Balance del año 2016

1.-Graves retrocesos políticos e institucionales

         1.1.- La reelección se llevó hasta los escrúpulos

El 2016 fue marcado por una campaña electoral y unas elecciones generales caracterizadas por la absoluta inequidad entre los partidos y candidaturas concurrentes, por la prevalencia del desorden normativo que reduce la democracia y esta vez con un claro retroceso en el arbitraje y la gestión organizativa que, con una imposición de nueva tecnología sin suficientes pruebas previas, derivó en un inmenso tollo en el procesamiento de los resultados de la votación, tomando dos semanas el cómputo del voto presidencial y casi un mes de los niveles congresual y municipal, marcando un retroceso nacional.

Como ha sido constante histórica nacional, la reelección barrió con la institucionalidad democrática, manipulando los organismos estatales y el presupuesto del Estado,  abusando de los recursos públicos, con un gasto aplastante de propaganda directa e indirecta, abierta y subliminal, sin el menor escrúpulo, todo lo cual quedó documentado en los seis minuciosos y amplios informes de la observación electoral emitidos por Participación Ciudadana (PC), antes, durante y después de los comicios.

Esta vez la reelección no fue sólo del presidente y la vicepresidente de la República, sino también de más del 80 por ciento de los senadores y más de la mitad de los diputados, alcaldes y regidores, como consecuencia de las imposiciones de candidaturas pactadas en las cúpulas políticas, en la mayoría de los casos sin guardar ni apariencia democrática. Venció plenamente el Estado, además de la maquinaria del partido gobernante.

El 62 por ciento de la votación que favoreció la reelección del presidente y la vicepresidente quedó manchado por el abuso abrumador de la propaganda  que mantuvo al gobierno central, desde el 2015, como el mayor anunciante del país, llegando a gastar  12 millones de pesos por día, suma similar al financiamiento estatal para todo el año de casi todos los partidos de oposición, incluyendo al que resultó la segunda mayoría. Tres de 24 partidos concurrentes al proceso recibieron el 80 por ciento del financiamiento público, con sumas de 429.3 millones de pesos cada uno. La observación de PC llegó a computar en febrero que las candidaturas reeleccionistas concentraban el 81.5 por ciento de la propaganda en los medios tradicionales de comunicación.

El gobierno gastó sin el menor escrúpulo, tanto que en la segunda mitad del año tuvo que restringirse al máximo, pese a lo cual el déficit fiscal, que originalmente fue presupuestado en 75 mil millones de pesos, pasará de los 100 mil al concluir el año. En algunos renglones presupuestarios, como asfaltado y combustibles, se consumió en los primeros cinco meses hasta el 75 por ciento de su asignación para todo el año. Casi todos los altos funcionarios se volcaron a la campaña electoral, con amplios recursos públicos y decenas de miles de empleados transitorios, la mayoría de los cuales tuvieron que ser suspendidos por una circular del Ministro Administrativo de la Presidencia poco después de las elecciones. El personal transitorio aumentó 677 por ciento en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras, 211 por ciento en el Ministerio de Educación y 68 por ciento en el de Obras Públicas.

         1.2.- Prevaleció el atraso normativo

A pesar de los reclamos, tanto de los partidos como de instituciones sociales y sectores de la comunicación, el país llegó a una tercera elección consecutiva, segunda general, sin haber adaptado la legislación electoral al nuevo régimen constitucional proclamado en enero del 2010 y sin aprobar una ley de partidos discutida y consensuada varias veces durante dos décadas. La mayoría oficialista en el Congreso Nacional ha utilizado todos los recursos para mantener una legislación obsoleta que no sanciona el abuso de los recursos estatales en las  campañas, que propicia el lavado de activos y la imposición del dinero sin ninguna regulación en la escogencia de los candidatos ni en los períodos de campaña nacional.

