Balance del año 2007

A. LA PARTE INSTITUCIONAL.

a)  Aspectos positivos.

1.  Seguridad social. Debe destacarse como positivo el inicio de la ejecución del sistema de seguridad social en la República Dominicana, luego de transcurrido alrededor de seis años de la aprobación de la Ley 87/01 de Seguridad Social.

Es cierto que se ha iniciado en forma precaria, con múltiples dificultades por resolver, pero era muy probable que si se volvía a aplazar el inicio del sistema de seguridad social hasta que estuvieran dadas las condiciones ideales, se produjera una postergación indefinida.

El sistema de  seguridad social en toda su extensión, incluyendo el sistema previsional como el de salud, es concebido, como en todas partes del mundo, para hacer realidad los derechos sociales del ser humano. Estos son derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Constitución y en los pactos internacionales que el país ha suscrito. Basta señalar que el artículo 8, ordinal 17 de la Constitución establece que «el Estado estimulará el desarrollo progresivo de la seguridad social, de manera que toda persona llegue a gozar de adecuada protección contra la desocupación, la enfermedad, la incapacidad y la vejez». El Estado dominicano tiene una deuda social con todos los acreedores de estos derechos sociales fundamentales, y por esa razón entendemos que ha sido positivo el inicio del sistema de seguridad social, lo que genera por lo menos la esperanza de que la referida deuda pueda comenzar a pagarse aunque sea parcialmente.

2.  Ley Municipal. La aprobación de la Ley No. 176-07 del 17 de julio de 2007 del Distrito Nacional y los Municipios constituye otro paso de avance institucional, y debe estar llamada a fortalecer la organización, competencia, funciones y recursos de los ayuntamientos de los municipios y del Distrito Nacional, que son las entidades política administrativa básica del Estado dominicano, como la propia ley establece.

La ley municipal anterior databa del año 1952 y no recogía la notable evolución del poder municipal y el destacado rol que los nuevos tiempos le han otorgado al gobierno municipal. De esa manera, el desarrollo del poder municipal se veía constantemente obstaculizado por el Gobierno Central, impidiendo la descentralización de las funciones públicas que debe producirse a través del accionar del poder local.

Ahora cabe esperar que las nuevas disposiciones puedan ejecutarse a plenitud, permitiendo alcanzar los objetivos que la nueva ley describe con mucha precisión.

b)  Aspectos negativos.

1.  Corrupción. El año 2007 lamentablemente ha sido un año en el cual la lucha contra la corrupción ha sufrido un claro retroceso, a pesar de ser la corrupción el peor de todos los males que nos agobian como país, y responsable directo de que no podamos enfrentar con eficiencia la pobreza secular que abate a la mayoría de los dominicanos y sus necesidades de salud, educación, justicia, y vivienda digna, entre otras necesidades

En el 2007 se detuvo el esfuerzo de llevar a la justicia muchos de los casos de corrupción bajo investigación del Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa. Un número indeterminado de auditorías realizadas por la Cámara de Cuentas, que de acuerdo con funcionarios públicos revelan graves irregularidades en dependencias públicas, permanecieron ocultas para la ciudadanía.

Pero además, los expedientes de corrupción que se encontraban en manos de los tribunales han generado sentencias que promueven la impunidad como ha ocurrido en los casos de RENOVE, usufructo de vehículos robados por oficiales de la policía, PEME, Invernaderos, entre otros. Deben destacarse los expedientes relacionados con los fraudes bancarios producidos en Baninter, Bancrédito y Mercantil.

En el caso Baninter, en el juicio  más seguido por la ciudadanía, se produjo una sentencia que aunque condenó a 10 años a dos de los cinco imputados, a 8 años a otro y declaró no culpable a los otros dos, la mayor parte de la sociedad pudo apreciar cómo las influencias aún afectan las decisiones del Poder Judicial, pues se excluyó de la petición de confiscación realizada por los fiscales a uno de los medios de comunicación adquiridos con fondos de los depositantes, e igualmente se excluyeron los cargos de lavado y abuso de confianza a pesar de que la sentencia daba por probados todos los hechos cometidos por los imputados.

