“20 Años de impunidad: investigación de casos de corrupción en la justicia dominicana 1983-2003”

Participación Ciudadana puso en circulación el libro  “20 Años de impunidad: investigación de casos de corrupción en la justicia dominicana 1983-2003”. Este trabajo lo realizaron los doctores Santiago Sosa y Melisa Sosa Montás, y contó con la colaboración de Fausto Rosario Adames, Alfonso Abreu Collado, Isidoro Santana, Francisco Álvarez Valdez y Marina Hilario.

A continuación las palabras presentadas por Alfonso Abreu Collado, Coordinador General

La negativa percepción de los dominicanos sobre la corrupción asociada al ejercicio del poder político, ha salido a relucir en cada una de las encuestas realizadas en el país en las que se ha indagado sobre este tema.

Esa percepción ha sido puesta de manifiesto en la serie de encuestas publicadas con el título “Hacia donde va la democracia? 1994-2001”.

En las tres encuestas realizadas durante los años 1994, 1997 y 2001, aparece cada vez una proporción mayor de la población que considera la corrupción como una cuestión grave y muy grave en los gobiernos y la política.

Los resultados muestran que en 1994 esa apreciación la tenía el 88% de la población, subiendo a 90% los que pensaban de igual forma en 1997. Ya en el 2001 los ciudadanos dominicanos que tenían esa misma sensación alcanzaron el 94% de la población.

Esa impresión negativa ha seguido acentuándose a juzgar por los datos de la encuesta Gallup del año 2003, la cual revela que el 97.4% de los dominicanos entienden que existe corrupción  en la presente administración gubernamental.

Al mismo tiempo, resulta de suma preocupación comprobar como se acrecienta el desaliento entre la población, en torno a la posibilidad de eliminar las prácticas corruptas de la administración estatal.

En este orden se puede apreciar que, en la encuesta del año 1994, de la serie antes citada, menos del 18% de la población entendía que la corrupción “no se puede cambiar nunca”, y siete años después, en el 2001, ese era el sentir de casi el 30% de los dominicanos; mientras que la parte de la población que entiende que la corrupción “sólo se puede disminuir un poco” pasó de 37% en 1994 a 49% en el 2001.

Los resultados de la investigación que hoy ponemos en manos de ustedes, que hemos denominado “20 años de impunidad”, vienen a demostrar, entre otras cosas, que no son en modo alguno casuales esas percepciones negativas de los dominicanos en torno al tema de la corrupción gubernamental y la posibilidad de erradicarla del ámbito nacional.

En esta investigación se han identificado, y se ha tratado de seguirle el rastro, en las diferentes instancias judiciales, a los casos de corrupción administrativa pública o con incidencia en los fondos públicos, denunciados ante los diferentes organismos de la justicia, durante los últimos dos decenios (1983-2003). Vale decir, que la misma abarca seis (6) periodos gubernamentales diferentes: la administración presidida por el Dr. Salvador Jorge Blanco (1982-86); tres administraciones presididas por el Dr. Joaquín Balaguer (1986-90; 1990-94 y 1994-96); la administración presidida por el Dr. Leonel Fernández (1996-2000) y la actual administración presidida por el Ing. Agrónomo Hipólito Mejía.

Desafortunadamente, lejos de invitar al optimismo, los resultados de este trabajo parecen servir de sustento a la opinión generalizada en la población dominicana, de que la lucha contra la corrupción parece una causa perdida.

El total de casos localizados en las diferentes instancias judiciales alcanzó a 227. De los cuales 185 casos (81.5%) se encontraron en el Departamento de Prevención contra la Corrupción (DEPRECO).  Mientras que 22 casos (9.7%) fueron localizados en juzgados de instrucción, Cámara de calificación y Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia. En la Suprema Corte de Justicia reposan dos (2) casos; en la Corte de Apelación uno (1) y en la Procuraduría General de la República otro.

Durante los 20 años considerados, sólo en seis (6) casos, que representan apenas el 2.6% del total localizado, la justicia dominicana ha logrado llegar a decisiones definitivas.

Cuando se analiza de forma particular la situación del DEPRECO, encontramos que de los 185 casos o denuncias localizados en ese Departamento, más de la mitad (93 denuncias) siguen clasificadas como “en proceso de investigación”. Pero más asombra conocer que la mayoría de ellas tienen dos, tres y cuatro años que fueron depositadas en el DEPRECO.