Y no ha sido por falta de estudios, consensos o proyectos, ya que desde el 2011 la Junta Central Electoral (JCE) sometió al Congreso sendos proyectos de leyes al respecto, fruto de una asesoría técnica contratada por la Organización de Estados Americanos (OEA). Bajo el pretexto de la ausencia de la legislación, la mayoría oficialista en la JCE evadió ejercer la facultad que le otorga el artículo 211 de la Constitución para “garantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones. También evadió el mandato del Párrafo IV del artículo 212, el cual dispone que “velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento. En consecuencia tendrá facultad para reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación”.

            1.3.- Serio retroceso en el arbitraje y la gestión electoral

A lo largo del proceso la JCE apareció dividida y la mayoría de sus decisiones fundamentales fueron adoptadas por su presidente, que violentó sistemáticamente el carácter colegiado de la institución, agenciándose el apoyo de otros dos asociados políticos. El señor Roberto Rosario llegó al extremo de negarse a recibir a la totalidad de los candidatos de oposición que dos semanas antes de los comicios pretendieron formularle reclamos.

La JCE se empecinó en imponer una nueva tecnología para el registro de concurrentes y el cómputo electoral, vigente en contados países del mundo, y sin las pruebas preliminares que en esos ha conllevado, con improvisación tan alarmante que 9 semanas antes de la votación, el 9 de marzo, todavía estaba contratando la compra de equipos, en violación a la Ley de Compras  y Contrataciones Públicas,  por 7 millones 519 mil dólares que se sumaron a los 31 millones 831 mil dólares del contrato original, para alcanzar un costo total de 39 millones 351 mil dólares.

Esa alta inversión arrojó un “tollo tecnológico”, ampliamente documentado por la observación electoral de PC, de la Organización de Estados Americanos y de la Unión Interamericana de Organismos Electorales. Basta resumir que las promesas de dar el resultado de la votación presidencial en dos o tres horas, se tradujeron en dos semanas, y que si el colapso no fue mayor se debió a que la noche de la votación hubo que apelar a la computación manual.

Las irregularidades saltaron por todas partes, y si no hubo una grave crisis política fue por la alta votación atribuida a la candidatura presidencial. En muchos municipios y hasta en dos o tres provincias las irregularidades, fraudes, compras de votos y alteración de actas pudieron alterar resultados en las candidaturas congresuales y municipales.

1.4.- Ampliada la concentración del poder

El balance arrojado por las elecciones del 2016 marca una mayor concentración del poder en el partido que ha dominado el país, atribuida en parte a su reconocida capacidad para ejercer el clientelismo, hasta el punto que, como documentó el periódico Diario Libre, el 23 por ciento de los empadronados para votar recibían una asignación mensual del Estado, como empleados o mediante más de un millón 200 mil tarjetas de diversos programas asistenciales que en vez de ayudar a salir de la pobreza, la reafirman con la adición de la dependencia y la subordinación.

La división de la oposición en 7 candidaturas, sin haber podido concertar ampliamente siquiera en los niveles congresuales y municipales, contribuyó a ese resultado  unilateral, tan apabullante que produjo una posterior constitución de un bloque opositor para reclamar equidad y respeto a los procedimientos democráticos. Esa concertación, no logró el objetivo de una nueva JCE sin militantes partidistas ni repartos, pero al menos consiguió evitar la repetición de personajes descalificados para el arbitraje, y la elección de un presidente y otros dos miembros de consenso.

Al finalizar el año,  está pendiente cómo el absoluto control político de los gobernantes se manifestará en la pendiente renovación de los integrantes de la Cámara de Cuentas,  del Tribunal Superior Electoral y la Liga Municipal Dominicana, así como en la sustitución de varios integrantes de la Suprema Corte de Justicia, organismos también subordinados por el interés partidario.

 

1.5.- Reactivación de la Sociedad Civil

Un acontecimiento positivo en el ámbito institucional fue la reactivación registrada en la sociedad civil a lo largo del año con la constitución de la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática (IDEM) y la Coalición por la Justicia y la Seguridad, en ambos casos integradas por más de treinta organizaciones sociales, empresariales, religiosas, comunitarias y de servicios, varias de las cuales son consorcios de hasta más de un centenar de entidades. Llama la atención la ausencia de las organizaciones sindicales y profesionales y de las academias universitarias.