Sobre el Bancrédito se produjo una decisión que pretende cerrar el expediente iniciado por las autoridades, bajo el alegato de que los hechos ya han sido juzgados con anterioridad, sin que exista sentencia anterior que explique qué pasó con los más de veinte y tres mil millones de pesos distraídos de esa entidad bancaria, ni obligue a nadie a devolverlos.

Sobre el caso Mercantil, el más atrasado de todos, aún no se inicia juicio de fondo, y permanece por largo tiempo en la Suprema Corte de Justicia en espera de una decisión de cuál será el tribunal que deberá conocerlo.

2.  Acceso a la información pública. A pesar de contar con una nueva Ley de Acceso a la Información Pública, el año 2007 se ha encargado de demostrarnos que no basta con la norma y que se requiere de la voluntad política necesaria para su implementación. Fue paradigmático el caso del periodista Huchi Lora, quien hizo uso de la ley para requerir información sobre el Metro que se construyen en el Distrito Nacional, la que no le fue concedida, obteniendo el comunicador social una sentencia que ordenaba su entrega y que ha sido desacatada. Luego de una dilación injustificada, la Suprema Corte de Justicia rechazó la demanda en suspensión de la sentencia que ordenaba la entrega de la documentación reclamada, obligando a la OPREP a cumplirla. Es muy lamentable que la Suprema con su decisión haya validado que la simple demanda en suspensión suspenda una sentencia de amparo, lo que resta toda eficacia a este recurso, que en lo adelante se verá en todos los casos injustificadamente dilatado, en desconocimiento de los tratados internacionales que ha suscrito el país que establecen que el recurso de amparo debe conocerse y decidirse sin dilaciones indebidas.

3.   Ley de Austeridad. El incumplimiento por parte del Gobierno central de la Ley de Austeridad para el año 2007, ha sido otro hecho negativo. Sorprende que esto ocurriera pues la iniciativa partió del propio Poder Ejecutivo, quien alegó que los recursos adicionales que se requerirían para el año 2007 provendrían en un 50% de   una nueva reforma fiscal, y el otro 50% de los ahorros del Gobiernos a través de la ejecución de la señalada ley. Mientras la población cumplió con su parte pagando los impuestos que permitieron recaudar el 50% que le correspondía, y además se registró un superávit fiscal cercano a los 25 mil millones de pesos, el gobierno incumplió su propia ley de austeridad y por el contrario, aumentó sus gastos corrientes a través de la creación de un número importantes de nuevos empleos públicos, la mayoría de ellos innecesarios y creados solamente con fines reeleccionistas, y elevó el gasto en publicidad a un promedio de 187 millones  de pesos mensuales, aunque la ley ordenaba reducirlo. 

     El uso incorrecto de los fondos públicos fue notable y escandaloso en los   aumentos de salarios producidos para los miembros de la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas, en violación de la señalada Ley de Austeridad. Igual mención merece el aumento exorbitante de salario que se hizo aprobar el presidente del Banco Nacional de la Vivienda. Igual aconteció con los fondos dispuestos para los congresistas a través del denominado «barrilito».

 4. El DPCA y la Comisión de Ética. Los organismos llamados a trabajar contra la corrupción tuvieron una hoja de servicios muy deficiente durante el año 2007, incluyendo la Comisión Nacional de Ética y el Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa. La Comisión de Ética prácticamente no se hizo sentir durante todo el año, poniendo en serias duda su papel.

5.  Sun Land. El de la Sun Land fue el último de los escándalos de corrupción destapados en el año 2007, con la firma de un contrato a través del cual el Gobierno firmaba pagarés por US$130 millones a favor de esa empresa privada, que luego los vendió a bancos extranjeros, sin que dicho contrato fuera aprobado por el Congreso como lo manda la Constitución, ni registrado como deuda púbica como lo dispone la Ley de Crédito Público. Tampoco se ha aclarado que ha hecho la Sun Land con esos fondos, que no han sido depositados en manos del gobierno o del Banco Central . Aunque parece obvio que esa empresa ha usufructuado durante más de año y medio un financiamiento del Estado Dominicano por 130 millones de dólares. 

