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EL CASO BANCREDITO

LA IMPUNIDAD JUDICIAL TAMPOCO DEBE PASAR

 

 

  1. El caso Bancrédito constituye uno de los fraudes bancarios más escandalosos develados en nuestra historia moderna. Por esto, al igual que como se ha hecho en el expediente Baninter, las Autoridades Monetarias y Financieras, no sólo lo han denunciado responsable, coherente y públicamente, sino que se han querellado y constituido en parte civil contra los responsables de los mismos hasta ahora identificados.

 

  1. Sin embargo, queriendo pasar por alto este grave hecho fraudulento, los acusados, señores Manuel Arturo Pellerano y Felipe Mendoza, quieren públicamente vender la idea de que  dicha querella resulta temeraria, pues ellos sólo son simples víctimas del poder, que bajo su administración en el Bancredito no ocurrió fraude alguno,  y que este Banco no quebró.

 

  1. Carece de asidero el primer argumento, toda vez que por el contrario  los acusados han sido ostensible y reiteradamente favorecidos por importantes estamentos del poder. En este tenor, olvidan los citados implicados que fue el Procurador Fiscal del Distrito Nacional, quien habiendo transcurrido algo más de dos meses desde la fecha en que las Autoridades Monetarias y Financieras le presentaron la querella en cuestión, se destapó con un insólito e insostenible dictamen desestimando la misma, sin ni siquiera haber citado o interrogado antes a ninguno de los representantes del Banco Central de la República Dominicana, ni de la Superintendencia de Bancos.

 

  1. Pero no menos improcedente y carente de sustento legal es el otro alegato aducido por los señores Manuel Arturo Pellerano y Felipe Mendoza, de que dicha querella nos resulta temeraria, ya que mientras ellos estaban en el control y la administración del Bancrédito, ocurrieron graves hechos fraudulentos, como los que sólo a título de ejemplo se enumeran a continuación, a saber:

 

4.1.  A pesar de que según el informe de auditoría preparado por la firma de auditores externos de los anteriores dueños del Bancrédito, KPGM, los activos del Banco para el 31 de diciembre 2002 eran de apenas unos CINCO MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS (RD$5,800,000.000.00); para mediados del siguiente año, en sólo doce días, del 12 al 24 de junio de 2003, estos activos se dispararon, misteriosamente de DIEZ Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS (RD$16,864,000,000.00) a VENTIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS (RD$28,546,000,000.00) aproximadamente. Lo reseñado, avalado en fehaciente documentación que reposa en manos de la juez instructora, pone en evidencia que los anteriores dueños del Bancrédito tenían un registro contable nominal y falso para las autoridades, los ahorristas y depositantes del banco y otro muy distinto u oculto para ellos, lo que a la luz de los acápites d) y e) del Art. 80 de la Ley No. 183-03, o Ley Monetaria y Financiera, y los arts. 147 y 148 del Código Penal es un delito financiero y falsario de tipo criminal.

 

4.2.  Por igual, apropiándose fraudulentamente de los valores depositados en sus arcas por miles de los ahorristas, depositantes y el propio Banco Central de la República Dominicana, los principales ejecutivos del Bancrédito, ahora procesados, desviaron valores a favor de un conjunto de empresas vinculadas con ellos por vía de “préstamos” y “pago de sobregiros” por un monto superior a los VEINTE MIL MILLONES DE PESOS (RD$20,000,000,000.00). Por ejemplo, a Bancredit Cayman LTD. le destinaron recursos por el orden de más de CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL MILLONES DE PESOS (RD$4,542,000,000.00); a Segna, S.A. por más de UN MIL SETECIENTOS MILLONES DE PESOS (RD$1,700,000,000.00); a Bancrédito Panamá, S.A. por más de UN MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS (RD$1,400,000,000.00); a Bancredicard, S.A. por más de UN MIL CIEN MILLONES DE PESOS (RD$1,100,000.000.00); a GFN International  Investment Corp. por más de SETECIENTOS MILLONES DE PESOS (RD$700,000,000.00); a Zona Franca San Isidro, S.A. por más de CIENTO NOVENTA MILLONES DE PESOS (RD$190,000,000.00); a Tricom, S.A., por más de VEINTE MILLONES DE PESOS (RD$20,000,000.) y  SESENTA MILLONES DE DOLARES (US$60,000,000.00); a la Editorial AA, S.A., por más de SESENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS (RD$66,000,000.00), etc. Estos hechos se encuadran en las infracciones, también criminales, de la estafa y el abuso de confianza agravado, previstas en los Arts. 405 y 408 del Código Penal.

