Ante el Incremento de la Delincuencia Registrada en el País

El movimiento cívico Participación Ciudadana expresa su más alta preocupación ante incremento de la delincuencia con su secuela de pérdidas de vidas humanas, temores y daños materiales, generando una crisis de seguridad ciudadana en el país.

Los actos de violencia registrados en las últimas semanas crean una situación de desasosiego e intranquilidad en la familia dominicana y un clima inapropiado para el desarrollo productivo y la inversión.

En estas circunstancias, se hace necesario que las autoridades tomenuna decisión  definitiva para  enfrentar este flagelo con políticas integrales que incorporen a la sociedad y  sus instituciones.

Un elemento que debe estar contenido en estas políticas es la reforma  reale integral de la Policía Nacional, fomentando un organismo de investigación delictiva que sea capaz de prevenir y perseguir el delito, generando confianza en la comunidad. Para ello se necesita desarrollar un auténtico plan de depuraciónde esta institución, investigando a fondo los denunciados vínculos entre oficiales y clases con  los grupos criminales.

Para recuperar la credibilidad de la PN es imprescindible que se llegue hasta las últimas consecuencias en el escándalo de la expropiación, por altos oficiales de la institución, de más de un centenar de vehículos robados, aplicándose las sanciones correspondientes

Es necesario promover un nuevo tipo de agente policial que esté estrechamente vinculado a la ciudadanía, lejos de sospechas criminales y con apego a la ley. Necesitamos desarrollar la capacidad investigativa del cuerpo del orden mediante la incorporación de las técnicas modernas de criminalística y la adquisición de los equipos que se requieren para garantizar la seguridad y protección de sus miembros.

Ninguna reforma policial puede ser eficiente si no contempla un mejoramiento del salario y el sistema de seguridad de esa profesión, sobre la que se fundamenta el reclutamiento de un personal más capaz y proclive a las normas éticas.

Las medidas tomadas hasta el momento por las autoridades no pueden limitarse a la Policía Nacional, deben tocar otros ámbitos institucionales del país. Se trata de adoptar e impulsar un verdadero plan de seguridad ciudadana que integre a las organizaciones sociales en las iniciativas de prevención que se tomen en cada barrio, ensanche o comunidad.

Este plan debe comprender una política criminal  desde el Ministerio Público para la persecución y castigo de la criminalidad, pero no sólo en la delincuencia común, sino también y muy especialmente de la de “cuello blanco», practicada tanto en el sector público como en el privado y cuya impunidad es un estímulo para que algunos salgan a las calles a “buscársela” de cualquier manera.

Participación Ciudadana entiende que desde la óptica del ministerio público, es necesario insistir en que sus representantes ante las diferentes jurisdicciones del país deben procurar la adquisición de los medios de prueba que permitan la persecución y condena de las personas cuya culpabilidad haya sido efectivamente comprobada. Asimismo, es imprescindible limitar las posibilidades de que criminales reincidentes obtengan libertad provisional mediante una de las múltiples fórmulas que todavía existen en nuestro sistema judicial.

Por otra parte,la Suprema Corte de Justicia y los tribunales de menor jerarquía, deben dar muestras fehacientes de que existe una voluntad nacional para castigar el delito y el crimen, sin tomar en cuenta la clase social o el vínculo político del autor de un hecho delictivo.

En las actuales circunstancias, la impunidad se constituye en una fuente reproductora del crimen que no puede ser tolerada por quienes aspiramos a vivir en una sociedad democrática.