Es destacable además la falta total de transparencia exhibida por el gobierno en el manejo de este contrato y frente a los legítimos cuestionamientos que generó luego que fuera   denunciado, pues las explicaciones dadas por los funcionarios públicos, incluyendo el presidente de la República, han arrojado más sombras que luces sobre el mismo.

El último acontecimiento, la terminación del contrato por parte del gobierno,   confirma las irregularidades que han sido denunciadas, pero la referida terminación adolece de los mismos problemas de falta de transparencia, y deja muchos aspectos sin responder. La referida terminación ha sido parcial, pues el gobierno, de manera expresa, ha reconocido que mantiene obligaciones por US$32 millones con la Sun Land, que provienen del contrato original, lo que obligará a   la Suprema Corte a pronunciarse sobre si la deuda, ahora reducida, fue originada cumpliendo o no con los requisitos legales y constitucionales.

Este acontecimiento es particularmente importante pues de admitirse como válido un precedente de esta naturaleza cualquier gobierno, sin necesidad del Congreso, podría hipotecar el futuro de la República Dominicana en manos de acreedores extranjeros.

6.  Área Electoral. En el área electoral el año también ha tenido un balance negativo pues las primarias de los partidos políticos demostraron que nuestros partidos políticos han decidido utilizar el clientelismo como   método fundamental de lograr adeptos, lo que pudo comprobarse con mucha pena en los tres partidos más importantes.

Igualmente, la Junta Central Electoral utilizó mucho de su tiempo en disensiones internas que disminuyeron su autoridad, lo que pudo reflejarse en el fracaso en aprobar el reglamento para regular las campañas electorales. Este intento, digno de mejor suerte, afectaba la forma tradicional de hacer política y encontró la oposición de todos los partidos, que prefieren no estar regulados y poder hacer campaña en todo momento y circunstancias, aún fuera del tiempo que establece la ley. Lamentablemente, el esfuerzo de la JCE se hizo en un momento en que se encontraba muy debilitada por sus enfrentamientos internos y tuvo que dejar de lado una iniciativa que habrá de adoptarse tarde o temprano en el país para evitar el dispendio de fondos públicos y privados a destiempo.

7.  La presa de Taveras. Cerrando el año, la tormenta Olga ha traído nuevas desgracias a los más desprotegidos, pero además ha colocado en agenda la necesidad de revisar la forma en que se manejan las presas en el país. Diversos sectores, incluyendo a los partidos de oposición, la iglesia católica, medios de comunicación y empresarios de Santiago, han reclamado una investigación sobre la forma en que se manejó el desfogue de la presa de Taveras, atribuyendo a ese hecho más de treinta muertos y graves daños a la ciudad de Santiago y a las zonas de influencia de dicha presa. Resulta indispensable que el caso se esclarezca y que si existió negligencia, se apliquen las sanciones de lugar y se tomen las medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir, sobre todo ante la realidad de los cambios climáticos, que lamentablemente permiten suponer que el país seguirá siendo afectado por fenómenos de la naturaleza que pondrán a prueba todos sus presas.

B. LA PARTE ECONÓMICA.

Durante el año 2007 la evolución  económica siguió mostrando los rasgos característicos de los años recientes: alto crecimiento económico, aunque nada convincente en términos de bienestar de la población. De acuerdo con las últimas estimaciones del Banco Central, se espera que termine el año con una expansión de 8% en el PBI, una tasa mucho más elevada que la inicialmente prevista, pues las proyecciones originales eran de un 5%.

Sin embargo, resulta particularmente llamativa la poca calidad del referido crecimiento, considerando que el mayor aporte a ese valor lo hicieron los impuestos indirectos, así como los sectores comercio, finanzas y telecomunicaciones, alentados por el gran aumento de las importaciones y las fuertes entradas de capitales financieros.