En efecto, 17 denuncias datan del año 2000, 22 denuncias datan del año 2001 y 23 denuncias datan del año 2002. Eso significa que el 67% de tales casos tienen entre dos y cuatro años, esperando por una decisión de sometimiento o desestimación por parte del DEPRECO.

Esta es una situación preocupante, cualquiera que sea la causa de esa enorme tardanza en la toma de decisiones, tanto porque se retrasa la posibilidad de sanciones para los culpables, como porque se puede prestar a que denuncias sin fundamentos, se mantengan como expedientes abiertos por tiempo indefinido, en perjuicio del buen nombre de las personas involucradas.

En ese sentido, debe decirse que de los 185 casos en el DEPRECO, hasta la fecha de esta investigación, sólo 18, que representan algo menos del 10%, habían sido encontrado con méritos suficientes para ser recomendados para sometimiento al Procurador General de la República.

Igual situación de retardo se presenta en los casos de corrupción localizados en los juzgados de instrucción. Nueve (9) casos fueron localizados en esta instancia, tres (3) de los cuales datan de los años 1996 y 1997 como lo son, por ejemplo, la acusación sobre  Marzouka y compartes por un fraude contra la Lotería Nacional, y el famoso caso de los terrenos de Bahía de las Águilas. Mientras que otros tres (3) que envuelven al INVI, el INESPRE y la construcción de la carretera de Vallejuelo, datan del año 2000 y 2001. Lo anterior significa que el 66% de estos casos tienen entre cuatro (4) y ocho (8) años parados en la instancia de instrucción.

En Cámara de Calificación se encontraron tres (3) casos, de los cuales dos (2) reposan en esa instancia desde el año 2001 y el tercero entró en febrero del 2003.

En el Juzgado de primera instancia del Distrito Nacional se localizaron diez (10) casos. Dentro de los cuales hay uno desde 1988 y otro desde 1989, así como el resonado “Caso Aduanas” que data de 1994, e involucra a una ex directora de esa institución y 26 personas más. Los casos de menor tiempo en esta instancia datan del año 2001, es decir que tienen por lo menos tres años sin ningún movimiento.

En la Corte de Apelación del Distrito Nacional fue ubicado un (1) solo caso, el cual data de 1989. Con la agravante de que la documentación correspondiente al mismo no apareció en los archivos de esa Cámara.

Un caso similar de desaparición de documentación es el de la querella del año 1996, contra el Dr. Joaquín Balaguer y varios funcionarios de su gobierno, referente al contrato entre el Estado y el consorcio Hydro-Quebec Sofati para la rehabilitación de la CDE. Los documentos de este proceso no fueron localizados ni en la Procuraduría General de la República donde fue interpuesta la querella, ni en la Suprema Corte de Justicia, institución que le correspondía juzgar a los acusados dada la investidura de los mismos.

En la Suprema Corte de Justicia se encontraron dos casos: el de la entrada ilegal de chinos por la frontera haitiana, que permanece en esta instancia desde julio del 2002, en razón de la jurisdicción privilegiada que le corresponde al Diputado inculpado del hecho; y el caso de los cupones de subsidio del gas propano, llegado en el 2003, por la misma razón de que dentro de los inculpados hay un Diputado que le corresponde esa jurisdicción privilegiada de única instancia.

No vamos a detenernos en esta presentación a analizar la situación de los casos de fraudes bancarios, por ser historia relativamente reciente y conocida por todos los presentes en este auditorio. En el documento aparece la reseña de los mismos, con la identificación de los acusados, acompañada de un análisis del tremendo impacto negativo que la solución de los mismos ha tenido, y seguirá teniendo, sobre la economía del país.

Por otro lado, resulta interesante resaltar que, en los dos decenios que abarca esta investigación, sólo seis casos de corrupción han alcanzado la condición de sentencias definitivas en nuestros tribunales. Y de ellos, en sólo uno (1) hubo condena, pues los inculpados de los otros cinco (5) fueron absueltos en diferentes instancias judiciales.

Asimismo conviene llamar la atención sobre un elemento común a todos los casos de corrupción localizados. Y es que todos los inculpados con casos activos se encuentran en libertad provisional bajo fianza. Provisionalidad que, dada la inercia judicial, en la mayoría de los casos se convierte en libertad definitiva.

