa de la Cultura de Sabana Perdida

13.  Central General de Trabajadores (CGT)

14.  Centro Cultural Poveda

15.  Centro de Servicios Visión Mundial

16.  Centro de Educación Ecológica (CEDECO)

17.  Centro de Estudios Sociales Padre Juan Montalvo, S.J.

18.  Centro de Planificación y Acción Ecuménica (CEPAE)

19.  Centro de Solidaridad para la Mujer (CE-MUJER)

20.  Centro de Trabajo Popular (CTP)

21.  Centro Dominicano de Asesoría e Investigación Legal (CEDAIL)

22.  Ciudad Alternativa

23.  Club Hermanos Rojas Alou

24.  Club Libertad

25.  Club Unidad y Deporte

26.  Colectiva de Mujeres de Sabana Perdida

27.  Comisión Nacional Derechos Humanos Filial Sabana Perdida

28.  Comité para la Defensa de los Derechos Barriales (COPADEBA)

29.  Comunidad Eclesial de Base Parroquia Ntra. Sra. de América Latina

30.  Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP)

31.  Coordinadora de Animación Socio Cultural (CASCO)

32.  Coordinadora de ONGs del Área de la Mujer

33.  Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo de Los Guandules (CODEGUA)

34.  Foro Ciudadano

35.  Foros para la Participación Municipal

36.  Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS)

37.  Fundación para el Desarrollo de Villa Altagracia (FUDEVA)

38.  Instituto de Derechos Humanos de Santo Domingo (IDHSD)

39.  Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI)

40.  Instituto Nacional de la Salud (INSALUD)

41.  Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)

42.  Junta de Vecinos de las Damas de Inespre

43.  Junta de Vecinos El Milloncito

44.  Junta de Vecinos Los Altagracianos

45.  Junta de Vecinos Marañón 1ra era

46.  Junta de Vecinos Villa Blanca 1ra. Era

47.  Juntas de Vecinos de Villas Blanca

48.  Participación Ciudadana

49.  Red de Organizaciones Comunitarias Municipio Santo Domingo Norte

50.  Red por la Descentralización

51.  Unión de Vecinos Activos (UVA)

52.  Unión de Juntas de Vecinos de Sabana Perdida