De igual modo, es necesario resaltar que el año 2007 se caracterizó por un comportamiento muy precario de los principales sectores productivos. Las zonas francas y la construcción registraron disminución en sus actividades respecto a los valores del 2006, en tanto que la industria y la agropecuaria apenas crecieron en proporciones ínfimas. Por otro lado, el turismo se estancó, registrándose hasta octubre un número de visitantes ligeramente más bajo que el año anterior. Todo lo anterior indica que los sectores responsables del aumento del producto tienen muy poca relación con el empleo formal y los ingresos de la población, la cual no percibe ningún progreso.

Podría considerarse que un logro importante del 2007 fue el mantenimiento de la estabilidad de precios, pese a los elevados costos internacionales de los combustibles y de diversos alimentos y materias primas. Aún así, al mes de noviembre la inflación anual ya se había elevado al 8.4%, y es posible que al terminar el año ese porcentaje sea mayor, como efecto de los altos precios de los alimentos, impactados, en gran medida, por las dos tormentas tropicales que afectaron gravemente el sector   agropecuario del país durante los meses finales del año.

Los incrementos de precios de los más importantes productos básicos en la economía mundial afectaron a la República Dominicana de dos maneras: por el lado positivo aumentaron las exportaciones, particularmente las de ferroníquel, las cuales se elevaron tanto que probablemente hayan superado los US$1,000 millones, casi duplicando su valor; pero por otro lado, han obligado al país a comprar más caros el petróleo y diversas materias primas.

Unas de las mayores fuentes de preocupación del entorno económico es el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, el cual ha   alcanzado niveles difícilmente sostenibles. Se estima que al terminar el 2007 podría estar cerca del 5% del producto bruto interno. El aumento de las exportaciones por   los altos precios del ferroníquel no ha sido ni mínimamente suficiente para contrarrestar el hecho de que las zonas francas siguieron en retroceso, el turismo estuvo estancado, mientras que las importaciones aumentaron vertiginosamente, alentadas, entre otras cosas, por el mismo fenómeno que afecta negativamente el turismo y las zonas francas, que es el mantenimiento de una moneda sobrevaluada.

El país podría haber experimentado serias presiones en su sector externo de no haber sido por que en la primera mitad del año se registraron fuertes entradas de capitales privados, que se unieron al financiamiento blando de Petrocaribe. Este flujo positivo de capitales vino atraído por las tasas reales positivas de interés, en instrumentos de gran confiabilidad como son los certificados del Banco Central, al tiempo que la tasa de cambio permanece prácticamente inalterable durante casi tres años. No debe olvidarse, sin embargo, que para mantener esa estabilidad cambiaria, el Banco Central ha tenido que seguir aumentando el balance de su deuda interna, la cual termina el año 2007 en alrededor de RD$200,000 millones, cuyo costo financiero tendrá que seguir pagando el país por varios lustros.

Otro elemento distintivo de la evolución económica es el incremento mayor de lo previsto de los ingresos fiscales. En los primeros once meses se habían incrementado en un 26%, en tanto que las proyecciones presupuestarias eran de un aumento de 16%. Las razones fundamentales que explican este fenómeno son: por un lado, los altos precios del ferroníquel, que significó un incremento de casi 500%, con relación al 2006, en los ingresos provenientes de los derechos de explotación de Falconbridge; y por otro lado, la introducción del número de comprobante fiscal, que mejoró considerablemente los controles de la administración tributaria, tanto en el cobro del ITBIS como del Impuesto Sobre La Renta.

El fuerte aumento de los ingresos le permitió al Gobierno incrementar sus gastos y aún así cumplir sus metas de superávit en el Gobierno Central negociadas con el FMI. Un aspecto a destacar es que los gastos corrientes se incrementaron en alrededor del 16%, incumpliendo así con la propia ley de austeridad vigente. Vale decir que, el Gobierno aprovechó su gran holgura de recursos para potenciar, a la mayor expresión, su política clientelista de gastos. Hasta tal punto, que los recursos le alcanzaron para complacer peticiones de múltiples sectores excepto para lo más importante, pues el país sigue manifestando un extremadamente bajo compromiso con lo social. Se estima que el porcentaje del PBI destinado al gasto educativo, terminará en apenas un 2%, lo que sigue siendo uno de los aportes más bajos a nivel mundial. Algo parecido ocurre con salud, justicia y otros servicios sociales.