 

  1. La comisión de algunos de estos graves fraudes financieros ha tenido sonadas repercusiones internacionales también. En este sentido, ocultan los acusados, que la Superintendencia de Bancos de Panamá, en virtud de las Resoluciones S.B. Nos.131-2003 y 161-2003, del 1 de septiembre y del 12 de noviembre de 2003, respectivamente, no sólo le canceló la licencia de operación al Bancrédito Panamá, S.A., sino que, dispuso la liquidación forzosa de este Banco, la que en estos momentos se lleva a cabo de forma avanzada. Algo similar produjo el Órgano regulador bancario y/o judicial de Gran Caymán con el Bancrédito Gran Caymán.

 

  1. Pretenden ocultar de igual modo los acusados que en el contrato que firmaron el 2 de julio de 2003 admiten lo que de algún modo explica el fraude en cuestión que: “ POR CUANTO: BANCRÉDITO en la actualidad no cumple con las normativas bancarias vigentes debido a la concentración de cartera de empresas vinculadas”. ¡Más claro, ni el agua!

 

  1. Al mismo tiempo los acusados quieren confundir a la opinión pública enarbolando la idea de que el Juzgado de Instrucción que lleva a cabo la sumaria de la querella resulta incompetente, pues de lo que se trata es de un conflicto de tipo civil, no penal. Para ello se quiere argumentar que en razón de que el Banco Central de la República Dominicana otorgó adelantos y facilidades a los actuales propietarios del Bancrédito por el orden de DIEZ MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS (RD$10,600,000,000.00) y más de CIEN MILLONES DE DOLARES (US$100,000,000.00), estamos en presencia de un asunto de naturaleza civil. Nada más falso, pues si bien es cierto que el Banco Central de la República Dominicana erogó en este particular contexto estos valores, lo hizo, como lo admiten los propios acusados al firmar el contrato de marras, “...para enfrentar la situación que afecta a BANCREDITO, ya que de lo contrario la operación de adquisición de dicha institución bancaria no podría ser materializada en virtud de lo cual se impone que el BANCO CENTRAL, otorgue, documentos  y cuantifique las facilidades a ser otorgadas en beneficio de BANCREDITO”. De ahí que los indicados desembolsos fueron hechos por el Banco Central, única y exclusivamente, para garantizar el salvamento del Bancrédito, y con él, a los miles de ahorristas y depositantes del mismo, así como para impedir que se pudiera ver afectado nuestro sistema bancario, como consecuencia de un riesgo sistémico que se pudiera originar. Por lo que, en modo alguno, la intervención en estas circunstancias del Banco Central podría entrañar, como pretenden hábilmente los acusados, un descargo penal en su provecho.  De igual modo, todo lo expuesto,  si demuestra que el Bancredito fue literalmente quebrado por los acusados.

 

  1. De igual modo, en procura de impedir que el Juzgado de Instrucción apoderado de la referida querella pueda proseguir en la tarea jurisdiccional que le es propia, los acusados han rehusado acatar un formal y expreso mandamiento de citación que le hiciera regularmente el señalado tribunal, bajo el pretexto de que antes éste debe fallar sobre un pedido incidental de inadmisibilidad, nulidad de la querella e incompetencia que le presentaran sus abogados. Sin lugar a dudas que esto constituye una franca actitud de rebeldía frente a la justicia que debe total y absolutamente reprobarse, todas vez que en modo alguno constituye una excusa legal válida que justifique su no comparecencia judicial. A fin de cuentas, estamos convencidos que en el fondo esta infundada actuación se inscribe en el despropósito de obstaculizar el normal desenvolvimiento de la instrucción de este proceso y con ello burlar el imperio de la justicia.

 

  1. Por último, las Autoridades Monetarias y Financieras ratifican su compromiso con el país de llevar hasta las últimas consecuencias el proceso Bancrédito, así como los otros casos de igual naturaleza que se ventilan en la justicia, a sabiendas de que con ello se contribuye al fortalecimiento y al adecentamiento del sistema bancario dominicano y se le pone freno a la tradicional impunidad que a los acusados de infracciones como éstas siempre se les ha dispensado en el país.

 

 

 

 

Dr. Ramón Pina Acevedo

Por el bufete Pina Acevedo

 

 

Dr. Rafael Ricardo Artagnan Pérez Méndez

Por la oficina Jurídica Dr. Artagnan Pérez Méndez

 

 

Lic. José Lorenzo Fermín Mejía

Por la firma de abogados Fermín & Taveras

 

 

Lic. Carlos Ramón Salcedo Camacho

Por la firma de abogados Salcedo & Astacio

 

 

Lic. José Rafael García

Por la firma de abogados Polanco, Vales & Asociados

 

 

25 de marzo, 2004


 

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