Ciertamente, los procesos contra la corrupción han servido para poner de manifiesto la debilidad institucional de un Poder Judicial, en algunos casos cautivo de las presiones emanadas del Poder Ejecutivo y, en otros, paralizado por el miedo al poder económico o a los apellidos sonoros de las personas encausadas.

No olvidemos, además, que una cantidad mayor a los casos localizados, está constituida por aquellos que nunca han llegado a la puerta de un tribunal, por esa perniciosa política de “borrón y cuenta nueva” aplicada por sucesivas administraciones gubernamentales.

Y no es legislación sancionadora de la corrupción lo que ha faltado, sino probidad, valor y responsabilidad de jueces y ministerio público para demostrar que la justicia es igual para todos.

Las previsiones legales van desde la propia Constitución de la República, cuyo Artículo 102 dispone sanciones para quienes sustraigan fondos públicos para provecho personal o proporcionen ventajas a sus amigos o relacionados, hasta el Código Penal que establece penalidades para la prevaricación, desfalco o soborno, cometido por un funcionario público en el  ejercicio de sus funciones.

En adición, el Senado de la República ratificó, en 1998, la “Convención Interamericana contra la Corrupción” que tipifica como delito el incremento patrimonial de un funcionario público cuando dicho aumento no guarda relación con sus ingresos legítimos y no pueda ser razonablemente justificado.

Asimismo, desde el ámbito gubernamental se han producido varias iniciativas mediante decretos del Poder Ejecutivo, tales como: la propia formación del DEPRECO en 1997; la creación de “Comisiones de Ética Pública” en 1998; la conformación del “Consejo Asesor en materia de lucha anticorrupción” en el 2001; y la creación de las llamadas “Auditorías Sociales” en el 2003.

De su lado, organizaciones de la sociedad civil han realizado aportes significativos en la creación de conciencia ciudadana en la lucha contra el flagelo de la corrupción administrativa.

Desde el grupo “Acción Contra la Corrupción” en la segunda mitad del decenio de los 90, hasta el programa “Transparencia & Corrupción” desarrollado por FINJUS en el 2002.

A su vez Participación Ciudadana está desarrollando actualmente el programa “Transparencia de la Gestión Pública” con varios componentes orientados al combate a la corrupción.

El pasado año 2003, a raíz del destape del enorme fraude que afectó el sector financiero, más de 50 organizaciones de la sociedad civil se cohesionaron en la “Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad” escenificando varios actos públicos masivos y manteniendo viva una permanente campaña de presión y denuncias públicas demandando que en esta ocasión la justicia llegue hasta las últimas consecuencias, sancionando a los que resulten culpables de los desfalcos denunciados.

Por su magnitud, este fraude bancario produjo un gran sacudimiento en la conciencia nacional, uniendo por primera vez, en favor de una misma causa, a casi toda la sociedad dominicana.

Es digno de resaltar, sin embargo, que en esta lucha casi unánime por la transparencia y contra la impunidad brillaron por su ausencia los partidos políticos mayoritarios del país. Ninguno de tales partidos hizo pronunciamiento alguno, por mínimo que fuese, exigiendo el esclarecimiento de la situación; y más bien algunos de sus dirigentes dieron inequívocas señales de solidaridad con los principales acusados de los denunciados fraudes.

Es bien conocido, por otro lado, que el método de asignación de obras públicas sin licitaciones y de compras gubernamentales sin los debidos concursos, es una de las principales vías para el desvío de fondos públicos, a través de cubicaciones y facturaciones sobrevaluadas.

Se estima que la asignación de obras y las compras de bienes y servicios públicos por el llamado método de grado a grado, significa una pérdida fiscal de alrededor de 20% del valor invertido o gastado. A lo cual se adicionan significativas erogaciones posteriores, como consecuencia de la mala calidad de obras, generalmente construidas con poca o ninguna supervisión.

Esta es la forma más conocida y directa de favorecer desde el Estado a correligionarios, parientes, amigos o relacionados, con el consiguiente perjuicio para los sectores más pobres de la sociedad que, debido a ese despilfarro de los fondos públicos, no logran la satisfacción de sus necesidades más elementales.