La IDEM participa activamente en la escogencia de profesionales capaces e independientes de todos los poderes para integrar los organismos de arbitraje y control del Estado y en la promoción de una cultura democrática. Proclama la necesidad de un gran pacto político-social para el logro de grandes objetivos nacionales, comenzando por los pendientes pactos eléctrico y fiscal, instituidos en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo.

La Coalición por la Justicia y la Seguridad se constituyó para promover la superación de la crisis que ha enfrentado el Poder Judicial, y en pocos meses logró celebrar  varios foros sobre la justicia. El primero en  julio bajo el titulo de Por un Pacto Nacional por la Justicia y la Seguridad, el segundo Por la Independencia del Poder Judicial, fue celebrado en agosto, el tercer foro dedicado al presupuesto del Poder Judicial fue celebrado en el mes de septiembre bajo el título de Acceso y Eficiencia de la Justicia.

 

2.- El comportamiento económico

            2.1.- Buen resultado macroeconómico

Las cifras del comportamiento de la economía dominicana para el periodo enero-septiembre 2016 divulgadas por el Banco Central (BC) así como las proyecciones para el año completo, muestran un robusto crecimiento del Producto Interno Bruto por encima del seis  por ciento, explicado en lo fundamental por el dinamismo de las actividades de minería, construcción, agropecuaria e intermediación financiera.

Los estimados preliminares llevan a las autoridades a prever, que tanto la inflación como la depreciación del tipo de cambio durante el año 2016 estarán por debajo del tres  por ciento, lo cual compara favorablemente con el desempeño de ambas variables en la mayoría de países de la región caribeña en particular y latinoamericana en general.

Igualmente, en el 2016 se verifica una mejoría en el resultado de las transacciones  con el exterior; durante el periodo enero-septiembre el saldo negativo de la cuenta corriente fue de apenas US$282 millones; a lo cual ha contribuido, en primer lugar, la permanencia de precios del petróleo reducidos; y en segundo lugar, el crecimiento experimentado por los ingresos del turismo y de las remesas de los dominicanos residentes en el exterior, así como también por el aumento registrado en el precio del oro en el mercado internacional. Aunque debe señalarse que el valor de las exportaciones de bienes apenas tuvo un crecimiento de 0.8% (US$56.1 millones). Este resultado de virtual estancamiento de las exportaciones de bienes pone de manifiesto una gran debilidad de nuestro aparato productivo para mantener sanas las cuentas externas del país en el mediano plazo.

            2.2.- Se profundiza la política fiscal deficitaria.

En base a las recaudaciones del periodo enero-septiembre 2016, las autoridades del sector fiscal hicieron una reestimación de los ingresos a recibir, durante todo el 2016, según la cual el monto de los ingresos corrientes más las donaciones ascenderían a  RD$475,632 millones, lo cual  significa unos RD$14,666 millones menos que la estimación presupuestada. Vale decir, que de mantenerse sin variación el monto de gastos apropiados en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2016, solo esa reducción de ingresos, el déficit fiscal del año pasaría de los RD$75,894 millones programados a RD$90,560 millones. Empero, dado que en los primeros meses del presente año el gobierno ejecutó gastos proporcionalmente mayores a lo estipulado en el PGE, es razonable esperar que el resultado final del déficit 2016 sobrepasará los RD$100 mil millones, profundizando así la práctica fiscal deficitaria ejecutada en los últimos ocho años.

A lo anterior debe agregarse que el PGE 2016 contempla amortización de la deuda pública por un monto de RD$97,366 millones. Por consiguiente, la necesidad de financiamiento del BC para cubrir su propio déficit y cumplir con los compromisos de amortización, rondará los RD$200 mil millones, equivalentes al seis por ciento del PIB nominal: tres por ciento para cubrir el déficit y otro tres por ciento para amortizar deuda.