En este sentido, varias organizaciones de la sociedad civil organizada han elevado reiterados reclamos ante el Congreso Nacional en procura de que sea convertido en ley el proyecto de “Contratación pública de bienes, obras, servicios y concesiones” que tiene varios años en poder de los legisladores.

Varios proyectos similares han sido enviados al Congreso por diferentes administraciones gubernamentales, sin resultados positivos hasta la fecha.

Da la impresión de que los incumbentes del Poder Ejecutivo consideran salvada su responsabilidad ante los sectores reclamantes, con el simple envío del proyecto al congreso, para luego desentenderse del mismo sin mayores preocupaciones por la obtención de la sanción congresional.

Es indudable que en ese desinterés por la aprobación de una legislación de esta naturaleza, se combinan las conveniencias del Poder Ejecutivo y el Legislativo. En el caso del Poder Ejecutivo porque el sistema de asignación y compra de grado a grado le ofrece la oportunidad de favorecer amigos o relacionados, así como pagar favores políticos; y en el caso de los legisladores, porque muchos de ellos resultan beneficiarios directos de esa practica reñida con la transparencia y con la pulcritud en el manejo de los recursos públicos.

Ahora bien, como hemos repetido en ocasiones anteriores, la inexistencia de la ley no puede considerarse obstáculo para que el Poder Ejecutivo invierta eficientemente los fondos públicos. En nuestro criterio, esa ausencia legal quedaría subsanada si los administradores de la cosa pública, empezando por el Presidente de la República, tuviesen la voluntad política para asignar el gasto público siguiendo pautas mínimas de diafanidad y eficiencia.

Pero, al parecer, también en este aspecto la solución tendrá que venir desde el exterior. En efecto, tanto el acuerdo de Libre Comercio recién firmado con los Estados Unidos de América, como el eventual ALCA, contienen cláusulas que hacen obligatoria la licitación para la construcción de obras y compra de bienes y servicios públicos que sobrepasen determinados montos.

Resulta penoso que sean convenios internacionales los que nos obliguen a la transparencia y la pulcritud en el manejo de los recursos públicos.

Como es penoso también, que al igual que en muchos otros países de nuestro continente, hasta ahora la única sanción temida contra la corrupción administrativa, es la cancelación o retiro de la visa estadounidense.

Aspiramos a vivir en un país en el cual los servidores públicos tengan la integridad como guía fundamental de sus actuaciones. Pero además, un país con un sistema judicial independiente y fuerte, cuyos miembros tengan la probidad y la entereza para sancionar, sin favores ni temores, y en proporción a la falta cometida, a todos los ciudadanos que infrinjan las leyes, sean estos del sector público o del sector privado.

En ese sentido, Participación Ciudadana promete que seguirá adelante con su programa por la “Transparencia de la gestión pública” y apoyando un mayor fortalecimiento del Poder Judicial. Porque estamos convencidos de que sólo cuando la aplicación de sanciones oportunas sea la consecuencia natural de la violación de la ley, empezará a desaparecer en el país la percepción generalizada de que la justicia es inoperante o de que actúa con marcada parcialidad.

Sólo entonces, cesará la impunidad.


Palabras de Javier Cabreja,  Director Ejecutivo

“Veinte años de impunidad: investigación de casos de corrupción en la justicia dominicana 1983-2003.”

Este acto de puesta en circulación del libro “Veinte años de impunidad: casos de corrupción en la justicia dominicana 1983-2003”, el cual es producto de una minuciosa investigación, cuya metodología y resultados serán presentados en la noche de hoy.

Constituye para Participación Ciudadana una profunda satisfacción el poder compartir con ustedes este interesante documento que recoge los hechos de corrupción durante las últimas dos décadas y ofrece información sobre lo que ha pasado con cada uno de estos casos.

Esta iniciativa se enmarca dentro de uno de los programas que desarrolla nuestra institución, denominado “Transparencia de la Gestión Pública”, el cual procura contribuir con la reducción de la corrupción administrativa y  promover prácticas de transparencia y rendición de cuentas en el sector público y privado, mediante la participación activa de los diferentes sectores de la sociedad.

Acciones como la promoción de iniciativas legales, la realización de campañas educativas dirigidas a jóvenes y estudiantes, la articulación de la Sociedad Civil en la lucha por la transparencia, el seguimiento a la Convención Interamericana Contra la Corrupción y el monitoreo ciudadano de la gestión pública, definen las principales líneas programáticas en materia anticorrupción desarrolladas por nuestra organización durante los últimos cinco años.