Importa señalar que al analizar el déficit total del sector público, no se pueden ignorar las alarmantes cifras rojas provenientes del BC, conocidas eufemísticamente como “déficit cuasi-fiscal”. Esto así porque, a mediano y largo plazo, la única fuente no inflacionaria para cubrir el mismo, es a través de los ingresos corrientes del Gobierno Central. Sin embargo, hasta el momento esa parte del déficit público se ha venido cubriendo con emisiones de valores del propio BC (“inorgánicos”). Eso ha ocasionado que al 31 de octubre de 2016, última cifra disponible al momento de este informe, el BC registra valores emitidos por un monto de RD$429,495 millones, para un incremento de RD$37,405 millones con relación a esa misma fecha del pasado año. A los intereses que está obligado a pagar el BC por esos valores emitidos (costo financiero) es a lo que se denomina “déficit cuasi-fiscal”, situado en la actualidad en aproximadamente 1.5 por ciento del PIB.

En suma, el déficit total del sector público para el 2016 será del orden de 4.5 por ciento del PIB, correspondiendo un tres por ciento al Gobierno Central y 1.5 por ciento al BC. Y a pesar de las advertencias hechas por diferentes sectores del país, sobre este desempeño deficitario de doble vía, a juzgar por el PGE aprobado para 2017, las autoridades gubernamentales persisten en el camino de cubrir la brecha negativa con mayores niveles de endeudamiento, eludiendo así la responsabilidad de tomar medidas para reducir el gasto corriente en varios renglones marcados por el dispendio y el clientelismo.

3.- Imperio de la corrupción y la impunidad

3.1.- Desde la campaña electoral

El acontecimiento más importante del año, la reelección del Presidente Danilo Medina, no puede dejar de mencionarse al pasar balance a la transparencia y la lucha contra la corrupción. Tal como se expuso en todos los informes de observación electoral de Participación Ciudadana, el proceso se caracterizó por el uso desmedido de los recursos del Estado y, una vez más, por la falta de transparencia y la inacción de la Junta Central Electoral frente al gasto en campaña de los partidos, en especial del partido oficial.

Nadie podrá precisar el elevado costo de esta campaña, no solo en el nivel presidencial, sino también en el congresual y municipal, con lo cual se mantiene la cultura de no poner controles a los gastos, dejando abiertas las puertas para la participación de dinero ilícito, el uso de los recursos públicos o compromisos de repartición e impunidad. Una muestra del abuso de los recursos públicos es el aumento desproporcionado de la nómina de instituciones como el Ministerio de Educación que aumentó su nómina en 211 por ciento; la OISOE en 677 por ciento; Obras Públicas 67 por  ciento. Este último ministerio, en enero–mayo, habría gastado más que todo el año 2015 y había agotado cuasi el presupuesto para todo el año del 2016.

El mejor ejemplo  de esta falta de transparencia lo ofreció la misma JCE con la compra de más de 40 millones de dólares en equipos electrónicos para el proceso electoral, los cuales resultaron inútiles porque llegaron tarde, con una calidad muy cuestionada y envueltos en una nebulosa de opacidad, frente a la total indiferencia de las autoridades responsables de vigilancia de los recursos públicos. La JCE se excedió en términos escandalosos en el primer semestre, al presupuesto que tenía asignado para el 2016, lo que es objeto de una investigación dispuesta por sus nuevos titulares.

            3.2.- Se afianza la impunidad general

En el 2016 se produjeron varios casos de gran relevancia que confirmaron el compromiso de impunidad que ha predominado en el país.