Con este accionar, reconocemos que no es posible asumir exitosamente el reto del fortalecimiento de lademocracia, del crecimiento económico y de la lucha efectiva contra la pobreza, si no se  aborda de manera responsable, uno de los aspectos más relevantes de la agenda nacional, como lo es el de la transparencia y la lucha contra la corrupción.

A partir de una primera investigación realizada por PC en el año 2001 se recopiló, en un documento / inventario, toda la normativa legal, bastante amplia por cierto,  sobre control y transparencia en la gestión pública, así como las diversas propuestas presentadas ante el Congreso Nacional.

Con el libro que hoy ponemos en circulación les entregamos los resultados de una segunda investigación que evidencia el sistema de impunidad predominante en el país en materia de corrupción. La pregunta obligada es: ¿para qué  han servido tantas leyes, decretos y reglamentos que procuran enfrentar el flagelo de la corrupción administrativa en nuestro país?.

El documento 20 años de impunidad se centra solo en aquellos casos que han llegado a alguna instancia judicial (ministerio público o tribunales judiciales), sin  incorporar los casos que se quedan en denuncias en los medios de comunicación o como parte del rumor público, lo que sin dudas, haría de éste, un documento mucho más extenso. Los resultados de esta investigación ponen al descubierto la profundad debilidad del sistema de administración de justicia dominicano, en lo concerniente a la  investigación, sanción y castigo de los casos de corrupción pública y privada.

Aunque para muchos, entre los que nos incluimos, no es posible un efectivo combate de la corrupción sin acciones de prevención en el área de la educación o en el establecimiento de controles administrativos,  esto de por sí no es suficiente si al mismo tiempo no existe un sistema capaz de detectar y castigar los hechos de corrupción.  Si el acto corrupto no tiene ningún tipo de consecuencia de carácter legal o social, se crean incentivos para su reproducción. Para algunos, no hay mejor prevención que el castigo mismo de la corrupción.

Este estudio es un compendio de información para la acción, sobre todo para la acción ciudadana de vigilancia y presión para que estos casos no queden en la impunidad, y sean llevados hasta sus últimas consecuencias. Esperamos que este documento se constituya en un instrumento de trabajo para todas aquellas personas e instituciones preocupadas por la institucionalidad en el país.

De igual manera queremos hacer de esta investigación, que toca dos décadas de la vida nacional,  un material que se constituya en antídoto contra la desmemoria social, pues un  sistema de impunidad, además de una justicia débil, se alimenta del olvido ciudadano.  Los dominicanos y dominicanas tenemos el derecho de conocer sobre lo que pasa con aquellos funcionarios que incurren en una administración dolosa de nuestros recursos, pero más que nada, tenemos la responsabilidad de repudiar estos hechos y demandar una pronta sanción para sus autores. Esto sólo es posible si nos resistimos a olvidar.

Permítanme confesarles que estamos seguros de que con iniciativas como estas, Participación Ciudadana sigue demostrando su parcialidad, lo admito, no somos neutros, tenemos una muy clara tendencia hacia la institucionalidad, una absoluta preferencia por la transparencia y una inclinación no oculta por la buena gobernabilidad democrática.

Ayer fueron unos, hoy son otros, mañana pueden ser distintos; no importa quien o quienes se sienta afectados por nuestra actuación, lo que sí  importa,  es que los principios que predica y práctica nuestra institución no son negociables.

Por último, debo destacar que este estudio es resultado del esfuerzo conjugado de distintas instancias y personas a las cuales debemos agradecer. En primer lugar al CN de nuestra organización, por la sabia decisión de  pensar e impulsar el pasado año, una iniciativa de esta naturaleza. A los consultores, Santiago y Melisa Sosa por la calidad del trabajo realizado, a la comisión de transparencia de PC y al excelente equipo de miembros de esta institución integrado por  Alfonso Abreu, Isidoro Santana, Marina Hilario, Fausto Rosario y Pancho Álvarez, quienes trabajaron con dedicación y empeño en  la revisión y ampliación de este documento.  Debo reconocer además, el apoyo brindado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional en la realización de esta publicación

Muchas gracias por acompañarnos y esperamos que este documento sea de su agrado y utilidad.