  • Primero se dispone el archivo definitivo del expediente de Félix Bautista  y luego el de Víctor Diaz Rúa. Ambos casos involucran pruebas de malversación de miles de millones de pesos, ampliamente documentados por la Procuraduría General de la República. Con razón, en la medición 2016 del Foro Económico Global, el país  saca una nota de 133/138 en manipulación de los fondos públicos, octavo lugar en el mundo con relación a la corrupción y el quinto en la Región.
  • En el mes de octubre del 2015 la Dirección de Compras y Contrataciones evaluó la ejecución y el campo de la licitación del Hospital Darío Contreras. La Resolución 91/15, emanada de la referida Dirección, establecía las anormalidades ocurridas allí, tanto en materia civil como penal, fue enviada a la Procuraduría General. La Cámara de Cuentas documentó las debilidades que una licitación de RD$880 millones de pesos terminó en RD$1,700, esto es 93 por ciento más; violando así la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones del Estado. Sin embargo, la Directora del PEPCA, Laura Guerrero Pelletier no ha dicho nada al respecto.
  • El suicidio del arquitecto José Rodríguez García, acosado por la terrible extorsión que sufría por parte de funcionarios de la OISOE, no llega a juicio de fondo a pesar de que pasó más de un año de aquel fatídico acontecimiento que expuso la mafia que por años ha medrado en las obras del Estado. Tras sacar al director y otros personajes relevantes del expediente, predominó el silencio, como si el propio Gobierno en el que se produjo el escándalo no tuviera ninguna responsabilidad.
  • La Cámara de Cuentas ha documentado graves irregularidades en 814 obras ejecutadas por la OISOE entre el 2010 y el 2013 por un monto superior a los 96 mil millones de pesos. Aunque a principios de diciembre el Presidente Medina dispuso traspasar a Obras Publicas la construcción de las escuelas, no se conoce ninguna acción importante del Gobierno para desmontar y someter a la Justicia a esta mafia que ha sido denunciada como una fuente de enriquecimiento ilícito.
  • El caso de los aviones Tucano, aunque corresponde a la administración de Leonel Fernández, volvió a tomar relevancia este año, luego de que la empresa brasileña Embraer reconociera ante la justicia norteamericana que había pagado sobornos por 3.5 millones de dólares para obtener la aprobación del contrato de compras de los aviones en el Congreso Nacional. A pesar de que la Procuraduría ha dicho que tiene en su poder el expediente completo elaborado en Brasil y Estados Unidos, el caso presenta visos de que dejara en la impunidad, no sólo a los legisladores que cobraron el soborno, sino también a las autoridades que se beneficiaron de la documentada sobrevaluación de esos aviones.
  • Al ingeniero Alberto Holguín, Director del INAPA 2012-2015, Miembro del Comité Central del PLD se le acusa de auto asignarse obras por un monto de RD$1,000 millones de pesos y de violar el decreto de emergencia en los lugares específicos de realización de las obras. El caso fue enviado a juicio de fondo pero dado los precedentes se  ven pocas probabilidades de que se haga justicia.

3.3.- Falta de transparencia en el sector eléctrico

Las negociaciones para el Pacto Eléctrico que debió producirse en el 2013, según la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 1-12, han quedado estancadas después de que se descubriera que el Poder Ejecutivo, de manera clandestina, había dado un poder (39-14) al Vicepresidente de la CDEEE para la contratación de otras plantas de carbón, mientras el misterio rodeaba la construcción de las gemelas de Punta Catalina,  Peravia. Estas plantas han sido fuertemente cuestionadas, no solo por un problema de impacto ambiental, sino también por su altísimo costo y la ausencia de transparencia en su contratación.

Los escándalos de corrupción que han sacudido al Brasil, con repercusiones en el país, paralizaron el financiamiento de unos 650 millones de dólares que había comprometido el Banco Nacional de Desarrollo de ese país para las dos plantas de Punta Catalina, cuya construcción había sido atribuida, con poca transparencia, a la constructora Odebrecht,  envuelta en los escándalos. En la segunda mitad del año la CDEEE admitió que la construcción había proseguido, aunque a ritmo más lento, por la utilización clandestina de una parte de la economía derivada de la reducción de los precios de los hidrocarburos, que debió traspasarse a los consumidores. Al finalizar el año la concertación del Pacto Eléctrico estaba congelada, lo que a su vez desalienta el otro gran pacto, el Fiscal,  dispuesto por la Estrategia Nacional de Desarrollo.

            3.4.- Incumplimiento del Sistema de Declaración Jurada de Patrimonio

Ley 311-14 puso bajo la responsabilidad de la Cámara de Cuentas el Sistema Nacional Automatizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio. Este órgano  ha realizado esfuerzos por la aplicación de esta herramienta de control público. Sin embargo, el país no ha avanzado en este sentido, no se realiza ninguna comprobación del contenido de las declaraciones de inicio y termino de funciones públicas, ni mucho menos se ha sabido que algún funcionario haya afrontado consecuencia alguna por violación de esta Ley, pese a las múltiples denuncias y evidencias.

Tanto la Ley 311-14 como la Ley 41-08 de Función Pública, califican esta falta como grave, con una sanción mínima de destitución. A diciembre, según ha informado la Cámara de Cuentas, a pesar de extensiones ilegales de plazos, todavía quedan funcionarios nombrados sin realizar su declaración y más de 3000 elegidos que no han cumplido con esta obligación. Tanto la Procuraduría General como la misma Cámara de Cuentas tienen  instrumentos legales para sancionar y cortar de raíz esta perniciosa cultura.

            3.5.- Incumplimiento Ley de Administración Pública y Ley de Salarios

La Ley Orgánica de la Administración Pública 247-12 siguió rezagada en su implementación. A más de cuatro años de gestión del Presidente Danilo Medina no se conoce ningún plan para la organización de la administración pública, ni se han dado pasos para cumplir su promesa de suprimir la multiplicidad de organismos con iguales funciones. El mandatario mantiene los mismos retos institucionales con los cuales inició su primer período gubernamental: impulsar la carrera administrativa e implementar carreras especiales, docentes, sanitarias, policiales, diplomáticas y consulares.

Otro compromiso que no se cumplió este año es la promulgación del reglamento de la Ley de Salarios del Sector Público, destinado a establecer transparencia, uniformidad y equidad en el proceso de asignación de salarios estatales. Por el contrario, el Presidente Medina ha permitido que un sector privilegiado de altos funcionarios se asigne a sí mismo, de manera ilegal, salarios y beneficios exorbitantes, mientras la mayoría de los servidores y  pensionados estatales mantienen bajos salarios, todavía hasta de 5 mil 117 pesos.

En relación a la Dirección General de Contrataciones Públicas, el Gobierno debe avanzar en el proceso de iniciado de promoción de una Ley de Concesiones y su respectivo Reglamento de Aplicación. Luego de más de diez (10) años de la adopción de la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, aun la modalidad de las concesiones no está regulada con amplitud, seguimos en espera de una ley especial para detener la asignación de contratos de concesiones onerosos que han sido siempre terreno fértil para la corrupción.

4.- Un pésimo año para la justicia dominicana

4.1.- Lentitud para sancionar graves escándalos

El 2016 quedará marcado como el año en que la crisis de la Justicia dominicana  no solo se quedó a lo interno sino que se hizo evidente ante toda la sociedad. Comenzó como terminó el 2015, en medio del escándalo generado por la magistrada Awilda Reyes Beltré y el  magistrado y miembro del Consejo del Poder Judicial Francisco Arias Valera.

El juicio penal abierto contra ellos por venta de sentencias no ha podido avanzar debido a los incidentes presentados y recusación de jueces, y a pesar del tiempo transcurrido se mantiene en la memoria de la ciudadanía a la espera de un desenlace que permita definir responsabilidades. Tampoco ha podido completarse, luego de varias audiencias, el juicio disciplinario contra la magistrada Awilda Reyes Beltré por parte del Consejo del Poder Judicial.

El escándalo judicial involucró a otros tres jueces, los magistrados Víctor Mejía Lebrón y Rosó Vallejo Espinosa, ambos de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la Provincia de Santo Domingo, y José Dionisio Duvergé Mejía, a quienes se les conoció juicio disciplinario y fueron destituidos  el  23 de julio de 2016. A pesar de que el Consejo del Poder Judicial encontró hallazgos  “que pudieran comprometer la responsabilidad penal de los disciplinariamente sancionados” y por tanto remitió sus expedientes al Ministerio Público, éste no ha informado sobre investigaciones al respecto y mucho menos ha iniciado acciones penales contra ellos.

A estos escándalos judiciales se sumaron los usuales casos de libertad bajo garantía económica de personas acusadas de crímenes graves, como el narcotráfico, como ocurrió, por ejemplo, con la decisión de la jueza interina de La Romana Aristida Mercedes, quien ordenó libertad de los imputados venezolanos Carlos Justiniano, Jorge Henríquez, Gregory Frías, Gerardo Díaz y Jean Carlos Díaz, quienes fueron arrestados en el aeropuerto internacional de La Romana con un cargamento de 359 kilos de cocaína.  Esta jueza fue destituida por el Consejo del Poder Judicial por haber cometido faltas graves en el ejercicio de sus funciones.

 

4.2.- El Poder Judicial asume consciencia sobre su crisis

Un dato relevante del año 2016 es que el Poder Judicial asumió consciencia sobre la crisis que enfrentaba y que en un pasado muy reciente negaba, y por esa razón, buscando legitimarse y definir ideas y proyectos que pudieran relanzar la justicia dominicana, organizó una Cumbre Judicial Nacional, que se llevó a cabo en tres etapas, de consulta, reflexión y compromiso; en la primera se escuchó el parecer de jueces y ciudadanía a través del territorio.

La Cumbre finalizó con un gran acto el 7 de octubre en el cual se recogieron y suscribieron los compromisos de reforma asumidos por el Poder Judicial, y donde se hizo especial énfasis en el tema presupuestario. Posteriormente, en noviembre, el Consejo del Poder Judicial designó una comisión de seguimiento a los compromisos asumidos en la Cumbre, integrada por magistrados, equipo técnico y miembros de la sociedad civil.

Durante el año tanto la sociedad civil como un grupo de jueces y asociaciones de jueces  realizaron actividades demandando el cumplimiento de la Ley 194/04 que asigna al Poder Judicial el 2.66% del presupuesto nacional. Este fue además uno de los compromisos asumidos en la Cumbre. Sin embargo, el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional volvieron a violar la referida ley al asignar al Poder Judicial apenas un 1.30%, es decir menos de la mitad de lo que dispone la ley.  Debemos recordar que desde 1997 a la fecha,  el promedio porcentual asignado al Poder Judicial ronda el 1.61%. De esta manera  el Poder Judicial se mantiene con una alta vulnerabilidad a la corrupción y a las influencias extrañas que tuercen su indispensable independencia.

4.3 No se salva el Ministerio Público

Por el otro lado, tampoco ha sido un buen año para el ministerio público, también afectado por el bajo presupuesto y por los escándalos de corrupción de algunos de sus miembros, como es el caso del magistrado Isidro Vásquez, imputado por soborno por denuncia de uno de los implicados en el fraude del Banco Peravia.

El Ministerio Público tampoco ha sido muy activo en la investigación y persecución de los actos de corrupción, destacándose las declaraciones de la presidenta de la Cámara de Cuentas en el sentido de que ha remitido a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa alrededor de 20 expedientes con sus correspondientes auditorías y soportes, que entrañan violaciones a las leyes penales, y no se tienen noticias de que se hayan iniciado siquiera las investigaciones al respecto.

El caso más emblemático en manos del ministerio público ha sido el caso de los aviones Tucano, adquiridos por el Estado dominicano a la empresa brasileña Embraer, bajo el gobierno de Leonel Fernández en el año 2010 y que a pesar de que era un secreto a voces, quedó sin ninguna acción hasta que el fraude fue revelado por las autoridades norteamericanas y brasileñas. A pesar de la colaboración de las autoridades norteamericanas y brasileñas a favor del ministerio público dominicano, enviándole valiosa información sobre esta operación, no se sabe nada de la suerte de este caso en manos de la Procuraduría General de la República.

Este  balance que  es parte  de las  aguas que sobresale del iceberg, es un llamado  de  atención  a la sociedad dominicana para que participemos como ciudadanos  de manera  activa, para la construcción de un país más inclusivo, con mejor  equidad, mayor justicia, que como nos decía Martin Luther King » No me preocupa  el grito  de los violentos  ,  de los corruptos,  de los deshonestos,  de los sin ética. Lo que más me preocupa  es el silencio  de los buenos».

14 de diciembre del 2016.- 

Consejo Nacional